Los neoliberales criollos lograron introducir en la Constitución de 1993 uno de sus dogmas más preciados, la subsidiariedad empresarial del Estado. Así lo consagraron en el artículo 60 y ello les sirvió de marco para exterminar o ahogar a las empresas públicas.
Consiguieron algo extraordinario pues ninguna constitución republicana en el planeta tiene un artículo semejante. Usaron como pretexto el mal manejo de algunas para acabar con todas. Algo así como si por la quiebra mundial de los mayores bancos privados del mundo en la crisis del 2008, alguien quisiera acabar adinfinitum con la banca privada por su maldad intrínseca.
Como no consiguieron eliminar la economía social de mercado, arrastraron el criterio de la subsidiariedad del derecho administrativo a la economía. El concepto se refiere doctrinalmente a la complementariedad de competencias entre los distintos niveles del Estado. La idea es que al acercar el Estado al ciudadano, la administración local hace lo que le compete, teniendo las otras instancias que abstenerse. Esto se ha convertido en un mandato público desde el Tratado de Maastricht de 1992, que ordena administrativamente los alcances de cada estrato gubernamental en la Unión Europea.
La noción del rol subsidiario en el ejercicio de la administración pública, se remonta a las características del estado federal y se ve también con claridad en los diferentes niveles de gobierno de los estados unitarios. En el Perú, la interpretación legítima de esta doctrina del derecho se aplica a la relación y las competencias del gobierno nacional, las regiones y los municipios.
Los neoliberales criollos extremaron el término y se dedicaron a perseguir con pasión cualquier presencia pública en la producción y los servicios. Las pocas empresas que subsistieron (33 nos recuerdan escandalizados) fueron arrinconadas, divididas, limitadas, hasta torturadas por flamígeras columnas en los grandes medios. El balance, que en casi todos los casos viene desde antes, es que son eficientes y rentables, como Petroperú, Perúpetro, Electroperú o la propia Sedapal.
Lo que no dicen es que el número se amplió cuando varias empresas eléctricas privatizadas por el fracaso de sus nuevos dueños acabaron siendo devueltas. Desde entonces las eléctricas como Distriluz, transitan con eficiencia en la penumbra, para que la opinión pública no se dé cuenta del desastre privado en su manejo.
La presencia de grandes empresas públicas comprando las peruanas o invirtiendo en grande en los últimos veinte años, como Shougang, Petrobras, Ecopetrol o las eléctricas colombianas, no forma parte de ningún debate.
El artículo 60 ha tenido consecuencias extremas y hasta ridículas. Cuando el propio Fujimori se vio obligado a tener una línea aérea, sacó de la manga a la estatal Tans, que aunque parezca sorprendente, pese a la necesidad y cotidianeidad de sus vuelos, volvió a ser escondida de la mirada pública en la base aérea del Callao. O los ridículos malabares que hacen los escasos fondos editoriales de las pocas entidades públicas donde sobreviven, para poner a disposición del público obras de gran calidad. O los escándalos recurrentes con los textos escolares porque el Estado no puede publicar, ni siquiera asociándose.
Las empresas públicas son propias del desarrollo del capitalismo desde sus orígenes al igual que la participación privada en las iniciativas estatales. Cualquier historiador de la economía conoce la importancia de las grandes compañías de Indias que alimentaron la hegemonía europea en el primer orden económico mundial. O las políticas de Jean Baptiste Colbert, ministro de Luis XIV, que convirtieron a Francia en gran potencia. O a Bismarck afianzando la unidad alemana con la intervención estatal, sin dejar de mencionar que en el Perú el fundador del Partido Civil estatizó la explotación del salitre.
La economía contemporánea sabe que la empresa pública es necesaria y que esta puede funcionar con rigurosidad y eficiencia allí donde se necesite, pero no subsidiariamente. Imaginemos a la NASA, Airbus o Petrobras, siendo supletorias de no se sabe qué, si se les aplicara el dogma neoliberal que el fujimorismo impuso desde 1993.
