La otra cara de la
minería
Por: Fernando Maceda Sandoval
El sostenido crecimiento de la
China en niveles de 7% a 8% junto a los desequilibrios financieros de Europa
hace que la gran demanda por el oro en el mundo siga manteniendo su elevado
precio. Lo que hace que en países como el Perú, la actividad minera aurífera
informal se haya propagado de manera indiscriminada, causando deforestación y
la disminución de la biodiversidad, originando la pérdida de hábitats y la
fragmentación de ecosistemas, pues esta actividad se encuentra expandida en 21
de los 25 departamentos del Perú, siendo el más perjudicado el departamento de
Madre de Dios.
Así, en esta lejana pero
potencialmente rica zona del Perú, dueña de una extraordinaria diversidad
biológica donde habitan especies únicas en el mundo, esta actividad ilegal
viene deforestando 32 mil hectáreas de bosques, cambios en el paisaje, remoción
y movimientos masivos de tierra y la contaminación de ríos con mercurio y otros
agentes peligrosos que vienen ocasionando graves problemas en la salud de las
personas.
De acuerdo a cálculos oficiales,
realizados a fines de 2010 por una Comisión Técnica Multisectorial del Estado,
aproximadamente más de 100 mil familias dependen de esta actividad. Además la
rentabilidad de un día de trabajo de entre 16 a 20 horas, da una compensación
mínima de 15 gramos de oro, que genera una retribución económica de 2025 soles
por día para cada trabajador. Sin embargo, la poca preocupación del Estado por
generar el desarrollo social de sus pueblos ha hecho que los beneficiarios
malgasten su dinero, debido al bajo nivel educativo que reciben y a la falta de
infraestructura que los ayude a desarrollarse.
Por otro lado, es importante
resaltar que el Estado al mantenerse indiferente, se ve perjudicado al no
cobrar los impuestos de ley que oscilan entre los 250 a 500 millones de dólares
al año. Y que peor aún, la explotación informal genera graves daños en la salud
de los pobladores, especialmente en la de los niños y las madres gestantes. A
lo que se suman la gran cantidad de actos delincuenciales, la prostitución
infantil y el alcoholismo.
Todo ello debe solucionarse con
la participación lógica y natural del Estado en sus tres niveles y la
participación de empresas mineras formales que aseguren la compra de oro
solamente de las actividades mineras formales. Es decir, se deben fortalecer
las instituciones del Estado para articular competencias entre ellas, y poder
abordar este problema socioambiental, para lo que tienen que ser dotadas de los
adecuados recursos económicos y humanos, para de esta manera, trabajar
demostrando que el Estado puede ser eficiente. Además de realizar un
diagnóstico y una estrategia para ejecutar un plan de conversión de las
familias que laboran en esta actividad y no podrían acceder a una
formalización.
Finalmente no está clara una
política de mediano o largo alcance. Solamente se realiza la represión legal, y
este problema requiere de una legitimización institucional en el ámbito
nacional y regional a través de autoridades con disposición para servir, con
disponibilidad presupuestaria y alto nivel de gestión.
