El juicio entre Perú y Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya ha puesto en la agenda la necesidad de que el Perú firme por fin la Convención del Mar, suscrita por casi todos los Estados desde 1982.
La Convención culminó un largo proceso que se remonta al derecho romano y que tuvo aportes fundamentales con la proclamación de la libertad de los mares por Hugo Grocio en el siglo XVII, y de Cornelius van Bynkershoek que en el siglo siguiente fundamentó el principio de la soberanía de los países ribereños sobre el mar adyacente a sus costas. La idea de la soberanía debía corresponder a un dominio militar efectivo desde tierra, por entonces a una distancia de tres millas.
Las tensiones que llevaron a las guerras mundiales del siglo pasado, pusieron de relieve el tema por los cambios de fronteras y las dificultades para fijar los límites marítimos, zona que a diferencia de la terrestre no se puede ocupar. En 1939, en Panamá, una reunión interamericana, ante los temores de una amenaza continental, anunció extensiones de soberanía entre 300 y 1200 millas. En 1945 el presidente Harry Truman se pronuncia sobre la plataforma continental de los Estados Unidos y dos años después, el presidente Chileno Gabriel González Videla proclama la soberanía sobre las 200 millas de mar adyacente.
A los cuarenta días el mandatario peruano José Luis Bustamante y Rivero, enuncia la misma doctrina. Le siguen inmediatamente varios países latinoamericanos que van a ser los primeros en ejercer su dominio sobre tal distancia.
En los años ‘70 las Naciones Unidas inician los trabajos para darle forma a una jurisprudencia universal que unificara criterios sobre el derecho del mar. El Perú consiguió que la tesis latinoamericana del dominio marítimo sobre una zona económica exclusiva de 200 millas, quedara consagrada en lo que se ha llamado la “constitución de los mares”.
El antiguo concepto de “mar territorial” quedó fijado en 12 millas sin desmedro del paso inocente, como señala su artículo tercero. Una interpretación simplista por parte de sectores conservadores creó en el Perú la sensación de que se desconocía la soberanía sobre los recursos naturales, tanto vivos como minerales en la zona exclusiva de 200 millas. La Convención reconoce exactamente lo que se quería y es un triunfo de la doctrina enunciada por Bustamante y Rivero durante el gobierno del Frente Democrático Nacional.
La campaña demagógica de la dictadura militar para ganarse la adhesión política de los pescadores, generó un efecto absurdo. El Perú terminó al lado de las potencias que con afán imperialista rechazan la jurisdicción internacional y junto a un puñado de improbables y caóticos Estados africanos. El nacionalismo conservador y autárquico del militarismo, nos aisló y nos alejó de la auténtica doctrina de las 200 millas. Los conceptos originales del mar adyacente y dominio marítimo sin perjuicio de la libertad de comunicación, fueron aprobados en la Constitución de 1979.
La Convención culminó un largo proceso que se remonta al derecho romano y que tuvo aportes fundamentales con la proclamación de la libertad de los mares por Hugo Grocio en el siglo XVII, y de Cornelius van Bynkershoek que en el siglo siguiente fundamentó el principio de la soberanía de los países ribereños sobre el mar adyacente a sus costas. La idea de la soberanía debía corresponder a un dominio militar efectivo desde tierra, por entonces a una distancia de tres millas.
Las tensiones que llevaron a las guerras mundiales del siglo pasado, pusieron de relieve el tema por los cambios de fronteras y las dificultades para fijar los límites marítimos, zona que a diferencia de la terrestre no se puede ocupar. En 1939, en Panamá, una reunión interamericana, ante los temores de una amenaza continental, anunció extensiones de soberanía entre 300 y 1200 millas. En 1945 el presidente Harry Truman se pronuncia sobre la plataforma continental de los Estados Unidos y dos años después, el presidente Chileno Gabriel González Videla proclama la soberanía sobre las 200 millas de mar adyacente.
A los cuarenta días el mandatario peruano José Luis Bustamante y Rivero, enuncia la misma doctrina. Le siguen inmediatamente varios países latinoamericanos que van a ser los primeros en ejercer su dominio sobre tal distancia.
En los años ‘70 las Naciones Unidas inician los trabajos para darle forma a una jurisprudencia universal que unificara criterios sobre el derecho del mar. El Perú consiguió que la tesis latinoamericana del dominio marítimo sobre una zona económica exclusiva de 200 millas, quedara consagrada en lo que se ha llamado la “constitución de los mares”.
El antiguo concepto de “mar territorial” quedó fijado en 12 millas sin desmedro del paso inocente, como señala su artículo tercero. Una interpretación simplista por parte de sectores conservadores creó en el Perú la sensación de que se desconocía la soberanía sobre los recursos naturales, tanto vivos como minerales en la zona exclusiva de 200 millas. La Convención reconoce exactamente lo que se quería y es un triunfo de la doctrina enunciada por Bustamante y Rivero durante el gobierno del Frente Democrático Nacional.
La campaña demagógica de la dictadura militar para ganarse la adhesión política de los pescadores, generó un efecto absurdo. El Perú terminó al lado de las potencias que con afán imperialista rechazan la jurisdicción internacional y junto a un puñado de improbables y caóticos Estados africanos. El nacionalismo conservador y autárquico del militarismo, nos aisló y nos alejó de la auténtica doctrina de las 200 millas. Los conceptos originales del mar adyacente y dominio marítimo sin perjuicio de la libertad de comunicación, fueron aprobados en la Constitución de 1979.
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