Pensamiento libre sin ideología es como coito asistido

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miércoles, 15 de enero de 2014

Artículo 61. Por Agustín Haya de la Torre


La Constitución Política del Perú prescribe en su artículo 61 que: “La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa o indirectamente, por parte del Estado ni de particulares”.



La compra del 54% de las acciones de los herederos del magnate pesquero Luis Banchero Rossi, supone obviamente que el viejo decano toma la batuta. Su primera demostración de que ahora son los patrones, lo prueba el cierre del diario Ajá, competencia de El Trome, su producto más vendido.

Los acaparadores sostienen con desparpajo que la absorción evidencia su eficacia medida en la captación del 50% de lectoría. En un salto mortal que derruye la lógica, pretenden convencernos de que ante tal éxito les corresponde capturar un 30% más. Tan abrumadora suma no la alcanzan porque ganaron más lectores, sino por su gruesa faltriquera que les permite devorar a la competencia.

Los más renombrados teóricos de la economía ortodoxa, como los neoclásicos, pasaron sus vidas en profundos y complejos estudios para resolver el dilema de la competencia perfecta y el equilibrio, para superar los fallos del mercado, como los monopolios y el acaparamiento, en defensa del consumidor.


La competencia perfecta, hipótesis clave del mercado, supone la multiplicidad de ofertantes y demandantes, la homogeneidad y la transparencia; como condiciones para que el equilibrio pueda conseguirse, a fin de que el sistema funcione. Alfred Marshall, León Walras, Arthur Pigou o Irving Fisher, entre otros muchos, merecen ser siquiera conocidos por quienes creen ser empresarios modernos.

Las regulaciones del mercado contra los fallos del monopolio y la concentración, registran leyes históricas como las de Sherman y Clayton, de 1890 y 1914, que facilitaron la libre competencia en los Estados Unidos, contra los afanes de dominio y colusión de las grandes empresas. Aquí vivimos todavía en el capitalismo de los tiburones.
La disposición constitucional resulta clarísima y no deja lugar a dudas sobre cualquier decisión judicial que verifique un proceso de acaparamiento, como el que produce la compra de la cadena EPENSA por parte la familia propietaria de El Comercio. Con la fusión, los Miró Quesada pasan a controlar alrededor del 78% de los diarios de circulación nacional y concentran así el 80% de la publicidad. La adquisición de los de provincias, según un estudio de la Universidad del Pacífico, los llevaría en la región sur a dominar el 90% del mercado.


Yerran quienes creen que la crítica supone el propósito de limitar o controlar la libertad de expresión. La situación es al revés: la concentración del poder en manos de un pequeñísimo número de personas, afecta el derecho de los ciudadanos a la pluralidad y a la libertad de información en igualdad de condiciones.

lunes, 11 de noviembre de 2013

Martha Chávez, el APRA y el 2016. Por Luis Zaldívar

Martha Chávez continuará como coordinadora de la subcomisión de Derechos Humanos de la Comisión de Justicia gracias a una votación en la que participaron tres congresistas fujimoristas y el aprista Mauricio Mulder, quien se abstuvo de votar pero aseguró el qorum para que la votación sea válida. La actitud del aprismo respecto a la designación de Martha Chávez ha sido en general de no querer comprarse un pleito que no les corresponde, en especial considerando la ultra minoría que conservan los cuatro congresistas apristas en el congreso. Sin embargo, algunos sectores no han tardado en volver a la carga contra el APRA argumentando que actúan en contubernio con el fujimorismo. A la vista de los hechos, queda claro que aún sin entusiasmo, la designación hubiese sido imposible sin el apoyo del la bancada aprista.


Ser acusados de una alianza a favor de Martha Chávez no es menor. La congresista fujimorista pertenece al sector más conservador y cavernario del fujimorismo, el sector que según varias fuentes periodísticas está en campaña por desembarcar a Keiko y lograr la libertad del condenado Alberto Fujimori. También es verdad, por otro lado, que el cargo por la que es designada es bastante menor, no ha tenido nunca mayor relevancia política, y que la única razón por la cual la subcomisión de D.D.H.H del congreso es noticia es porque Martha Chávez es precisamente la persona menos interesada en ese tema que exista en el hemiciclo, a pesar de estar en todo su derecho y el mecanismo democrático es legítimo. En este sentido, la actitud de la bancada aprista es constitucional, pero daña la imagen de un partido que debería estar buscando reencontrarse con su base social y dar muestras claras de deslinde con la corrupción luego de una intensa campaña de descrédito de sus opositores. 

En el local central del partido aprista existe la sensación que si se juegan bien las fichas, la deseada segunda vuelta contra el fujimorismo es posible, pero a falta de casi 3 años se tienen que hacer algunos esfuerzos para que la posición sea creíble en la próxima campaña. En ese sentido, el APRA tiene como capital político el hecho de que a pesar de todos los ataques del antiaprismo, el ex presidente Fujimori fue juzgado por una corte penal en un juicio transparente que es usado como ejemplo internacional. Así mismo, es previsible que la campaña naranja utilice como principal activo de campaña la comparación de los 90´s con el primer gobierno aprista, resultando inevitablemente en el distanciamiento de las dos fuerzas. Por otro lado, el segundo gobierno de Alan García ha demostrado que se puede hacer obras en democracia, convirtiéndose así en el único rival de la familia Fujimori en cuanto a records de gobierno.
 

Las elecciones del 2014 se acercan y el fujimorismo tiene la sartén por el mango. ¿Hará algo la dirigencia aprista para disputarle a Fuerza Popular la presencia nacional y no limitarse a ser furgón de cola el 2016? Es tarea de todos en el viejo partido de Alfonso Ugarte. 

jueves, 18 de julio de 2013

Constitución de 1979. Por Agustín Haya de la Torre

Treinta y cuatro años atrás se firmó la mejor Constitución de nuestra historia republicana. La mano agónica de Víctor Raúl Haya de la Torre dejaba su huella definitiva y rescataba, en ese acto final, el sentido que para los griegos tenía la agonía: lucha, combate.

La Asamblea Constituyente significó un proceso de refundación de la República, donde se propuso que el Estado surgiera de los derechos fundamentales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuya formación Haya de la Torre participó como representante del Perú, fue la piedra basal de la carta política. Los asambleístas, elegidos libremente, decidieron que el Perú se incorpore al proceso de universalización de la libertad y la democracia, inaugurado por la fundación de las Naciones Unidas tras el fin de la II Guerra Mundial.



Al convertir a la persona en el fin supremo de la sociedad y del Estado y repudiar la explotación del hombre por el hombre y del hombre por el Estado, la política adquiere un nuevo sentido. Entonces el arte de la convivencia busca como metas permanentes la libertad y la igualdad, partiendo del reconocimiento de que todas las personas son dignas e iguales en libertad y derechos. El texto recoge los más avanzados preceptos en el reconocimiento de la dignidad de las personas, en cuanto a las libertades civiles y políticas, en el reconocimiento de los derechos sociales y la protección de las personas y en la defensa de la economía social y el desarrollo sostenible.

Los avatares de la política trajeron como consecuencia que la década inicial de su andadura se cruzara con la guerra terrorista de Sendero Luminoso y la crisis de la deuda externa. Cuando el Perú salía de su más larga dictadura militar, un grupo de enemigos de la democracia emprendió una guerra feroz y sin tregua.

No fue el espíritu de la Carta la que impidió su defensa, sino que la crisis, por errores de las fuerzas constitucionales, permitió que un oportunista ganara en las elecciones de 1990. El curso democrático fue torcido por un golpe de Estado que nos hizo retroceder a otra dictadura.

El régimen cívico militar alimentado por el neoliberalismo, puso en el blanco la Constitución democrática. Redujo derechos ciudadanos y sociales, eliminó la bicameralidad, disolvió los gobiernos regionales y el tribunal constitucional. En el extremo, tergiversó el concepto del Estado subsidiario, propio del derecho administrativo, para convertirlo en un aspecto clave del neoliberalismo, al prohibir la actividad económica del Estado.

Los derechos humanos traducidos en la política internacional, permiten desde los años cincuenta del siglo
pasado, la formulación de una serie de pactos y convenios que generan las condiciones para su realización. La propuesta del desarrollo humano integral, posibilita que el consenso de las naciones trate de eliminar la pobreza mientras se crea un mejor clima para las capacidades del ser humano.

La Constitución de 1979 resulta entonces una propuesta para el futuro
.                                 

lunes, 8 de agosto de 2011

La columna de Odiseo - Sobresaltos y novedades. Por Enrique Valderrama

Los últimos días han sido muy intensos en el acontecer público. La desmedida e irrespetuosa conducta de la adalid del fujimorismo recalcitrante, la congresista Martha Chávez fue castigada con la suspensión de sus funciones parlamentarias por 120 días. Muchos han objetado esta medida por realizarse mediante sesión reservada y con faltas al reglamento del congreso, otros bajo el argumento de brindarle al fujimorismo radical una mártir de manera innecesaria; creo que si bien es discutible la forma y la dosis de la sanción, ésta era sumamente necesaria para dar muestras a la población que el parlamento no permitirá que acciones como las acometidas por la legisladora en cuestión queden impunes y sumen al gran desprestigio que se ha ganado el primer poder del estado.

Por otro lado es positivo la creación de la bancada Concertación Parlamentaria , donde los congresistas electos por el Partido Aprista Peruano, han sumado al injustamente expulsado de las filas chacanas Carlos Bruce y al disidente de solidaridad nacional Renzo Reggiardo. Esta novedad es saludable en el sentido que se trata de congresistas reelectos en todos los casos y además que han declarado abiertamente que serán una oposición constructiva y fiscalizadora del régimen que lleva poco más de una semana en el poder. La joven bancada será vital además en la medida que una fuerza política con no pocos representantes (Perú Posible) ha ratificado su alianza con los parlamentarios oficialistas. Esto representa un juego ambiguo de los seguidores de Alejandro Toledo, puesto que éste último en recientes declaraciones ha mencionado que no hay cogobierno ni matrimonio con Ollanta Humala, sin embargo existe una evidente cuota de poder del grupo del ex Presidente en el primer gabinete humalista.

La nota sin duda lamentable ha sido lo acaecido al congresista Renzo Reggiardo quién sufrió una intentona de secuestro y que bien pudo cobrar la vida de su menor hija, la misma que fue alcanzada por una bala y que afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Este hecho demuestra que la inseguridad y la delincuencia han cobrado dimensiones preocupantes y que debemos centrar el debate en lograr acciones concertadas entre poder central, policía nacional, gobierno local y ciudadanía en general para paliar este cáncer social. Queda demostrado a su vez que la vulnerabilidad frente al crimen organizado no distingue cargos, clase social ó posición mediática.

El discurso presidencial a su vez ha abierto el debate acerca de lo que hacer en lo referente a la Constitución,  las opciones van desde re adoptar la carta del 79, hasta la convocatoria a una Asamblea Constituyente. En ese sentido creo que la polémica debería enfocarse más bien en ejes temáticos que en grandes bloques integrales enfrentados; hay que discutir cuestiones como la bicameralidad, regionalización, rol del Estado en la economía, etc  punto por punto , para que se puedan arribar a consensos con mayor facilidad, además sin la necesidad de realizar una modificación o supresión integral que genere incertidumbre no sólo en los agentes económicos sino en todos los sectores de la sociedad, sobre todo con un parlamento donde existen bancadas tan poco homogéneas y que han sucumbido frente a la turbulencia de la coyuntura ó las pasiones producto de la frustración de la derrota. Estaremos a la expectativa de lo que suceda en los próximos días.

lunes, 1 de agosto de 2011

Comentarios Sueltos - La última dictadura. Por José Faustino


El gesto simbólico de Ollanta Humala al invocar en su juramentación como presidente de la República “el espíritu, los principios y valores de la Constitución de 1979” desató una furia incontenible entre los congresistas del ex dictador Alberto Fujimori.

Durante los cincuenta minutos de su discurso, en una falta de respeto que no tiene precedentes, Martha Chávez y su bancada, vociferaron incansables que el nuevo gobernante estaba “usurpando” el cargo.

Le enrostraban la Carta de 1993 para que jure por ella, sin darse cuenta ni haber escuchado que lo de Humala no fue más que una referencia que no lo apartaba ni un milímetro del marco vigente. Fue, eso sí, una declaración política, quizá lo más significativo de su inauguración.

La obnubilación y la rabia de Chávez la hizo olvidar que el Congreso había retirado hace varios años la firma de Fujimori de la Constitución de 1993 por indigno y que al introducir reformas parciales, los legisladores adoptaron por consenso el acuerdo de hacerlo en base a los principios de la Carta del 79.

Fuerza 2011 se la había pasado jurando por un condenado por la justicia peruana por crímenes de lesa humanidad a 25 años, algo que con exceso de tolerancia y pasividad extrema venía soportando la nueva junta directiva del Congreso. No les dijeron nada ante tamaña burla a toda la ciudadanía y se sintieron dueños de la situación, para agraviar a la democracia cuando se invocó a la Carta del 79.

¿Qué los irrita tanto?  Darse cuenta que han perdido la hegemonía ideológica que impusieron  con las reformas neoliberales de los noventa. La Constitución surgida del golpe y tramitada por un llamado Congreso Constituyente Democrático, donde las principales fuerzas se abstuvieron de participar, fue luego sometida a un referéndum dudoso. Desde el golpe, una fuerte corriente ciudadana promovió el restablecimiento de la Constitución legítima. El Foro Democrático, presidido entonces por Agustín Haya de la Torre, logró recolectar el 2003 más de cien mil firmas que le permitieron sustentar junto con Alberto Borea y Víctor García Toma ante el Congreso, su restauración. La alianza de Perú Posible y el FIM lo impidió.

Sin embargo Jorge del Castillo y la célula aprista, lograron promover una comisión multipartidaria que introdujo reformas parciales e incluso reconoció que la base fundamental era el texto 1979. Esto fue un avance decisivo porque la esencia de la Asamblea Constituyente del 79 fue refundar la República sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A eso se refieren los principios y valores aludidos y eso es lo que siempre rechazó la extrema derecha.

El gran tema que no logró ser modificado es el del artículo 64 que se refiere a la subsidiariedad empresarial del Estado. Esta es la piedra de toque que los ultra ortodoxos remachan en su propósito de imponer las leyes del mercado sobre cualquier regulación pública, distorsionando así una relación equilibrada entre Estado, mercado y sociedad.

Perdida la batalla de los derechos fundamentales como base de la República y de la concentración de poderes en el presidente con la descentralización, los dogmáticos hicieron del artículo 64 la niña de sus ojos. Lograron que en el discurso político o el análisis económico, cualquier alternativa fuera mal vista e incluso en el debate académico hablar de empresas públicas o de regulación era de pésimo gusto. La paradoja es que no es sólo que la hegemonía ultra liberal acabó en todo el planeta, sino que tal criterio es un despropósito que nunca tuvo consistencia alguna. Los neo conservadores criollos extrapolaron un término del derecho administrativo público, que tiene que ver con la complementariedad de competencias entre los diversos niveles del Estado a la economía. Lo hicieron para acabar con sus odiadas empresas públicas y causaron así un atropello conceptual, pues ninguna otra constitución sobre la tierra comete tal error.

Imaginemos si no a los Estados Unidos o a cualquier país alcanzado, sin dejar de mencionar a los del área latinoamericana, como Chile, Brasil, México, Colombia o Argentina, prohibiendo las empresas públicas. Simplemente sus economías fracasarían.

Lo que causa la histeria de la Chávez y sus acólitos, es darse cuenta de que su última dictadura, la ideológica, llegó a su fin.