APRISMO, ESTADO DE DERECHO Y TERRORISMO. Por Hugo Vallenas

Aprismo, Estado de Derecho y terrorismo

Hugo Vallenas

Es necesario recordar que desde julio de 1942, el aprismo ha tenido una posición muy clara sobre la amplitud que puede tener el Estado de Derecho ante los fenómenos políticos que lo desafían. En esa fecha, la Convención clandestina del PAP que oficializó la tesis del “Interamericanismo democrático sin imperio” (la alianza con los EE UU contra el nazi-fascismo y el comunismo), adoptó una tesis que se resume en una frase: “democracia para los demócratas, para quienes creen en ella y la defienden”.

Bajo esa orientación Haya de la Torre respaldó las famosas “Cuatro libertades” del Presidente Roosevelt, creadas con el fin de excluir de la comunidad democrática a las organizaciones racistas, totalitarias y saboteadoras del Estado de Derecho, así se vistan de seda.

Cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, la socialdemocracia (de la que siempre desconfió Haya de la Torre) sustentó que se otorgue derechos ilimitados, sin restricciones ideológicas o doctrinales, a todos los actores políticos participantes de la reconstrucción europea y del proyecto de integración de esas naciones. Desde entonces, algunos países de Europa han sido el escenario donde actúan a sus anchas, reuniendo fondos, haciéndose propaganda y afinando estrategias muchos grupos terroristas de todo el mundo, contando con el apoyo de políticos extremistas anidados en los Partidos Socialistas que tienen alguna posición de poder (parlamento, alcaldías, sindicatos, etc).

A diferencia de los “caviares” socialdemócratas de entonces, que defendían la “libertad política para todos”, sin excepción, la posición aprista ha sido siempre muy clara y recoge la tradición revolucionaria de los republicanos heroicos. Considera que los derechos y los deberes de la democracia competen a quienes forman parte del “contrato social” que es la base de una Constitución, juran lealtad a sus símbolos e instituciones y las defienden de todo peligro que las aceche. Es decir, “democracia para los demócratas, para quienes creen en ella y la defienden”; y no para quienes “no pueden garantizar la justicia sin pasar por la dictadura”, como indicaba Haya de la Torre en el libro Y después de la guerra, ¿qué?

Los actuales caviares criollos, frente al caso del Movadef, no tienen una orientación clara porque en la doctrina de sus agrupaciones figura el mismo principio socialdemócrata cuestionado por el aprismo, que otorga “libertades irrestrictas” para todos. Por eso el ex premier Lerner estaría de acuerdo con una amnistía para los terrucos si “prometen” no hacer otra vez lucha armada.

¿Ingenuidad? No, complicidad. Si usted, apreciado lector, se toma la molestia de consultar los manifiestos y demás documentos de los grupos Ciudadanos por el Cambio, Fuerza Social, Partido Comunista, Partido Comunista  del Perú y Partido Socialista, comprobará que ninguno defiende el Estado de Derecho. Todos consideran indispensable “cambiar el sistema” actual, imponer una “nueva democracia” y un “verdadero” cambio social. Lo mismo que el Movadef, que tampoco pregona abiertamente la dictadura del proletariado marxista-leninista.

Es un principio fundamental de una democracia que los grupos contrarios al Estado de Derecho no puedan disfrutar de impunidad y acceso a las elecciones. Reformando la ambigua Ley de Partidos Políticos dada por el Presidente Toledo (Ley 28094), debemos establecer que el ideario de cada partido o grupo defienda claramente los principios de la Constitución del Estado Peruano (¿les parece poco? Pídanselo a Javier Diez Canseco, a Gregorio Santos  o al padre Arana y vean cómo reaccionan). Tampoco puede autorizarse acceso a los poderes públicos a sentenciados por terrorismo (algo fundamental que tampoco aparece en la Ley 28094).

Indiquemos para terminar que no solamente hay que cuidarse del Movadef. En las marchas del SUTEP y las diversas protestas contra el gobierno comparten las banderas extremistas del Movadef otros grupos. Uno de ellos es el partido del Pacto Universal del Nuevo Israel fundado por el ya fallecido “profeta” Ataucusi, que tiene legalidad y puede postular a las elecciones no obstante desconocer al Perú como nación legítima. Otro es el grupo Alfa y Omega que también tiene legalidad no obstante oponerse a nuestra soberanía y proponer que nos sometamos a los dictados de ciertos extraterrestres. A simple vista dan risa pero no son grupos insignificantes ni carecen de recursos y entre ellos también tiene influencia y quizás control –y acceso a las elecciones-- el Movadef.