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| ¿Que sucedió en verdad? |
El destacado historiador,
buen amigo de La Sopa Teóloga y
notable cultor del afro-jazz (lidera
el grupo Lavanda Afro & Rock),
don Daniel Parodi, ha publicado en La República del 11 de noviembre un
elocuente artículo demandando al PresidenteHumala cumplir con sus promesas de respaldo a los trabajadores y campesinos
azucareros de Andahuasi. Para
quienes no han podido leerlo lo transcribimos más abajo.
Totalmente de acuerdo con don Daniel en que “combatir la
desigualdad y la exclusión no es parte de la agenda neoliberal”, por lo cual se
hace indispensable que el Presidente
Humala “lidere” y “expulse de su entorno” a quienes representan no sólo
corrupción sino además complicidad con intereses monopolistas, como es el caso
del vicepresidente Chehade, lobbysta
del grupo Wong. En La Sopa Teóloga
no nos hacemos muchas ilusiones respecto al actual gobierno pero igual es
indispensable exigir la salida de los grupos más retardatarios y
antidemocráticos.
Sin embargo, no deja de
ser importante discutir los referentes teóricos del planteamiento del profesor Parodi. Él señala como un dato
fundamental a tomar en cuenta la reforma agraria que “en 1969 [el general Juan Velasco] aplicó y acabó
con el latifundismo, el gamonalismo, el señorialismo, y con todos los rezagos
coloniales que aún pervivían en nuestra serranía, tan alejada de la ciudadanía,
de la inclusión y de la igualdad”. Añade don Daniel que Velasco consideró “imperativo acabar con la oligarquía” en un país
que “hacía rato que no estaba para patrones y aristocracias”.
Una mirada crítica a la reforma agraria velasquista
Ojalá fuera cierto todo
lo que refiere Daniel Parodi. El general Velasco tomó el poder en
octubre de 1968 con un firme propósito reformista pero no tuvo un equipo de
cuadros de conducción política ni un movimiento o partido político que le diera
respaldo para desarrollar sus objetivos. Ni siquiera tuvo el consenso adecuado
en la propia Fuerza Armada. Por tratarse de una dictadura, la gestión de la
reforma agraria iniciada en 1969 fue excesivamente vertical y económicamente
deficiente.
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| Octubre de 1969: El general Velasco celebrando el primer aniversario de su gobierno de facto en la Plaza de Armas de Trujillo (Foto de Caretas Nº 404, 15-24 Oct. 69) |
A diferencia de la revolución mexicana, que sentó la
premisa de la nacionalización de la
tierra para luego transferirla a los campesinos (como postulaba el APRA en 1926 y 1928), dejando en manos
del Estado todos los pormenores de la indemnización a los antiguos
latifundistas; la reforma agraria
peruana de 1969-1975 estableció
una lista de cuotas de afectación y transfirió todas las obligaciones de la
deuda agraria a los adjudicatarios, que sólo tenían una reserva de dominio temporal sobre la tierra. A esto se agregó la
arbitraria imposición de tres tipos de empresas asociativas que el Estado
teledirigía: las cooperativas agrarias de producción (CAPs), las sociedades
agrícolas de interés social (SAIS) y las empresas rurales de propiedad social
(ERPS), cuyas decisiones gerenciales eran dictadas por el gobierno al margen de
los campesinos.
La reforma agraria militar quedó inconclusa y cimentó una crisis
productiva, que nos obligó a importar alimentos básicos. Hasta 1976 sólo el
39,6% de la PEA rural fue beneficiada por la reforma. Además, las nuevas formas
empresariales (CAPs, SAIS y ERPS) resultaron ineficientes: llegaron a controlar
el 45% de la tierra agrícola pero sólo generaban el 21,9% del valor bruto de
producción agropecuario (VBPA). Y lo más importante de todo: la reforma no tomó
en cuenta al millón de minifundistas con menos de 3 hectáreas que representaba
casi la mitad de PEA rural (cuyo total sumaba 2,3 millones de trabajadores sin
considerar sus familias); estos últimos siguieron desamparados desde el punto
de vista legal y crediticio (ver: José
Matos Mar y José Mejía: La reforma
agraria en el Perú, IEP, Lima, 1980, cuadros 26, 27 y 28). La reforma
agraria no llegó a cumplir sus fines y terminó siendo impopular.
La mejor prueba de ello
es que la reforma agraria militar no
generó un sindicalismo rural defensor del “proceso peruano”. Se formó, por el
contrario, un fuerte sindicalismo campesino opositor “clasista” (es decir,
comunista) que veía en la reforma agraria una maniobra para abrir el camino
hacia la inversión rural a “los sectores más dinámicos y modernos de la
burguesía monopólica”, antes marginados del campo por el viejo latifundismo
conservador (ver: Luis Rocca Torres:
Imperialismo en el Perú. Viejas ataduras
con nuevos nudos. Imp. Ramos. Lima, 1973, p. 30).
Las empresas
asociativas creadas con la reforma
agraria militar tampoco tuvieron grandes inyecciones de capital ni
políticas promocionales. Por ejemplo, las CAPs azucareras de la costa norte, no
obstante sufrir una baja en los precios internacionales de sus exportaciones,
mantuvieron una elevada presión tributaria y no se les concedió (como sí
ocurrió con el sector minero privado de esos años) exoneraciones por
reinversión. Al final el subsector colapsó y fue declarado en emergencia en
1977 (ver: Enrique Juscamaita y
otros: La reforma agraria y permanencia
de los enclaves en la periferia. El caso de la agroindustria azucarera peruana,
ECO, Lima, 1978, p. 45).
El sociólogo Aníbal Quijano denunció en 1971 el
nuevo tipo de conflictos que el gobierno militar generaba en las grandes
haciendas intervenidas en la costa norte, entre ellas Tumán, donde se enfrentaban
“los trabajadores de las ex haciendas cañaveraleras […] y la burocracia
administrativa de las mismas”, ya que “los administradores, técnicos y
dirigentes de las cooperativas agroindustriales tienen sueldos mucho más altos
que cuando existía el régimen terrateniente privado” (ver: Aníbal Quijano Obregón: Nacionalismo,
neoimperialismo y militarismo en el Perú, Ed. Periferia, Buenos Aires,
1971, p. 207). La corrupción rápidamente tomó control del proceso reformista,
amparada por el sistema dictatorial.
Y respecto al punto de
vista del campesinado organizado, esta es la percepción de la reforma agraria que difundían los
dirigentes campesinos “clasistas” (que eran además perseguidos por la
dictadura): “Conviene precisar aquí el sentido de la llamada reserva de dominio de la que los
intelectuales nacionalistas reformistas ‘militantes del proceso’ no dicen una
sola palabra. Para estos, los campesinos ya son ‘dueños de su destino’, ya son
‘propietarios de sus medios de producción’, y eso no es cierto. Serán propietarios
cuando hayan pagado toda la deuda agraria. La reserva de dominio la tiene el Estado, que conserva el derecho de
despojar la adjudicación de los predios a los campesinos que no han cumplido
con pagar” (ver: Pedro Atusparia: La izquierda y la reforma agraria peruana,
Ediciones Labor, Lima, 1977, pp. 5 y 6).
Por cierto, esto no
niega que la reforma agraria velasquista
tuvo una gran importancia política (puso en evidencia la cruda realidad del
latifundismo hasta para el peruano más desinformado) y prestó atención a la
protesta secular de los campesinos. Pero no podemos idealizarla ni tomarla como
un modelo válido. Fue dictatorial y al final fue capturada y aprovechada por
los “monopolistas modernos” del estilo de Dionisio Romero.
Este comentario tampoco
puede desconocer que la reforma agraria
velasquista llenó un vacío político creado por los drásticos recortes que hizo nuestro querido Partido Aprista Peruano al programa agrario que lo caracterizó
desde su fundación. En sus Congresos internos, el PAP reafirmaba su adhesión a
los principios agrarios de la revolución mexicana pero en la política
cotidiana, al menos desde 1963 hasta
1968, supeditó sus propuestas a los intereses de los grandes propietarios
agroindustriales que formaban parte del partido que era su aliado
parlamentario, la Unión Nacional
Odriísta (por ejemplo Julio de la
Piedra, connotado líder de la UNO, era el principal propietario de la
hacienda Pomalca).
