Fujimori y Atahualpa. Por Agustín Haya de la Torre

La nueva generación de universitarios peruanos tenía menos de diez años cuando Alberto Fujimori fugó vergonzosamente del país, a raíz de la difusión del video donde su gobierno compraba en dinero contante y sonante la adhesión del parlamentario de Perú Posible Alberto Kouri Bumachar. La escena de los treinta mil dólares entregados resultaba apenas la punta del iceberg. De allí en adelante la ciudadanía pudo ver asombrada decenas de videos en los que por primera vez en la historia, quedaba registrada la compra con recursos públicos de empresarios, políticos y periodistas.

Costales de dinero saqueado del fisco quedaron grabados para sorpresa del mundo entero y afrenta de los peruanos. No eran discretos sobres al estilo de las películas de gánsteres ni la promesa del depósito en alguna lejana cuenta secreta. Se trataba cada vez, de un cerro de billetes que para acarrearlo, los vendidos necesitaban bolsas y hasta maletas.

¿Cuánto sumó lo robado al fisco? No hay una cifra precisa pues las investigaciones no culminan. De lo exhibido hay que calcularlo por metros cúbicos, dejando constancia que la gran mayoría de los videos del latrocinio no han sido revelados. Están ocultos sin otra razón que no sea la de proteger a ciertos poderosos. Además los testimonios sobre las maletas llenas de dólares enviadas regularmente a Japón y los indicios de las indagaciones hechas por firmas especializadas, dan cuenta de que el monto andaría entre los 2,700 millones de dólares y los 6 mil millones que denuncia Mario Vargas Llosa.

Para que los jóvenes estudiantes tomen nota de la magnitud del delito, comparémoslo con lo que Francisco de Jerez, autor de “La verdadera relación de la conquista del Perú” publicada en Sevilla en 1534, registró del tesoro entregado por el Inca para su rescate. Alcanzaba un monto de 1.326,539 pesos castellanos de oro y 51,610 marcos de plata, que según precisó Mariano Moreyra Paz Soldán en 1943, equivalían a 5,971 kilos de oro y a 11,041 kilos de plata fina.

A precios actuales esa cantidad de oro se valoriza en unos 344 millones de dólares y la plata en 13 millones de dólares. El cuarto del rescate repleto hasta donde se empinó el brazo de Atahualpa, a precios de mercado, suma en total 357 millones de dólares. Los estudiosos siempre consideraron esa cantidad como uno de los botines de guerra más grandes de la historia universal. Hasta ahora la peruanidad se hunde en una melancólica depresión cada vez que recordamos el drama de la conquista por el saqueo cometido.

Todo el esfuerzo del gran emperador para recolectar lo que se encontrara de oro y plata en el poderoso Tahuantinsuyo, empalidece ante el asalto de Fujimori. Esas decenas de millones de Cajamarca, son de menor cuantía frente a lo acumulado por los ladrones que capturaron el poder en los años noventa. Incluso lo devuelto, que si bien se acerca a las dos terceras partes del cuarto del rescate, es apenas un décimo de lo robado, sumergido en los misterios del Oriente.

La Obsesión Inhabilitadora. Por Enrique Valderrama

Cuando un nuevo proceso gubernamental empieza se abre la posibilidad para quienes llegan al poder de trazar una meta, construir un concepto y ofertar un sueño al país, una actitud por la cual su gestión sea recordada en la historia. Fernando Belaúnde se propuso a través de su “El Pueblo lo hizo” conectar el país tradicional con el territorio hasta ese momento inexpugnable que era la selva a través de su “Marginal”. Alan García, con “el Perú Avanza”, y previamente desde una versión actualizada de la ideología aprista con la “Revolución Constructiva”, se planteó la meta de acercar considerablemente el país a la modernidad; para ello en su gobierno se electrificaron 15 mil pueblos, se construyeron 10 mil kilómetros de carreteas, se culminó el tren eléctrico, se redujo alrededor de 20 puntos la pobreza, entre otras cosas.

Cuando el Nacionalismo, movimiento familiar de Ollanta y Nadine Humala llega al poder encuentra un país en crecimiento y armónico desde el punto de vista de la gobernabilidad, con ingentes reservas, abierto al mundo y creciendo al 8%. Dado este escenario podían plantearle al país la meta que hubiesen querido: hacernos soñar con entrar al primer mundo, con erradicar completamente la desnutrición infantil, con arrinconar a cifras marginales la pobreza o con duplicar el nivel de la educación pública. Lamentablemente sus primeros reflejos una vez instalados en la casa de Pizarro sólo los condujeron a una inquietud: “¿Cómo nos quedamos?”. Por esos días empezaba ya el ocaso de Hugo Chávez en Venezuela y había que buscar métodos más sutiles; decidieron entonces ensayar la salida del “Kichnerismo” a la peruana: la sobre- exposición de la cónyuge apuntando a una futura elección inmediata y el mantenimiento del poder vía la alternancia de los esposos. Es decir optaron por tratar de imponerle al Perú el esquema de la “reelección conyugal”.

De este punto a identificar como el principal escollo al APRA y a Alan García para arribar al éxito de la estrategia continuista hubo sólo un pequeño paso. En efecto lo dieron y en ese momento promueven a un joven ambicioso y sin ninguna trayectoria política cómo Sergio Tejada, para convertirlo en leal y servil sicario político, presidiendo la “Mega Comisión”. Tras cada paso en falso en la estrategia; ésta se volvía una prioridad mayor para los Humala, se obsesionaron con inhabilitar a Alan García y fueron perdiendo de vista los magros indicadores sociales de su gestión, la desaceleración de la economía, y el aumento alarmante de la inseguridad ciudadana. Debido a ello el apoyo popular que ostentaban se evaporó reduciéndose en los últimos doce meses a casi la tercera parte.

Esta coyuntura no sólo les hizo perder el norte del gobierno sino que hizo que el bisoño Sergio Tejada, su esbirro de primera línea, incurriese en violación al debido proceso en el marco de sus funciones en la Mega Comisión. Dos sentencias previas del Poder Judicial dieron clarinadas de alarma en ese sentido; el inexperto y servil Sergio no prestó atención, sólo tenía cabeza para sacar adelante un informe negativo a García Pérez así tuviese en el proceso que hacerlo ilegalmente. El resultado ya es conocido: todo ha sido declarado nulo. Hace pocos días preso de la desesperación el “líder” de la Mega Comisión llama a la democracia de la cual es representante “democracia criolla”; al parecer la frustración le ha revelado un clásico lenguaje estalinista y reaccionario.

Desde su Twitter Tejada, en actitud poco republicana, petardea insistentemente al Poder Judicial. En ello también incurren Ollanta Humala y Freddy Otárola quienes a pesar de presidir el Poder Ejecutivo y el Legislativo respectivamente, intentan con sus declaraciones y lamentaciones públicas presionar a la Justicia Peruana sólo porque ésta última hizo respetar los derechos fundamentales de un ciudadano, que es además ex Presidente de la República Al parecer no les va a quedar alternativa mejor que curarse esa extraña e intensa patología que es la obsesión inhabilitadora que tiene su fijación en Alan García y el APRA.

No sorprende por otro lado que periodistas que llenaron sus alforjas, cobraban consultorías y ostentaban cargos de confianza durante el gobierno de Alberto Fujimori se rasguen las vestiduras y también ataquen al Juez que emitió el fallo favorable a García; cuestión curiosa debido a que celebraron la sentencia del mismo juez que fue favorable al fallecido Javier Diez Canseco. Otros políticos también hacen lo suyo e intentan revertir el revés que la legalidad y el estado de derecho les han propinado. Lo único que dejan ver es su apoyo táctico, precario e interesado a las reglas de juego democráticas. ¿No sería más sensato aceptar el desafío de derrotar a Alan García y al aprismo en las urnas que bajo la argucia de desembarcarlo de carrera a la fuerza? Lo sería, pero su racionalidad está bloqueada por la patología inhabilitadora.
Sergio Tejada le debe una disculpa al Perú ya que tras 30 meses no se ha encontrado una sola prueba de sus afirmaciones y en el camino se han despilfarrado 12 millones inútilmente en una comisión que el llevó al fracaso con sus ligerezas y su supino desconocimiento del derecho. Finalmente Ollanta Humala adeuda una explicación al país por las “Narco-Avionetas”, cuyo aterrizaje era canjeado por dinero en palabras de Mori y por el digitado entrampamiento en el esclarecimiento del caso López Meneses.

*Artículo para Punto de Encuentro.

Coyuntura para un Sindicalismo Democrático. Por Angel Montero

Hasta hace unos años y en especial en la década infame dictatorial (1990 - 2000)(1), hablar sobre sindicatos era un tabú psicosocial debido a la preocupación del estado dictador y la prensa chicha por vincular espacios de productividad en materias de empleabilidad, seguridad laboral, trabajo decente(2), y mezclarlos con tumultos (hasta hoy en día) de algunos extremistas que denigran la imagen de aquel obrero que en los años 1919 conseguía la Jornada de 8 horas laborables(3), sin dejar de lado los beneficios que estas personas probas y honestas sindicalizadas han dejado como legado a un país con democracia constituida, con la idiosincrasia de que la Ley General del Trabajo está congelada desde 1967, pero que los interesados en el día a día en estos temas tienen la esperanza de que se concrete finalmente para beneficio de todas y todos los trabajadores sin distinción de religión, raza, color, sexo o afinidad ideológica y/o política.

La situación actual destaca a los jóvenes de sociedad civil, quienes se interesan en el progreso de las PYMES y MYPES generando un país emprendedor de cultura, ciencia y tecnología con recursos, hoy cuando el crecimiento económico y productivo nos son favorables, pero que aun en el tema sindical está al margen de la historia, a pesar que sus insumos son determinantes en el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo, la Mesa de Lucha contra la Pobreza, La Mesa de Diálogo Social Juvenil, La Lucha contra la Explotación Infantil y otras áreas en la que el sector trabajador es un eje y motor principal. Sumando a ellos los diferentes planes sectoriales al quinquenio 2013– 2017 en temas de igualdad laboral entre hombres y mujeres desde sus ejes transversales y la planificación de una agenda intersindical juvenil.

Si bien es cierto que las tasas de sindicalización son demasiado bajas (no alcanzamos el 5% en el Perú),

peor aún se ve en los espacios de juventud a nivel latinoamericano donde el empleo y subempleo decae y se demuestra con indicadores laborales los cuales se han estancado y existe un leve incremento en la tasa de desempleo urbano de los jóvenes y reducción en el caso de las mujeres (entre el 2012 y 2013 de 14,01% paso al 14,5% siendo aproximadamente 6.6 millones de jóvenes desempleados en el continente)(4).

Pese a ello cooperantes internacionales como OIT y FES, apuestan por el cambio generacional, la renovación de jóvenes y la igualdad de hombres y mujeres;quienes son los encargados de proponer y participar de mesas de dialogo inter regionales de gobiernos locales descentralizados con el objetivo principal de destacar en medios de comunicación e incidencias de plataformas renovadas que lleguen a los espacios juveniles de sociedad civil, en especial para que de manera igualitaria puedan vincularse con la defensa nacional de los derechos delos trabajadores del país.

La propuesta del sindicalismo democrático también es la que comparto como la nota del antropólogo Luis Zaldívar, apostar por la reivindicación de la unidad sindical en la que se martirizaron personas como Pedro Huillca Tecse(5), Luis Negreiros Vega(6), y muchos sindicalistas anónimos de clase, y que debería reflejarse en el diálogo tripartito del sector empleador,trabajador y estado que ya se había propuesto décadas atrás en el congreso económico social, su objetivo y la principal razón es de llegar a la ciudadanía como un movimiento pluralista e integracionista desde el cual podamos darles soluciones a los conflictos esenciales en temas de trabajo decente, seguridad y cohesión social como derechos de los trabajadores(7), ejemplos de Institutos para el Desarrollo de Trabajadores y Empleadores existen en diferentes partes del mundo y entre ellos destacan el congreso de Ginebra OIT donde ya hemos sido catalogados como conocedores de buenas prácticas en el 2012, debemos tomar en cuenta que la réplica está con la sensibilización y concientización delos Gobiernos Regionales y Locales sobre todo el estado en general para llegara las masas populares que desconocen del tema, el Presente y el Futuro  del Sindicalismo(8) está en nuestras manos, es bueno informarse cada día más y aplicar el viejo lema “si sabes enseña y si no aprende”.

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(1)      Gobierno dictatorial del Fuji-montesinismo, donde primó la corrupción “Generalizada y Sistemática” y el Autogolpe del 5 de abril de 1992, alcanzó a las instituciones y personas más importantes del país, burócratas, medios de comunicación,jueces, alcaldes, cabezas de corporaciones nacionales y extranjeras, militares,congresistas, ministros y la alta cúpula del gobierno. Se trato de la combinación de corrupción y burocracia con fines de enriquecimiento ilícito y político.

(2)      Concepto dada a conocer por la OIT en 87ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en 1999 (pag. 4), expresa los vastos y variados asuntos relacionados hoy día con el empleo, la protección social, los derechos de los trabajadores y el diálogo social en condiciones de libertad, equidad,seguridad y dignidad humana.

(3)      El 15 de enero de 1919 fué que se logró la conquista de las 8 horas laborables después de años de espera y luchas constantes, el pueblo salió a las calles de Lima festejando la conquista esto se logro sin embargo en negociaciones con el ministro de Fomento Manuel A. Vinelli seguían llevándose entre trabajadores y con la colaboración de Víctor Raúl Haya de la Torre Presidente de la Federación de Estudiantes del Perú (FEP).

(4)       Gràficos I (América Latina y el Caribe: crecimiento del PBI y tasa de desempleo urbano, Años 2004-2013) y II (América Latina y el Caribe: tasa de desempleo, participación y ocupación urbana, años 2003-2013) de las páginas 6 y 7 de la Revista Anual Panorama Laboral 2013 Organización Internacional del Trabajo.

(5)       A partir de 1990, por acuerdo del XII Congreso, se hace cargo de la Secretaría General dela Confederación General de Trabajadores del Perú, la central obrera del país, desde donde luchó contra las medidas del gobierno del presidente constitucional Alberto Fujimori. El 18 de diciembre de 1992, a nueve meses de haber asumido la mayor representación sindical, fue asesinado por el grupo Colina, sicarios del Ejército al mando del Capitán Santiago Martin Rivas, cumpliendo así Fujimori la amenaza pública que hizo en CADE, un foro de inversionistas.

(6)       Secretario General de la Confederación de Trabajadores del Perú muerto por más de 20 balazos los que fueron los recibidos por el mártir obrero en las esquinas de Petit Thouars y 28 de Julio aquel 23 de marzo de 1950. Cumplió sus tres deberes: sindical, político, cultural.

(7)       Toda persona tiene derecho a trabajar libremente con sujeción a ley (Art.2º inciso 15º) El estado reconoce el derecho universal y progresivo a toda persona a la seguridad social (Art.10º) El trabajo es un deber y un derecho (Art.22º).

(8)       El Sindicalismo se ha extendido por todo el mundo, mediante la adaptación de sus métodos y formas de organización alas circunstancias de vida y trabajo existentes en cada país. Puede decirse que, esencialmente, es un producto nacional, pues recoge los rasgos caracteristicos de la cultura y del sistema económico social de cada nación. Los sindicatos de un país difieren de los de otro en numerosos aspectos. Sin embargo,los de muchos se asemejan, y hasta pudiera decirse que son idénticos, en susfines fundamentales y en el valor básico del servicio que prestan tanto sus propios afiliados como a la orbita nacional en el que desarrollan su labor.(INTRODUCCION de Sir Vicent Tewson Secretario del Congreso de las Trade Unions de Inglaterra T.U.C para la Revista Soy Sindicalista 1959)

Ganó la paz. Por Agustín Haya de la Torre

Seis años después de plantear la demanda marítima contra Chile por parte del Perú, la Corte Internacional de Justicia de La Haya emite una sentencia que reconoce el paralelo de latitud como límite hasta la milla 80 y a partir de allí, una línea equidistante en dirección sur oeste.

Conclusión ingeniosa que recoge argumentos jurídicos y un criterio de equidad que no agravie a las partes ni genere mayores problemas de los que pretende resolver. Incluye cierta creatividad desconcertante, como la que ve la luz de los faros, colocados de común acuerdo, mucho más allá del horizonte.

Para el Perú, el tema solo puede entenderse desde la perspectiva del Decreto Supremo 781 de 1947, cuando José Luis Bustamante y Rivero proclama nuestra soberanía sobre el mar adyacente hasta una distancia de 200 millas paralela a la costa, desde los paralelos geográficos que limitan con Chile y Ecuador. Si bien la Corte descarta el DS por unilateral, sirvió de base para las posteriores declaraciones sobre zonas de pesca y en particular para el acuerdo de 1954, denominado “Convenio especial sobre zona fronteriza marítima”, donde en consonancia a lo ya señalado por Bustamante, quedan reconocidos los paralelos como límite.

Como solo fija una zona especial de 10 millas por lado desde la milla 12, el alto Tribunal no asume que tenga las características de un tratado, pero le sirve para argumentar la preexistencia de una “frontera tácita”, sustento del statu quo vigente desde el 47 hasta el domingo pasado. 

Al definir que el paralelo persiste como límite pero solo hasta la milla 80, produce un corte sorprendente por la falta de antecedentes en la materia, pero inteligente para sus propósitos arbitrales: ratifica para Arica su zona de riqueza pesquera y evita un colapso económico en esa región, cuyas repercusiones podían generar una crisis interna de envergadura.

Al introducir a partir de allí la equidistancia, le permite al Perú incorporar 21 mil km2 de mar que poseía Chile y de paso afianzar el dominio peruano en otros 29 mil km2 que aunque fuera del límite chileno, Santiago pretendía consagrar como aguas internacionales. Así el Perú gana una porción de 50 mil km2 de mar y Chile mantiene sus pesquerías.

Un fallo salomónico, aunque a diferencia de la leyenda hebrea, nadie renunció a la criatura sino que ambos países apostaron por una solución civilizada, encargándole a una instancia de las Naciones Unidas resolver el pleito.

En los dos lados muchos esperaban un triunfo completo, estado de ánimo comprensible pero que evitaba cualquier solución racional. Felizmente los tres gobiernos peruanos que manejaron el tema, lo asumieron como política de Estado y merecen el reconocimiento público. La aceptación del fallo por parte de los presidentes Sebastián Piñera y Ollanta Humala, es un hito decisivo para construir un futuro de paz y prosperidad. Ahora para proteger nuestros intereses, debemos firmar la Convención del Mar.

Autonomía para la universidad. Por Agustín Haya de la Torre

La prueba PISA y los rankings internacionales sobre las universidades muestran la precariedad de la educación en el Perú. No solo no formamos adecuadamente a nuestros niños y adolescentes, sino que tampoco somos capaces de darles una educación superior de nivel.



Los resultados no son gratuitos, devienen directamente de un modelo impuesto en los noventa que supone que todo lo asigna el mercado, que en el caso peruano llevó a despreciar de nuevo la educación pública. Paradójicamente los promotores ideológicos de tan penosa situación insisten en atribuir el fracaso a lo público, a cuya mejora presupuestal suelen oponerse por principio. Generan así un círculo perverso que produce una enseñanza muy deficiente.

La mayoría de comentaristas de los exámenes de la OCDE cree que todo se soluciona con más privatización, incluso proponen, desubicados, el modelo de Pinochet, fracasado estrepitosamente en Chile, que acabó por aumentar la desigualdad y deteriorar una educación tradicionalmente de nivel a límites casi peruanos.

En el caso de las universidades la varita mágica la colocan por el lado de la acreditación ministerial, para lo cual ya funciona una entidad que ahora tratan de consagrar en la propuesta superintendencia universitaria. Decenas de indicadores formales, básicamente de carácter administrativo, aparecen como requisito.



La confusión entre formas de gestión y la esencia misma de la universidad, que es la producción de conocimiento, traerá una vez más consecuencias nefastas. La exigencia histórica de las universidades clásicas fue siempre la autonomía del poder para conseguir las condiciones que garanticen la creación científica. El conocimiento nace de la libertad y la investigación tampoco puede sujetarse a la inmediatez del costo beneficio, por la razón elemental de que su sustento es el ensayo y el error.

“La universidad es lo que publica”, dice un viejo adagio, por ello que las clasificaciones válidas toman como eje central los criterios bibliométricos, es decir lo que sale a luz en revistas científicas y en los libros de los investigadores, como resultado de su trabajo. La calidad de la formación profesional proviene de dicho contexto, que supone la generación de condiciones para que el profesor sea sobre todo un investigador.

La prestigiosa Asociación Alemana de Sociología acaba de lanzar una crítica demoledora contra la acreditación administrativista, que llega al extremo de aplicar los estándares ISO para las universidades como si fueran empresas productivas. Felizmente que las universidades de excelencia en el mundo promueven la evaluación científica sobre la base de resultados bibliométricos y el reconocimiento internacional. 

Una buena gestión es necesaria, qué duda cabe, pero el control burocrático jamás reemplazará la investigación ni la producción de conocimientos, que requieren libertad, por tanto autonomía del poder político y económico.                                

Oficinas públicas cerradas o semidesiertas, museos, monumentos y parques nacionales sin atención al público por falta de empleados, la NASA en suspenso, por el recorte presupuestal. Washington paralizado por el desconcierto de miles de empleados devueltos a sus casas por falta de pago.

Una crisis que ocurrió por última vez en el gobierno de Bill Clinton, pero cuyas motivaciones alcanzan ahora una mayor perversidad. El objetivo inmediato apuesta por traerse abajo la reforma sanitaria ya aprobada. La medida, una de las principales banderas electorales del presidente Barack Obama, no es ninguna estatización de la seguridad social, sino una fórmula mediante la cual el Estado ayuda a los que por sus escasos ingresos no alcanzan a tener ningún seguro de salud, a contratar uno con las aseguradoras privadas,

Una asociación público privada para resolver la desigualdad que genera el sistema, encubierta por el ideologismo conservador como que la sociedad produce por una fatalidad del destino, ganadores y perdedores. Cuando suman cuarenta millones de personas, el tema remece sus cimientos y debe ser resuelto imperativamente.

La oposición radical a las políticas públicas la encabeza el Tea Party, movimiento surgido desde la gigantesca crisis causada por la quiebra del sector financiero. La economía neoliberal de la supuestamente sofisticada “ingeniería financiera”, acabó en una gigantesca estafa que hundió a los grandes bancos de inversión. Para evitar el colapso, Bush y los responsables de la Reserva Federal se convirtieron en fervorosos estatistas, rescatando a los quebrados con miles de billones de dólares del erario público.

La maniobra salvó al sistema pero no evitó la dimensión de la crisis, solo equiparable al crack de la Bolsa de 1929. Como suele suceder se cumplió al pie de la letra aquello de que las ganancias de los privados quedan en sus manos y las crisis se socializan.

La derrota republicana llevó al gobierno el discurso progresista del Partido Demócrata. Obama puso en la agenda la necesidad de atender la desigualdad generada por los neoconservadores, propiciando el gasto público en la educación, la salud y la seguridad social.

Aquí apareció este sector de las clases medias y populares profundamente reaccionario, que cree que el Estado debe reducirse al mínimo y mejor si no existe. El discurso contra las políticas sociales, la burocracia y los impuestos alcanzó ribetes que asombran por su radicalidad y simpleza. La idea del Estado mínimo llevada a su máxima expresión. Actuando como la extrema derecha del Partido Republicano, su presencia facciosa en el Congreso muestra un fenómeno difícil de digerir.



Los mueve la idea de la soberanía absoluta del individuo que por su propio destino debe alcanzar el éxito. Los que no se vuelven ricos son solo perdedores, seres humanos de dudosa calidad. La simiente para un conflicto de envergadura está sembrada.

Desigualdad en Perú y Venezuela. Por Agustín Haya de la Torre

El Índice de Desarrollo Humano publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es hasta ahora la fórmula más consistente para medir y comparar el grado de desarrollo de las sociedades. Como se sabe, el IDH considera tres componentes: salud, educación e ingreso. El 2011 agregó otro factor para un acercamiento más certero, al considerar la desigualdad para ajustar los indicadores señalados.

Estas metodologías permiten un enfoque más realista de lo que en efecto sucede con la aplicación de las políticas de desarrollo por las que optan los países, políticas que algunos en el debate ideológico las denominan “modelos”.

Resulta interesante comparar por ejemplo la calificación que alcanzan países como Perú y Venezuela en estos rangos. En el último IDH de marzo del 2013. Perú aparece en el puesto 77 con un índice de 0.741 mientras que la república bolivariana queda en el puesto 71 con un 0.748 de desarrollo humano. No es mucha la diferencia si consideramos que tenemos una población semejante aunque la distancia entre las economías si es marcada por la enorme renta petrolera que los caracteriza.

Las distinciones también aumentan si medimos los discursos. Mientras en nuestro país desde la recuperación de la democracia las políticas económicas mantienen la estabilidad y promueven la inversión, aunque la discusión cuestiona la insuficiencia de la distribución; el sonoro discurso chavista cree que hace una revolución profunda.

Las consecuencias de ambas políticas, la liberal y social que intenta el Perú y el tropical “socialismo del siglo XXI”, pueden verse mejor al reajustar sus respectivos indicadores por el criterio de desigualdad, que considera cuanto pierden la educación y la salud por la distinta calidad y costo en el acceso de sus clases sociales y al tomar en cuenta la brecha de los ingresos entre los estratos socio económicos.

La reubicación puede sorprender a muchos, pues el Perú sube al puesto 62 y Venezuela queda en el 66. Mientras que la desigualdad le hace perder a los peruanos el 24,3% de su IDH, los norteños disminuyen en un 26%. Si se midiera el desarrollo por el fárrago de los discursos, la demagogia de Hugo Chávez y su heredero, superan abrumadoramente a los cuatro últimos presidentes peruanos con los que coincidió desde 1998.

Algo semejante ocurre con Brasil, poderosa economía mundial cuyo IDH lo ubica en el puesto 85 y el ajuste por desigualdad lo lleva al lugar 70, ocho puestos por debajo del Perú. Pierden más del 27% por los altos niveles de desigualdad que sufren.

Los datos del PNUD son reveladores y permiten colocar el debate en su lugar. El supuesto socialismo bolivariano no los ha llevado muy lejos pese a su riqueza petrolera. El Perú con menos y sin tanto aspaviento los supera socialmente, sin que esto sea definitivo. Obviamente que la desigualdad sigue siendo el déficit que lastra nuestro progreso y que obliga a reformular las políticas en función del bien común

Solucionética: Qali Warma, estafa descomunal. Por Luis Zaldívar

Este año escolar será 2013 recordado por miles de familias como el año en que sus hijos en ves de recibir la acostumbrada ración de apoyo para su desarrollo escolar obtuvieron comida podrida, sin registro sanitario y con tardanza. Las 64 denuncias registradas en estos escasos dos meses[1] necesariamente nos tiene que llevar a preguntarnos ¿Qué está ocurriendo aquí?

La respuesta es bastante simple: una estrategia equivocada y la ineficacia de la tecnocracia de izquierda que se subió al carro con Toledo y ahora con Humala, pero que no quieren asumir los pasivos de su gestión.

La estrategia de Qali Warma a sido en cierta forma reinventar la pólvora, acusando de corrupción al programa PRONAA que venía funcionando desde los noventas para hacer dos cambios: 1) el nombre, y 2) darle a los colegios la potestad de elegir a los proveedores. Con un obvio desconocimiento de la realidad, la administración de la señora Guiselle Romero avalada por la ministra Trivielli se propuso descentralizar las compras de los alimentos a los padres de familia, causando de inmediato el único resultado posible: corrupción rampante e imposibilidad de fiscalizar tantos procesos al mismo tiempo. Dejándose llevar por su visión elitista de “todos los pobres son buenos”, los funcionarios de Qali Warma han preferido entregarle la alimentación de nuestros niños a los dueños de panaderías que están haciendo su negocio en vez de ellos mismos hacer el trabajo de concesionar a los proveedores y fiscalizarlos.

Peor aún, existen muchas denuncias de corrupción sobre la elección de las juntas que eligen a los proveedores[2], con el agravante de que Qali Warma por ser el programa insignia de Nadine Heredia es también el foco de reclamos de puestos de trabajo por los militantes nacionalistas. La soberbia y torpeza es tal en la administración que hasta hace cinco días tenían 12 toneladas de alimentos del PRONAA guardados en la municipalidad de Huanta. ¿Qué acaso ya eliminamos el hambre en el Perú? ¿Ya podemos dejar la comida tirada?

No hay mucho que defender del PRONAA, pero todos podemos darnos cuenta de que éste funcionaba mejor que los programas actuales, diseñados específicamente para estafar a la población y delegar las responsabilidades a otros. La soberbia de los trabajadores del MIDIS probablemente les haga pensar que ellos están haciendo una revolución, cuando lo único que están haciendo es regresarnos a la época de los 80´s donde los partidos políticos eran los que tenían control sobre los programas sociales.

 Ojalá que esta administración sea capaz de retroceder y se vuelva centralizar la elección de proveedores, no les caería un momento de lucidez. Los niños merecen más.

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[1] http://www.rpp.com.pe/2013-04-22-hay-64-denuncias-contra-programa-qali-warma-noticia_587747.html

[2] http://www.losandes.com.pe/Nacional/20130328/70036.html

Solucionética - Perú, país de la paranoia política. Por Luis Zaldívar

Perú, país de la paranoia política

Por Luis Zaldívar

Los eventos  políticos de las últimas semanas han estado marcados por un lado por la centralización de la discusión en Lima producto de la revocatoria a los regidores oficialistas del cascarón electoral llamado Fuerza Social[1] y de la polarización producida por la declaración de guerra del humalismo al APRA, la única fuerza política capaz de hacer oposición en estos momentos a pesar del reiterado pedido de silencio que había hecho Alan García para dejar trabajar al ya no tan nuevo gobierno.

 

Esta coyuntura ha generado una tensión bastante fuerte,  pero sobretodo ha reflotado una característica muy propia de la política peruana: una increíble paranoia que divide al país, detiene las inversiones, destruye las instituciones y empodera a los antisistema que todavía están por aparecer en miras a las siguientes elecciones.

 

Por un lado, el proceso de revocatoria que debió centrarse en los logros y deficiencias de la gestión de Villarán, fue llevado a los insultos y a la ofensa por los defensores de los regidores oficialistas (un defecto en el cual también cayeron las desordenadas huestes del SÍ). Al ver que no había mucho que defender, la estrategia del publicista brasilero Luis Favre fue desde un principio decir que si votabas por el SÍ eras corrupto, mafioso, delincuente, etc. Unos días antes del día de la revocatoria la campaña oficialista utilizaba el hashtag #ChorosNuncaMás o #LadronesPorElSI con lo cual buscaban monopolizar la dignidad de la población.  Aún cuando no lograron su objetivo, se organizó una alianza entre el gobierno humalista y los poderes económicos de Lima que siguen promoviendo el odio y la división entre los peruanos con el objetivo de mantenerse el poder a pesar de que su gestión viene siendo entre pobre y mediocre.

 

El segundo acto – que actualmente se viene llevando a cabo – es usar el miedo y la desinformación para atacar al gobierno anterior. Ayudándose de una comisión investigadora del congreso que en un año y medio de gestión sólo ha podido recopilar artículos periodísticos, la pareja presidencial mandó elaborar un informe que busca inhabilitar a Alan García por dar conmutaciones de penas e indultos; sin embargo, olvidaron mencionar que ellos mismos habían conmutado penas e indultado criminales para reducir la sobrepoblación de las cárceles[2]. ¿Será que buscan llevarse ellos mismos tras las rejas? Lejos de buscar la verdad y hacer una investigación seria, los promotores de la paranoia buscan el escándalo como herramienta política y utilizan una maquinaria mediática a sueldo como parlantes de su estrategia reeleccionista.

 

Nada de esto es bueno para el Perú. Hay muchísimos problemas en el país que no están siendo atendidos por el gobierno por ocuparse de ataques a otros políticos cuando todavía falta mucho tiempo para las elecciones. Los alimentos y los combustibles suben de precio, la inseguridad ciudadana aumenta, el empleo y la educación no mejoran y, sobre todo, no tenemos proyectos estratégicos que guien la actividad del Estado. La inercia del Ejecutivo se traduce en una peor inercia del Congreso, acentuando la desconfiaza popular en los poderes del Estado. Peor aún, esta paranoia hace que la gente menos informada crea aún menos en la clase política, sirviendo de caldo de cultivo para la aparición de personajes sin trayectoria ni propuesta que claman limpiar la política nacional. Ya hemos pasado por los resultados del escándalo y la paranoia, no permitamos al país retroceder nunca más.

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[1] Q.E.P.D

[2] http://es.scribd.com/doc/134044345/Indultos-Humalistas-en-Favor-de-Burriers

Debate Complejo. Por Agustín Haya de la Torre

El juicio de La Haya por el diferendo marítimo entre Perú y Chile resulta una interesante contienda dialéctica, que tiene que ver con la evolución del derecho internacional y el curso político.

La tesis peruana sostiene que no existe un tratado de frontera marítima con Chile de acuerdo al derecho internacional en los términos de la Convención del Mar de 1982 y propone que se establezca una línea equidistante a partir del punto Concordia. La postura Chilena afirma que el límite fue establecido en los convenios de 1952 y 1954, donde se hace referencia al paralelo geográfico para fijar la zona marítima. Estas declaraciones fueron suscritas también por Ecuador, en el afán de proteger las costas del Pacífico Sur de la depredación de las flotas balleneras.

Chile basa su argumentación en el principio de efectividad, esto es en el hecho de que durante varias décadas el Perú no denunció la evidente desventaja del paralelo, que debido al accidente geográfico del codo continental le hace perder 37,900 km2 de mar frente a sus costas.

Vale la pena preguntarse por qué se dejó pasar tanto tiempo para corregir el error. Durante la dictadura de Manuel Odría, Relaciones Exteriores tuvo catorce cancilleres interinos. Personajes como Manuel Gallagher Canaval, Víctor Freundt Rossell, Ricardo Rivera Schreiber o Edgardo Miranda Sousa, se turnaban la titularidad en una especie de carrusel, en periodos de pocas semanas y a veces hasta de un día.

Es obvio que en esa danza había poco espacio para hacer las cosas con rigor. En 1973 otra dictadura deposita los convenios en las Naciones Unidas, dándoles más fuerza. En esa época los cancilleres eran los generales Edgardo Mercado Jarrín y Miguel Ángel de la Flor Valle. Los militares desataron una intensa campaña en pro del “mar territorial”, término que nunca formó parte de la doctrina de Bustamante y Rivero ni de las constituciones del Perú, que hablan de dominio marítimo y mar adyacente hasta las 200 millas sobre las cuales ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de La Libertad de comunicación.

La consigna territorial generó un efecto contraproducente al evitar hasta ahora que se firme la Convención del Mar, un instrumento progresista y de avanzada. La influencia velasquista alineó al Perú paradójicamente con las grandes potencias que se niegan a firmarla porque evita la explotación privada de los mares y sus fondos marinos. Hoy resulta que la argumentación peruana se sustenta en los nuevos principios del derecho del mar establecidos en ese valioso documento.

La destreza de los gobiernos de Alan García y sus cancilleres, para replantear el diferendo, consigue un logro clave: el tratado marítimo con Ecuador, firmado a finales de su segundo mandato.

La democracia peruana está desfaciendo entuertos de las dictaduras, que pensaban en clave geopolítica y no como Estado de derecho. La sentencia no será simple, pero las dos democracias con seguridad que seguirán un camino de paz e integración.

La Haya y la soberanía. Escribe Agustín Haya de la Torre

 La apertura de la fase oral del diferendo marítimo entre Perú y Chile ante la Corte Internacional de La Haya debe cerrar finalmente la delimitación de las fronteras del Perú. La novedad en este caso es que ambos países han decidido someterse al dictamen del tribunal internacional, nacido como la primera institución jurídica de alcance supra nacional al fundarse la Organización de las Naciones Unidas.

La ONU puso fin al orden mundial basado en el principio de la soberanía absoluta, vigente desde la Paz de Westfalia de 1648. Ese criterio daba sustento a los Estados nación que aparecían con la modernidad, a partir del cual no reconocían ninguna autoridad por encima de la propia. Esta summa potestas fue la argamasa del derecho de gentes, del nuevo orden que predominó durante tres siglos y trajo como consecuencia que si las diferencias entre los Estados soberanos no se resolvían por acuerdo mutuo, la única salida posible era la guerra.

Las fronteras tras la independencia no fueron fáciles de fijar. No solo por razones políticas y dificultades geográficas sino por el insuficiente desarrollo del derecho internacional. Uno de los aspectos más complicados resultó el de la delimitación marítima. Los postulados del mare liberum de Hugo Grocio, La Libertad de los mares a tono con la expansión de las potencias europeas por el planeta, hasta las obsolescentes tres millas del tiro de cañón, que los Estados ribereños usaban para reclamar soberanía, hacían notorios los vacíos.

La declaración de Harry Truman que amplió el dominio marítimo de los Estados Unidos en 1945, es seguida por los presidentes González Videla y Bustamante y Rivero, cuando dos años después anuncian la soberanía de sus países sobre las 200 millas de mar adyacente. El Perú siempre sostuvo el criterio del dominio marítimo y la denominación de mar adyacente. Esos conceptos constan en las constituciones de 1979 y de 1993. Gracias a la presencia de notables diplomáticos peruanos, esa misma doctrina la asume la Convención del Mar de 1982. El Perú nunca sostuvo la vieja idea medieval del “mar territorial”, como si lo hicieron Brasil, Ecuador y Panamá.
La firma de los convenios pesqueros durante la dictadura de Manuel Odría para defenderse de las flotas balleneras, incluyó una referencia al paralelo. Chile la interpreta como el punto clave para transformar un acuerdo comercial en un inexistente tratado de delimitación marítima. En 1986, durante el primer gobierno de Alan García, el Perú le plantea el tema formalmente a Chile y el segundo gobierno aprista, ante la negativa sureña de negociar bilateralmente, decide recurrir a la jurisdicción internacional.

La claridad y contundencia de la postura peruana que sustenta una línea equidistante para resolver el problema, es evidente. La Corte dictaminará a mediados del 2013, culminando entonces el último capítulo de nuestra historia de límites. Quedarán abiertas, sin traba alguna, las políticas que fortalezcan la integración regional.

Edad Media. Por Agustín Haya de la Torre

El experto en minería de las Naciones Unidas no anduvo en medias tintas. Dijo que no podía entender cómo si el gran líder socialista Salvador Allende proclamó a la minería el pan de Chile, aquí sectores de la vieja izquierda rechazan el desarrollo de las fuerzas productivas. Incluso informó que la expectativa en nuestro vecino, se centra en conseguir cien mil millones de dólares en nuevas inversiones para el sector.

Calificó esas posiciones como un retorno a la Edad Media. El modelo que los eco talibanes propician para el país supone que se debe promover la economía campesina, el turismo ecológico y la artesanía, como ejes principales. Quieren convertirnos en un parque temático a gusto de cierto turismo primermundista, que cansado de los safaris africanos, ahora se entretiene con la naturaleza pre industrial. Paisaje que exige por supuesto campesinos pobres, chozas, poca urbanización y si se avizoran “no contactados”, mejor.

Sánchez dijo que no podía entender cómo una decisión administrativa del Estado se había sometido a un peritaje privado. Comentó la sorpresa de los expertos en una feria minera internacional en Toronto que no entendían esta debilidad. De paso nos puso al día sobre la competencia que existe para atraer capitales hacia la minería. El potencial de varios países latinoamericanos y del propio mundo desarrollado, nos alerta que traerlos es tan sencillo.

El ex director del ILPES subrayó la falta de conciencia que en el país existe sobre el papel de la minería. En ello hay buena parte de responsabilidad de una minería tradicionalmente depredadora, que bajo el sistema de enclave poco ayudó al desarrollo del país. Las grandes empresas extranjeras sólo se preocuparon de extraer la materia prima sin atender los daños ambientales, usufructuando contratos leoninos y prácticamente sin pagar impuestos.

Esa situación ha cambiado con el tiempo y ahora la minería formal es un factor clave para el desarrollo. Incluso la generación de cadenas productivas o mejor, de una industrialización alrededor de los recursos naturales está dándose, como lo demuestra el crecimiento de la industria metal mecánica que se articula con la explotación de las minas.

Todo esto está establecido en el Plan Bicentenario, promulgado en junio del año pasado tras lograr el consenso del Acuerdo Nacional. El sectarismo y la reticencia de LA PRIMERA fase del nuevo gobierno lo dejaron en el aire. Ocho meses después el Ceplan no ha avanzado un ápice en articular los programas estratégicos de largo plazo y lo más sorprendente, ha dejado sin metas de mediano plazo al propio gobierno y desarticulados a todos sus niveles.