Pensamiento libre sin ideología es como coito asistido

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viernes, 22 de noviembre de 2013

Los presos mandan. Por Agustín Haya de la Torre

Alberto Fujimori dando entrevistas a diestra y siniestra desde su cárcel unipersonal llena de teléfonos públicos, y Vladimiro Montesinos colocando a uno de sus principales operadores en el gobierno, bajo la protección de tres decenas de policías, demuestran un extraño y peligroso enroque del poder en el Perú.

Así como las bandas criminales operan desde las prisiones usando celulares y sobornando a sus vigilantes, sin que nadie hasta ahora sea responsable, de la misma manera, el condenado ex dictador y su mano derecha, autores de toda clase de crímenes desde el poder del Estado, parecen haber retornado a sus mejores épocas.

La trama López Meneses saca a luz el grado de penetración del fujimontesinismo en el corazón del poder. Todo el alto mando de las Fuerzas Armadas y policiales sale comprometido, por acción u omisión. El propio presidente Ollanta Humala tuvo hasta ayer como su asesor principal en materia de seguridad a un exedecán de un general clave de la cleptocracia. Toda la cúpula militar y policial la designa el Presidente de la República y asciende bajo su decisión, poder que la dictadura consagró en la Carta de 1993. 

Si en algo trabajaba Adrián Villafuerte era en colocar en las más altas jerarquías a los fieles de la promoción que sirvieron en los noventa. No por gusto apenas tomó el poder, los oficiales de raigambre democrática fueron expectorados uno tras otro.

Colocar a un gánster bajo una costosa y ostentosa protección policial, indica tanto el estilo abusivo de ejercer el poder, típico de la dictadura, como las oscuras tareas que se le encargaron durante 18 meses. Su currículum indica que tiene experiencia en cuanto negocio sucio pueda existir, por tanto hay que suponer que ya lo investiga la Fiscalía y que más adelante sabremos a qué se dedicaba.



La actitud del reo Fujimori resulta escandalosa. Fracasada su estrategia del “enfermo terminal”, pasa a la de estrella mediática, para demostrar cómo nadie se atreve en la prensa a denunciarlo por apología del delito. Argumenta un derecho a la libertad de expresión, inexistente para cualquier condenado por actos criminales, que obviamente publicita con su insolente exhibicionismo.

Fujimori y Montesinos demuestran la baja calidad que le imprimen a la democracia el humalismo y sus aliados. Dos presidiarios que montaron el más grande poder mafioso jamás organizado en el Perú, prueban su fuerza sin tapujos, al punto de volver obligatoria la pregunta de quién gobierna en el Perú.

La extrema debilidad que muestra el gobierno de la familia no puede menos que alarmar al país. Por momentos parece que el paseo de Locumba, que acabó en un picnic pintoresco, le sigue pasando la factura al Presidente o que tras más de dos años, no sabe cómo gobernar.

Los astutos delincuentes hace rato que tomaron nota de la falta de autoridad. Nos traen a la memoria los peores momentos de la anomia social que predominó en los noventa. Solo valen el poder de la fuerza delictiva y el dinero para imponer la arbitrariedad y socavar la democracia.



viernes, 7 de junio de 2013

La trama fujimori. Por Agustín Haya de l Torre

(este artículo se publica momentos antes del pronunciamiento negando el indulto al ex dictador Fujimori)

Meses atrás el fujimorismo lanzó la campaña por el indulto de su líder, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.
Todo el aparato mediático montado durante años de corrupción, desde que los periodistas y dueños de los medios recibían montañas de dinero, demostró que sigue vivo.

Una bien orquestada publicidad trató de convencer a la opinión pública que el reo sufría un cáncer terminal. Titulares, primeras planas, lacrimosos comentaristas, intentaron por todos los medios de lograr su propósito. Grotescas fotografías en primer plano de una lengua herida ocupaban carátulas como prueba irrefutable.

Pasado el tiempo, los médicos no solo comprobaron que no alcanzaba la condición de enfermo terminal sino que el mal no calificaba como cáncer. La propaganda sufrió un serio traspié, pero la demora del gobierno en resolver el tema les permite volver a la carga.

Otra vez la parafernalia fujimorista salió con todo. Desde el Cardenal hasta adversarios perdonavidas, creen que cuatro años en una prisión dorada resulta demasiado. En realidad la campaña empezó al minuto de su sentencia, cuando el abogado defensor anunció que en tres años saldría libre por las supuestas irregularidades del proceso.

Ahora el argumento para la compasión proviene de su depresión. Pese a que pasa el tiempo en la única cárcel dorada del país y probablemente del continente, con amplio espacio, visitas a discreción, comunicación con quien quiera y atención en las clínicas más caras de la ciudad, no le acomoda.


Así pretende arrinconar al presidente Ollanta Humala, dedicado a deshojar margaritas. Si da el indulto, la demanda de las víctimas llegará sin duda alguna y con toda razón, a la Corte de San José. Tal escenario desprestigiará al Perú y acabará por convertir a Humala en un paria. Si dice que no, enfrentará el disgusto de la bancada del sentenciado, aunque el enfrentamiento no pasará de un lío de entre casa.

El juicio y la sentencia resultan ejemplares en la historia del Perú. Por primera vez quien usufructuó en su beneficio el poder y pisoteó la Constitución y las leyes, paga sus culpas. Fujimori destruyó la institucionalidad democrática, saqueó el erario nacional, montó un gigantesco aparato de corrupción manejado desde el espionaje y cometió crímenes tan bárbaros como los de Barrios Altos y La Cantuta. No olvidemos que no solo la justicia peruana lo juzga sino que a raíz de la extradición, la Corte Suprema de Chile aceptó las pruebas presentadas por el Estado peruano y resolvió entregarlo.

La manía de la dictadura de grabar las fechorías cometidas permitió que viésemos los millones de dólares robados abiertamente. Un testimonio demoledor que no se completó porque el propio condenado secuestró centenares de videos y documentos de la casa de su socio. La prisión de quien ni siquiera se arrepiente de sus graves delitos, es una prueba para la recuperación moral de la sociedad peruana, aquejada por el cáncer de la corrupción que compra conciencias.

lunes, 12 de noviembre de 2012

Cárcel Dorada. Por Agustín Haya de la Torre

Alberto Fujimori no está preso por reducir la pobreza en dos puntos tras su larga dictadura, ni por la detención de Abimael Guzmán mientras pescaba distraído en la selva. Tampoco por su política económica que causó miles de desempleados ni por acabar con la industria nacional. Ni siquiera por asaltar el Congreso, saquear el Poder Judicial o decapitar a los gobiernos regionales el 5 de abril de 1992.
 No ocupa una celda por sus políticas clientelistas ni por regalar billetes a indigentes o fugarse del país. Está condenado por mandar secuestrar, asesinar y desaparecer a jóvenes estudiantes y profesores de La Cantuta, por asesinar a pobres inocentes y niños en un solar de Barrios Altos, por secuestrar y torturar a opositores al régimen y por supuesto, por ladrón, esto último certificado por la videoteca Montesinos.
 Sentenciado a 25 año mediante un juicio ejemplar por la Corte Suprema, con pruebas irrefutables previamente avaladas por la justicia Chilena, no le quedó más que recurrir al destemplado y cínico grito de su inocencia.
 Desde el primer momento sus abogados, hábiles publicistas, anunciaron que en poco tiempo saldría libre. Conocedores desde 1997 de su enfermedad, la usan como bandera y por fin piden indirectamente el indulto. Saben que se les vienen más juicios vía la Corte sureña, como el que acaba de aprobar por el saqueo de 122 millones de soles destinados a comprar periodistas.
 Ahora el país mira con asombro el retorno de todos los trucos de la vieja y corrupta dictadura, como la grotesca foto de la lengua operada o el autorretrato de los ojillos sarcásticos. Las últimas movidas son de antología. De pronto la bancada Fujimorista emite extraños trabalenguas por las fotos que muestran la privilegiada cárcel del expresidente. Están a punto de interpelar a la ministra de Justicia porque los ciudadanos podemos ver un trato infinitamente superior al que reciben los otros 58 mil presos.

El desborde, fruto de la demora en la que pierden piso, es la entrevista pedida como parte de la campaña, por el noticiero más importante del país. Forzando todo principio, dicen que tiene derecho a La Libertad de expresión, obviamente suspendida y condicionada por la autoridad porque está justamente privado de La Libertad.
 Los alterados promotores de esta barbaridad jurídica pretenden anular la elemental suspensión de los derechos políticos de éste y cualquier recluso. Su confusión les impide darse cuenta que en las cárceles no se vota ni que los condenados están impedidos de ser candidatos y de realizar cualquier tipo de campaña política.
 Eso fue lo que llevó al presidente Ollanta Humala a cambiar de prisión a su hermano Antauro, empeñado en decir y hacer lo que le daba la gana ante los medios. Si a Fujimori se le concede por algún tipo de debilidad política “libertad de expresión”, todos los criminales pedirán exactamente lo mismo, empezando por Abimael Guzmán, otro autor mediato, enfermo y deprimido.

jueves, 18 de octubre de 2012

Humala. ¿Negacionista? Por Agustín Haya de la Torre


El campeón electoral de la lucha contra la corrupción termina contra las cuerdas, arrinconado por el gobernante más corrupto de la historia republicana. El presidente Ollanta Humala hizo de la moral pública una bandera que enarboló incansablemente desde que entró en política, pero por una inexplicable estrategia, está a punto de negar los fundamentos éticos y jurídicos del estado de derecho. 

Resulta sorprendente que el gobierno no muestre los informes oficiales del Ministerio de Justicia, donde con claridad meridiana se explica porqué el exdictador no puede beneficiarse con el indulto humanitario. En esos documentos queda establecido que para recibir una gracia semejante, el reo tiene que estar en fase terminal, no haber cometido delitos de lesa humanidad ni de secuestro agravado.


En lugar de descartar de plano el pedido por improcedente y a confesión de parte, pues los mismos solicitantes reconocen que no está grave, el gobierno monta un escenario donde un acorralado presidente cree que oirá solamente la voz de su conciencia. Tan melodramática trama se aleja de las prácticas modernas de la democracia, que no pueden dejar de tomar en cuenta las leyes vigentes y las normas internacionales que el país suscribe.

Alberto Fujimori ha descubierto rápidamente el flanco débil de un mandatario inexperto, que cambió de caballos cruzando el río. Esa fragilidad le hace creer al inquilino de Palacio, que conseguirá llegar al 2016 con el apoyo del Fujimorismo e incluso, que podría prolongar el naciente poder familiar.

Tal hipótesis no toma en cuenta que si algún político ha degradado la palabra de honor, ese es el condenado Alberto Kenya. Lo hemos visto jurar por la Constitución y luego pisotearla, defender las empresas públicas y luego acabar con ellas, proclamar honradez y llevarse la plata en maletas. 

Con toda seguridad que el sentenciado ya tiene sus pasajes al Japón, para evitar así una situación como la de Crousillat. Desde allí, con sus ingentes recursos, dirigirá su campaña electoral.

Si Humala le concede el indulto, de lo que sí puede estar seguro es que no cumplirá nada de lo acordado bajo la mesa. Al sentenciado solo le interesa salir de su cárcel dorada, manejar su partido, echar a los usurpadores y llegar de nuevo al poder. El Presidente, al dar el paso en falso, quedará para siempre como el cómplice que abrió la caja de Pandora.

Turista japonés comentando su última visita al Perú
El Fujimorismo como fuerza política goza de todos sus derechos, no están excluidos de nada, por tanto es una falacia aquello de la “reconciliación”. Más bien su actual conducción política convirtió en parte de su discurso el distanciamiento con su oscuro pasado. Ahora repudian a Vladimiro Montesinos, gemelo político y cajero de su fundador.

Con el indulto vendrá la anulación de la responsabilidad por los crímenes y el latrocinio cometidos. Los valores que fundamentan a la república y sus instituciones, quedarán ensombrecidos por la incertidumbre al consagrarse la impunidad.

martes, 16 de octubre de 2012

Fujimori le negó pensión de jubilación a Luis Alberto Sánchez estando gravemente enfermo

EXCLUSIVO
Por Santorino Izquierdo, pseudónimo del pueblo


Empezando 1992, el gobierno de Alberto Fujimori impuso el decreto legislativo 763, que abolió los beneficios de la Ley 20530 o ley de jubilación del sector público. Esta ley había sido fortalecida en sus alcances benéficos para los pensionistas mediante la Disposición General y Transitoria Nº 8 de la Constitución de 1979. Según esta disposición, a partir de 1980 y durante diez años, la pensión de los jubilados iría elevándose hasta lograr el nivel de un trabajador en funciones de la misma categoría. Este mecanismo era conocido como “cédula viva”.

Mediante el mencionado decreto, el gobierno de Fujimori abolió dichas mejoras. Siendo todavía congresista, Luis Alberto Sánchez libró una dura batalla contra dicha arbitrariedad, generando amplio respaldo de los pensionistas del sector público. Sin embargo, en abril de ese mismo año, el Congreso fue disuelto y Sánchez se vio prácticamente desempleado. LAS quiso entonces acogerse a su derecho a la jubilación. Empezaron entonces una serie de represalias para negarle una remuneración de acuerdo a su categoría. Una de las argucias fue negarle los años de servicio como congresista del período 1990-1992. Otra fue considerarlo solamente docente. Una tercera fue impedirle cobrar ya que se encontraba en querella contra el Estado.

La opinión pública expresó su disconformidad con este clarísimo abuso de poder contra el venerable LAS, desconociendo sus méritos profesionales e intelectuales, su avanzada edad y sus problemas de salud. Hubo pronunciamientos en defensa de Sánchez de numerosas personalidades y entidades, entre ellas su alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que le otorgó en desagravio la distinción de rector emérito.

Ante el severo recorte de sus ingresos, LAS tuvo que solventar sus gastos diarios trabajando otra vez en su despacho de abogado, dando clases universitarias y ampliando su actividad como periodista.

Entre 1993 y 1994, estando muy delicado de salud, el maestro LAS elevó al Presidente del llamado Congreso Constituyente Democrático, Sr. Jaime Yoshiyama, sucesivos oficios notariales de reclamo que no fueron atendidos. Lo hizo el 16 de febrero,  el 20 de abril y el 28 de agosto de 1993. El último reclamo, airado pero firme en su derecho, fue publicado en los diarios del 5 de febrero de 1994, un día antes de su deceso. LAS murió el 6 de febrero de 1994, defendiendo hasta el final su legítimo derecho negado por el dictador, que no tuvo ninguna consideración humanitaria por el gran maestro.



Click en las imagenes para leer los documentos publicados por Luis Alberto Sánchez contra Fujmori poco antes de su muerte.

























jueves, 4 de octubre de 2012

Fujimori y Humala. Por Agustín Haya de la Torre

La intensa campaña mediática del Fujimorismo para conseguir el indulto a favor del expresidente da un paso decisivo con el pedido que anuncia la familia. Tal cosa no se produciría si no existiesen señales alentadoras por parte del gobernante.

Aquí empieza un aspecto novedoso en los quehaceres de Ollanta Humala, pues, como se lo han advertido los miembros de su gabinete que conocen de leyes, tal cosa no procede. Está claro que la enfermedad de Alberto Fujimori no es terminal, requisito sine qua non para el indulto humanitario. Tampoco esta gracia presidencial puede aplicarse de acuerdo a la legislación supra nacional a quienes estén condenados por delitos de lesa humanidad ni como señalan las leyes peruanas a quienes cometieron secuestro agravado.

Solo con un cambio de gabinete podría Humala dar este paso, arriesgándose a otro papelón en la Corte Interamericana de derechos humanos, como el que acaba de suceder contra el fallo de la sala Villa Stein por querer beneficiar al Grupo Colina.

Es difícil saber por qué el presidente se arriesgaría a tanto. Acaba de nombrar a su tercer primer ministro, que proviene de la Comisión Andina de Juristas y éste a su vez, ha designado un consejo consultivo integrado por distinguidos abogados identificados durante toda su vida con la doctrina de los derechos humanos.

Un indulto significaría una nueva crisis ministerial. El reemplazante, alguien tan tozudo como para ir a enfrentarse a San José y sufrir una vergonzosa derrota. Aunque voluntarios de esos que prefieren la quincena a la historia no falten, resultaría un giro de timón de imprevisibles consecuencias.

No solo perdería a su actual gabinete sino a su siempre inquieto aliado político Alejandro Toledo. La movida traería consecuencias en el propio Fujimorismo, pues luego de ensayar con éxito el liderazgo alternativo, volvería al mandato personal del padre, cuya primera decisión será la agradecida alianza con el gobierno, para llenar el vacío de una indignada oposición toledista.

El golpista trata de cargarle a la democracia la culpa por el “maltrato” que supuestamente soporta, cuando todo el país lo ve atenderse en las mejores clínicas y gozar de una prisión repleta de privilegios. Desde allí dirige campañas electorales, reparte enseres, recibe las visitas que le da la gana y hasta tiene su huerto para que no se deprima.

Debe ser un caso único de burla permanente a las reglas penitenciarias. En Argentina los exdictadores, ancianos ya, están en cárceles comunes.

Fujimori es un caso ejemplar de sanción a quien desde el ejercicio autocrático del poder se creyó con derecho a ordenar asesinatos y secuestros, además de saquear el tesoro público, para una vez descubierto fugarse cobardemente.

No solo no se arrepiente de nada sino que encima no ha devuelto un centavo de los millones que robó. Humala está al borde de una apuesta insensata que lo puede llevar a una deriva autoritaria y a consagrar la corrupción.

¿Quién será el primer ministro del fujihumalismo?



viernes, 23 de diciembre de 2011

El sobrinísimo de Banchero Rossi: Rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz II. Por Miguel Estela La Puente



Encontramos un ambiente bastante curioso en el contexto de la fauna política peruana. En primer lugar, en el legislativo, distinguimos a la primera oposición con una actitud paradójicamente cuasi oficialista sin pronunciarse sobre los últimos desaciertos del gobierno (con respecto a las crisis de las mesas de diálogo del tema Conga y falta de un mediador capaz de canalizar puntos de coincidencia entre ambas partes presidente regional-gobierno), pareciera que el fujimorismo está a la expectativa de algo, ¿una concesión de bondad de parte del jefe de estado para con su máximo líder?

En el ejecutivo vemos negociaciones extrañas, por no decir desesperadas, para apaciguar los ánimos impetuosos del presidente regional de Cajamarca ofreciendo  ¡vaya cantidad considerable! de embajadas para que cese su intransigencia y deje llevar a cabo el proyecto minero Conga.

En el judicial las excesivas autorizaciones de viajes al extranjero, por fiestas de fin de año, a los condenados por terrorismo: Lori Berenson, Lautaro Mellano y Nancy Gilvonio han ocasionado más de una crítica al respecto e incluso generado sospechas de intereses extranjeros que pretenden promover un ambiente de caos en el interior del país. Hay muchos indicios de que esto pueda ser cierto.

Lo cierto es que ante este contexto expectante falta la voz orientadora de una institución política que posea un mínimo de legitimidad para influir coherentemente sobre la dinámica política nacional y no puedo pensar en otra que no sea el APRA; sin embargo, a falta de decisión de sus propios dirigentes nacionales somos los humildes servidores juveniles del aprismo los que intentamos percibir nuestra realidad y proponer soluciones. Que lastima que los dirigentes del aprismo con toda su experiencia política no atinen a otra cosa que no ver, no escuchar y no decir.

Con respecto al caso del  acercamiento entre los fujimoristas  y el gobierno me parece un argumento más sustentable y menos perjudicial el promover la aprobación de un proyecto de ley que conceda el arresto domiciliario a los condenados; ya que, esa es solo una prerrogativa de los procesados o imputados. De esa forma se evitan especulaciones y desviaciones sobre temas que atañen al interés nacional y corresponden al desarrollo del país.

Cuanto añora el pueblo tener, en este contexto político, un personaje con las cualidades y habilidades conciliadoras de Ramiro Prialé, hombre en cuya palabra se podía confiar y depositar fe en su autoridad. No tenemos una persona con esas cualidades por lo que hay que buscar una que se presente como mediador eficaz y me atrevo a proponer a José Murgia, presidente de la región de La Libertad y miembro del PAP, para el tema Conga. He mencionado antes  que el APRA es una de las primeras fuerzas políticas a orientar al pueblo con una posición coherente y  ya que no tiene ninguna responsabilidad por el conflicto social generado ni intención de intervenir  a favor de una u otra parte la alternativa del presidente de la región de La Libertad se presenta como una posibilidad latente por ser una región vecina, próspera y que ha sabido manejar con habilidad y utilidad las inversiones mineras.

 Más allá de las especulaciones políticas son cuestionables las autorizaciones judiciales jurídicamente por contravenir a la ley en tanto no se puede dar ese tipo de permisos a quienes tienen libertad condicional.

Queda claro que los jueces que fueron “portavoces de la independencia del poder judicial” a través de sus resoluciones deben responder claramente ante la oficina de control de la magistratura y demostrar que no tienen nada que perder al someterse ante el órgano  de control o ¿a caso hemos vuelto a la época en que el terrorismo podía comprar y negociar con jueces? o ¿habrá una vinculación entre ciertas ongs con esta fácil liberación de terroristas que todos sabemos siguen en actividad política?.

domingo, 12 de junio de 2011

La Columna de Odiseo- El Dilema del Indulto!


Enrique Valderrama

A raíz de las declaraciones del congresista Augusto Vargas en las que afirma que es factible un indulto al ex Presidente Alberto Fujimori se ha reanimado una polémica que data de algún tiempo atrás, la cual enfrenta a quienes creen que se debe ser
más severo en el trato con el reo en cuestión y quienes creen que no ó abogan por un tentativo indulto. Dicha polémica fue además avivada en la campaña electoral que acaba de finalizar con sendas denuncias que apuntaban a la DIROES como un centro de campaña de la candidata de Fuerza 2011.
Para abordar de manera adecuada el problema, en principio se deben sincerar las cosas respecto al trato existente que se le da al ex presidente identificando si en realidad existen beneficios ilegales en su condición y una flexibilidad indebida de la aplicación de las normas con él. Esto se lograría a partir de una investigación imparcial y pública que determinaría estos puntos y luego recién se podrían tomar medidas en base a certezas y no a especulaciones, haciendo de conocimiento de todos los peruanos lo que hay de verdad y de mito respecto a este caso.
Si se comprobase que existen dichos beneficios reñidos con la ley se debe aplicar las sanciones a quienes han permitido esta situación, además de suspenderle todo privilegio ilegítimo y trasladarlo a un establecimiento penitenciario en donde no le sea fácil repetir esta hipotética y triste ventaja respecto de los demás peruanos que también purgan sus condenas sin tener opción a ninguna influencia o prerrogativa.
En lo que concierne al indulto creo que dada la gravedad de los delitos cometidos por Fujimori, esta opción debe quedar más que descartada, siendo que va directamente contra los precedentes vinculantes, contra los principios de derecho internacional y contra la posición de la Corte Interamericana. Una iniciativa de este tipo nos pondría en una posición bastante incómoda y comprometedora con la comunidad internacional en lo concerniente a nuestros avances en materia de Derechos Humanos e institucionalidad democrática.
No olvidemos además que estamos ante un caso especial, pero lo característico de este no es que se trate de un ex presidente de la república si no más bien el de un ex dictador que devastó las instituciones democráticas, que propició un golpe militar que pretendía quedarse 15 años en el poder y que por sobre todo violó sistemáticamente derechos humanos. Por todo ello no se justifica en ningún sentido un trato preferente o la factibilidad de un indulto.
Hay que admitir no obstante que el punto no deja de ser delicado por las adhesiones que este político aún despierta, pero creo que hay que ser firmes y enérgicos y no caer en el argumento que muchos esgrimen que existe en un sector importante del pueblo peruano una afinidad con el reo Fujimori y que por ello el tema se debe tratar con otros ojos. Creo que en el Estado de Derecho, en la Democracia , en la constitución y en las leyes, reflejos del consenso nacional y de los representantes del pueblo, ellas mismas son el lente con el que se deben observar los procesos políticos y jurídicos en un país en el que recién empezamos a forjar tradición de instituciones democráticas y fuertes.
Si cayéramos en los cantos de sirena de este argumento nos veríamos en disyuntivas poco sencillas de afrontar, puesto que los estados emocionales pasajeros de la población se ven reflejados en muchas encuestas que incluso no dan validez al Congreso ni al Poder Judicial, que apoyaron abrumadoramente el golpe del 92; etc. Dejarnos llevar por esta demagogia pondría en peligro la tan preciada estabilidad, basamento para poder definir las políticas económicas y sociales que deben seguir llevándonos hacia el desarrollo.
Creo que es hora además de revalorar en su real dimensión el Acuerdo Nacional y partir de ahí seguir construyendo consensos, cumpliendo los fines para los cuales las fuerzas políticas confluyeron después de una ardua batalla para recuperar las libertades que fue negando a los ciudadanos el régimen de los 90´s. Sin duda estas intenciones recogidas en el Plan Perú 2021, elaborado por el CEPLAN deben tomarse con seriedad y el gobierno que acaba de salir electo debe tomarlas en cuenta. De no ser así, la sociedad civil desde sus fueros debe exigir explicaciones al respecto.
Por último quisiera señalar y pedir como militante aprista que nuestros representantes tengan más cuidado en sus declaraciones públicas, puesto que por más que se emita una opinión personal, ésta se debe meditar profundamente atendiendo a la grave crisis que aqueja al Partido y a los señalamientos que pesan sobre nosotros, muchas veces injustos, que tratan de relacionarnos con algún pacto para favorecer a la impunidad,es decir un pacto con aquellos que saquearon el Estado peruano y cercenaron la ética nacional y que además de ello intentaron destruir y calumniar el Partido del Pueblo, principal legado de Haya de la Torre al Perú y a la democracia latinoamericana.