El campeón electoral de la lucha contra la corrupción termina contra las cuerdas, arrinconado por el gobernante más corrupto de la historia republicana. El presidente Ollanta Humala hizo de la moral pública una bandera que enarboló incansablemente desde que entró en política, pero por una inexplicable estrategia, está a punto de negar los fundamentos éticos y jurídicos del estado de derecho.
En lugar de descartar de plano el pedido por improcedente y a confesión de parte, pues los mismos solicitantes reconocen que no está grave, el gobierno monta un escenario donde un acorralado presidente cree que oirá solamente la voz de su conciencia. Tan melodramática trama se aleja de las prácticas modernas de la democracia, que no pueden dejar de tomar en cuenta las leyes vigentes y las normas internacionales que el país suscribe.
Alberto Fujimori ha descubierto rápidamente el flanco débil de un mandatario inexperto, que cambió de caballos cruzando el río. Esa fragilidad le hace creer al inquilino de Palacio, que conseguirá llegar al 2016 con el apoyo del Fujimorismo e incluso, que podría prolongar el naciente poder familiar.
Tal hipótesis no toma en cuenta que si algún político ha degradado la palabra de honor, ese es el condenado Alberto Kenya. Lo hemos visto jurar por la Constitución y luego pisotearla, defender las empresas públicas y luego acabar con ellas, proclamar honradez y llevarse la plata en maletas.
Con toda seguridad que el sentenciado ya tiene sus pasajes al Japón, para evitar así una situación como la de Crousillat. Desde allí, con sus ingentes recursos, dirigirá su campaña electoral.
Si Humala le concede el indulto, de lo que sí puede estar seguro es que no cumplirá nada de lo acordado bajo la mesa. Al sentenciado solo le interesa salir de su cárcel dorada, manejar su partido, echar a los usurpadores y llegar de nuevo al poder. El Presidente, al dar el paso en falso, quedará para siempre como el cómplice que abrió la caja de Pandora.
Turista japonés comentando su última visita al Perú |
Con el indulto vendrá la anulación de la responsabilidad por los crímenes y el latrocinio cometidos. Los valores que fundamentan a la república y sus instituciones, quedarán ensombrecidos por la incertidumbre al consagrarse la impunidad.
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