En los días antecederos se han dado a conocer
argumentos insolventes: que se compró con las indemnizaciones del holocausto a
las que la señora Fernenbug, por ser judía, habría tenido acceso (ventaja que muchos sobrevivientes conocidos de
esa tragedia no han logrado en ninguna parte del mundo); que se sustenta con un crédito hipotecario (que no
figura en Registros Públicos); que fue con el dinero de unas herencias de sus ex-esposos
millonarios (que no se ha podido verificar), bueno… El caso procedió a una
evaluación de la fiscalía, que declarará, luego de la investigación, si es
necesario o no que el ex presidente y Josef Maiman (prestamista y aval del
préstamo bancario obtenido por la suegra en Costa Rica, con el que se compraron
los inmuebles) tengan o no que comparecer y declarar. El caso no derivó a una
Comisión de Investigación, porque la semana pasada el Congreso operó denegando su
implementación. Ante ello, el representante aprista Velásquez Quésquen, demandó
que se “debería formar una comisión
multipartidaria para dicha investigación debido a que la Comisión de
Fiscalización no estaría en la capacidad luego del triste espectáculo del
blindaje que dieron al ex mandatario”.
Hasta el momento, Toledo va a autorizar el levantamiento de su secreto
bancario, y dice que va a colaborar plenamente con las investigaciones
realizadas por el Ministerio Público. El ex mandatario sostiene que se está
incurriendo en un “linchamiento mediático contra su persona, producto de
intereses políticos”. A lo que Juan Sheput, dirigente de Perú Posible, bajo la
premisa que el gobierno está detrás, agrega que “se necesita una organización de inteligencia para coordinar. En estos
momentos hay una serie de ataques contra ex presidentes y posibles candidatos.
Vemos lo que le sucede a Alan García, César Acuña y a Toledo. Vemos cómo se trata de
desprestigiar a la clase política”. Habría que preguntar, ¿para favorecer a quién? Adivine el
lector.
Así está la situación, jodida.
Por un lado el desprestigio que suponen los “ataques” de campaña, contra ex
presidentes, en este caso Toledo, son evidentes. Sin embargo, son temas
legítimos de evaluar ante la sospecha y relevancia pública, no se pueden dejar
de investigar. Y sería sensato que se
investigue a Toledo como a García, por una responsabilidad estrictamente
democrática, mediante un proceder justo y transparente. Esperemos en Lima la
llegada de Alejandro Toledo a declarar y la pronta respuesta de las
investigaciones correspondientes. Aunque si se sigue el ritmo de la
Mega-Comisión investigadora del caso de García, entonces, aun “tenemos para
rato”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario