Estado y Religión. Por Agustín Haya de la Torre

Una serie de hechos de las últimas semanas sacan a luz un tema clave para la consolidación del Estado democrático en el Perú. Tiene que ver con la intromisión religiosa en la actividad pública.

La ausencia del Presidente en la misa navideña de la catedral, para evitar un sermón político de los que acostumbra el cardenal Juan Luis Cipriani cuando se apartan de su visión conservadora, ha encendido las alarmas.

El asunto no se resuelve por el lado de pedirle al militante del Opus Dei que se modere, ni a Humala que deje de lado sus convicciones. La Constitución garantiza la libertad de conciencia y, obviamente, la de expresión, por tanto ambos son libres. El problema surge cuando la Iglesia Católica en el Perú se entromete en los asuntos políticos y se siente con un derecho que nadie le ha otorgado, de querer imponer sus puntos de vista.

Como bien sabemos esto tampoco es una originalidad de monseñor, sino la vieja herencia del catolicismo de la Contrarreforma, que quiere seguir con los usos y costumbres de la Colonia. Lo logró durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX al consagrar contra la esencia de los valores republicanos, que el Estado tuviese una religión oficial con prescindencia de cualquier otra. Así condenó a lo más profundo del averno la libertad de pensamiento.

La religión se separó del Estado desde la Carta de 1979, dejando de lado artículos totalitarios del tipo: “la Nación profesa la religión católica”. El carácter mayoritario y el culto al poder, llevaron a que la iglesia de Roma pretenda no darse por enterada.

Los mal entendidos vienen de parte y parte, pues el Estado continúa en el error de considerar símbolos o ritos católicos en el protocolo oficial. Lo vemos en los enormes crucifijos que presiden instituciones y actos públicos, y hasta en una estrofa del himno, olvidada durante 150 años, que ahora resucita y es obligatorio entonarla cual salmo bíblico.

Esto que se repite en los países andinos, no sucede en la mayor parte de América Latina, donde el liberalismo republicano logró, desde temprano, la separación religiosa.

Un error serio de la administración es someter al visto bueno de las confesiones religiosas las políticas públicas. Sucede con el Plan Nacional de derechos humanos que este gobierno decidió revisar. Los clérigos ni cortos ni perezosos, nos endilgan el modelo sexual del Vaticano, tema en el que, como conocemos, dicho cónclave de célibes reclama autoridad. No sabemos si también el Ministerio de Justicia espera que el Sanedrín o el Consejo de Ayatolas se convenzan sobre el uso de anticonceptivos, pero la equivocación ya abrió de nuevo las puertas al conflicto.

No entender que el Estado es laico, que constitucionalmente garantiza la libertad de conciencia y de expresión, lleva también a un director de colegio público a pedir partida de bautizo para matricular a los alumnos. 

Defender la pluralidad y por ende la tolerancia, es una tarea clave para consolidar la democracia y la convivencia pacífica.