"la
empresa contamina y no se preocupa por el medio ambiente ni el desarrollo
local."
"el
Estado trabaja en favor de la empresa y es corrupto."
"las
Organizaciones Indígenas tienen líderes corruptos que usan a la población para conseguir sus propios intereses."
Estoy segura que al leer estas
afirmaciones existe un gran grupo de personas que está de acuerdo con alguna o todas ellas, salvo algún grupo susceptible que probablemente integre y/o labore en
alguno de los protagonista de las afirmaciones.
La pregunta es: ¿son ciertas? Ciertas o falsas, son afirmaciones generalizadas en una cultura política del descredito. ¿Cuál descrédito?
Se cree que el Estado está más cerca y/o al servicio de
la empresa y no de los peruanos de las áreas de influencia directa e indirecta. Se cree que las
empresas piensan lo mismo, y que cada vez que afrontan una dificultad el Estado
"trabaja para ellos".
Se considera al Estado como un ente
laxo en las regulaciones, supervisión,
ejecución de penas, y sobre todo
corrupto y hasta incompetente. Esto no solo lo creen las ONG´S, es un discurso que manejan las empresas en lo privado. Las
mismas empresas que reclaman por las "vallas burocráticas", mejores incentivos económicos para la inversión y el "retraso y riesgo" que implica la Consulta
Previa.
Por otro lado, se cree que los
dirigentes indígenas son unos
"comechados" que solo quieren dinero, y que cuando no sucumben ante
"chantajes" o "caprichos" les "arman" un
conflicto y/o protesta que depara en violencia.
Se cree que el Estado es incapaz y
falto de interés con su propio pueblo.
Cada vez que llega una empresa extractiva se encuentra que no hay colegio, no
hay posta, no hay luz, no hay nada. Y si hay algo, está en condiciones tan pauperrimas que son indignas para la
gente. Se sienten incómodos
y acorralados ante las demandas (hacia ellos) por parte de la población carente de servicios básicos. La empresa cree que la incompetencia y desinterés del Estado se refleja en lo poco o nada que el Estado
invierte en las áreas de influencia directa
e indirecta con la plata del Canon.
La población no cuestiona el rol del Estado frente a sus necesidades,
puesto que siempre se han sentido "abandonados". No son conscientes
que a quien deben solicitar (exigir) servicios básicos no es a la empresa, sino a su propio gobierno local y/o
regional.
El recuento público de todas estas afirmaciones "privadas" puede
ser considerado "políticamente
incorrecto", sin embargo, es inevitable no aceptar que están ahí,
en la atmósfera que respiramos.
Caer en la parsimonia frente a ellas
nos lleva a la aceptación,
la convivencia y el reforzamiento de esta "mala imagen" y la política del descrédito.
Ésta es una de las
principales barreras a la inversión.
Estamos todos claros en que sin confianza
no se puede invertir. Y la confianza viene de todos los frentes: social,
económico, político.
Es importantísimo entonces establecer el clima y la relación de confianza entre los actores que involucran el campo de
la inversión, sobre todo la
extractiva. Si usted integra uno de estos grupos, habría antes que sentirnos ofendidos o disgustados, preguntarnos
qué paso ¿Por qué
nos encontramos en esas frases? (que se repiten en boca de todos) ¿Qué estamos haciendo para
salir de esta situación?
Si frente a la segunda pregunta, no
tenemos respuesta, pues quizá
esa sea la respuesta.
El siguiente periodo electoral nos
llega con lluvia de propuestas, alianzas bajo la mesa y sobre ella. No debemos
dejar de lado la política del Estado para la
superación del descredito en el que
se encuentra.
¿Cuál es la tarea de nuestro
próximo presidente? Para
superar el descredito el Estado debe Fortalecerse. Fortalecer al Estado
significa fortalecer sus instituciones. Ojo, un Estado más fuerte no es un Estado más grande, pero sí más eficiente.
El Ministerio de Energía y Minas debe ser fortalecido. Las áreas que promueven y supervisan la inversión extractiva del país
deben contar con experticia no solo basada en la experiencia (que es mala) sino
también de formación (enfoque intercultural y de prevención de conflictos). Las instituciones no son el concreto que
vemos por fuera, son las personas que las conforman, las decisiones y la manera
en cómo se ejecutan recae en
nuestros funcionarios públicos.
Lamentablemente, tenemos una sobre dosis de visión ingenieril y economicista en el manejo de la política social de las inversiones.
Es imperativo fortalecer también la ONDS, como ente rector de la política de prevención y
manejo de los conflictos sociales. Dejar de ser un bombero, porque esto es
completamente ineficaz para acabar con los problemas. Comencemos a mirar las
causas, a trabajar bajo lógicas
de prevención.
Logremos ser más fuerte, y coordinar (de forma efectiva). La ONDS debe
aliarse y trabajar en conjunto con la Defensoría del Pueblo (con sus adjuntías de Medio Ambiente y Conflictos Sociales) y con el MEM.
El equipo
del Estado debe y tiene que ser el mejor. Funcionarios de comprobable y
reconocida ética profesional,
verdadera vocación de servicio, meritocracia,
y amor por el país. Todos queremos un buen
sueldo, pero para entregar tu sudor y ser digno del salario que se recibe de
todos los peruanos, tiene que haber amor en esa entrega. Es más difícil
corromper a un funcionario de verdadera vocación que a alguien que está en el Estado mientras espera que se le abra una puerta en
las empresas privadas (que supervisa).
Fortalezcamos nuestra eficiencia en
las sanciones (OEFA). Ninguna empresa quiere ser sancionada, pero tampoco
queremos que como Estado nos vean "laxos y corruptibles". Menos
queremos que nuestra población,
a quienes queremos que acepten gustosamente a la empresa y su proyecto de
inversión crean que a la hora de
sancionar somos "buenos".
Si se comprueba la eficacia de la
sanción se reduce la motivación de la falta, esta es una lógica sencilla (incentivos y desincentivos). El que haya
mayores desincentivos para cometer faltas, nos ayuda a reducirlas, mejorando la
imagen de las inversiones y del Estado, es decir, ganamos todos.
También incorporemos mecanismos (claros y tangibles) de rechazo y
sanción para aquellos
funcionarios cuyas faltas comprobadas colaboran con la política del descredito y corrupción.
Finalmente, exijamos y entreguemos
cuentas claras. La política
de rendición de cuentas (de forma pública) para proyectos extractivos reforzará los mecanismos de confianza.
Yo sí creo en la Inversión
Responsable, en términos sociales y
ambientales. Lamentablemente, como ciudadana peruana, para mí la responsabilidad de que así sea no recae en la buena voluntad de las empresas que
quieren hacer las cosas "bien", sino en la confianza que necesito
tener en el Estado para que así
sea.
El Estado debe dejar de actuar bajo
una lógica de bombero frente a
los conflictos sociales, y fortalecer los mecanismos para la confianza social.
Repito, sin confianza política,
social y económica no se puede invertir.
Finalmente, dejo abierta la invitación al Estado, a la empresa y a los dirigentes indígenas para que el próximo
periodo sea un nuevo inicio, y demostremos a todos que las afirmaciones que
abren este articulo son completamente erradas.
Buen domingo,
Claudia Ramírez Farro.
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