En el inconstitucional propósito de acabar con la autonomía universitaria, la Comisión de Educación del Congreso de la República discute un dictamen que propone la creación de una Autoridad Nacional de Educación Universitaria, integrada por nueve miembros, de los cuales solo cuatro provienen de las universidades.En el artículo 13 del dictamen se le da la categoría de ente rector, por lo que queda convertida en la máxima autoridad; con potestades para nombrar, regular, coordinar, fiscalizar, autorizar o cerrar universidades, facultades, escuelas, postgrados, programas y diplomados.
De sus integrantes, la mayoría proviene de organismos extraños al quehacer académico: tres directamente del gobierno de turno (uno del MEF, otros del MINEDU y del CONCYTEC) y los dos restantes de los colegios profesionales y de la Confiep. A los representantes de la universidad se les exige grado de doctor y veinte años de experiencia. A los de la mayoría, nada.
Un pequeño grupo de activistas del partido que gobierne, sumado a dirigentes gremiales, sin educación superior o sin producción científica, asume el poder de regir a todas las universidades del país en todos sus aspectos. Los promotores del estropicio saben que así las someten a procesos de control completamente ajenos a la creación de conocimiento.
El supuesto intento de mejorar la calidad cae por los suelos cuando eliminan las tesis en las maestrías y disminuyen los requisitos para acceder al doctorado. Tampoco podría decirse que van a suprimir el lucro en la educación superior, pues el concepto no aparece por ningún lado.
Como señalamos, el bajo nivel de la educación en el Perú es dramático, pero no se soluciona desde el autoritarismo y la violación de la autonomía. La universidad es el campo de la investigación y la producción de conocimiento, para lo cual requiere como requisito fundamental no someterse al poder político ni al poder económico.
Por el contrario, en las democracias contemporáneas la independencia de la vida académica para la creación científica y la formación profesional constituye un soporte básico. En la cuestión de la acreditación, el dictamen no consigna uno solo de los criterios utilizados por las clasificadoras de más alta calidad en el mundo, que se refieren a la aplicación de métodos bibliométricos y cibermétricos, que miden las publicaciones impresas o electrónicas de sus docentes y su repercusión en los ámbitos universales del conocimiento.
El Estado debe preocuparse por generar las condiciones para que las universidades peruanas mejoren en esa clasificación. Ello no se consigue con “autoridades” integradas por amigos del régimen sin trayectoria académica, sino otorgándole a las públicas presupuestos adecuados que permitan una plana solvente de profesores y garantizándoles a todas la plena libertad cultural. La coordinación autónoma de las universidades peruanas debe fijar como objetivo el cumplimiento de los requisitos de la comunidad universitaria internacional.
