Autonomía para la universidad. Por Agustín Haya de la Torre

La prueba PISA y los rankings internacionales sobre las universidades muestran la precariedad de la educación en el Perú. No solo no formamos adecuadamente a nuestros niños y adolescentes, sino que tampoco somos capaces de darles una educación superior de nivel.



Los resultados no son gratuitos, devienen directamente de un modelo impuesto en los noventa que supone que todo lo asigna el mercado, que en el caso peruano llevó a despreciar de nuevo la educación pública. Paradójicamente los promotores ideológicos de tan penosa situación insisten en atribuir el fracaso a lo público, a cuya mejora presupuestal suelen oponerse por principio. Generan así un círculo perverso que produce una enseñanza muy deficiente.

La mayoría de comentaristas de los exámenes de la OCDE cree que todo se soluciona con más privatización, incluso proponen, desubicados, el modelo de Pinochet, fracasado estrepitosamente en Chile, que acabó por aumentar la desigualdad y deteriorar una educación tradicionalmente de nivel a límites casi peruanos.

En el caso de las universidades la varita mágica la colocan por el lado de la acreditación ministerial, para lo cual ya funciona una entidad que ahora tratan de consagrar en la propuesta superintendencia universitaria. Decenas de indicadores formales, básicamente de carácter administrativo, aparecen como requisito.



La confusión entre formas de gestión y la esencia misma de la universidad, que es la producción de conocimiento, traerá una vez más consecuencias nefastas. La exigencia histórica de las universidades clásicas fue siempre la autonomía del poder para conseguir las condiciones que garanticen la creación científica. El conocimiento nace de la libertad y la investigación tampoco puede sujetarse a la inmediatez del costo beneficio, por la razón elemental de que su sustento es el ensayo y el error.

“La universidad es lo que publica”, dice un viejo adagio, por ello que las clasificaciones válidas toman como eje central los criterios bibliométricos, es decir lo que sale a luz en revistas científicas y en los libros de los investigadores, como resultado de su trabajo. La calidad de la formación profesional proviene de dicho contexto, que supone la generación de condiciones para que el profesor sea sobre todo un investigador.

La prestigiosa Asociación Alemana de Sociología acaba de lanzar una crítica demoledora contra la acreditación administrativista, que llega al extremo de aplicar los estándares ISO para las universidades como si fueran empresas productivas. Felizmente que las universidades de excelencia en el mundo promueven la evaluación científica sobre la base de resultados bibliométricos y el reconocimiento internacional. 

Una buena gestión es necesaria, qué duda cabe, pero el control burocrático jamás reemplazará la investigación ni la producción de conocimientos, que requieren libertad, por tanto autonomía del poder político y económico.                                

Mala educación. Por Agustín Haya de la Torre

El último ranking sobre la calidad de la educación en 65 países publicado por la OCDE, vuelve a
ubicar al Perú en el último puesto. La prueba que evalúa a los estudiantes en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, coloca a nuestros alumnos a distancia considerable del promedio.

Desde el 2001 en que empezó a tomarse quedamos al fondo de la tabla y en algún momento al gobierno de turno no se le ocurrió mejor cosa que suspender su aplicación. Todos los años en los más importantes eventos públicos y privados el tema ocupa lugar prioritario en la agenda, sin que hasta ahora pueda corregirse nada.

La crisis la arrastramos de mucho tiempo pero se agravó con el peso ideológico que alcanzó el neoliberalismo criollo en los años noventa. La educación fue colonizada por el mercado, asumiéndose que debía orientarse hacia el “emprendedurismo” para lo cual debía aligerarse el contenido de la currícula, a fin de no hacer perder el tiempo a los estudiantes en tan mercantil propósito.




El esquema profundizó el abandono de la educación pública, ya bastante venida a menos, lo que generó una penosa combinación de maestros mal pagados con derechos sociales recortados, pésima infraestructura y cursos simplificados que dejaban de lado aspectos fundamentales de la enseñanza en ciencias y humanidades.

Los países que encabezan los rangos educativos en el mundo, entienden la educación como un derecho fundamental a cargo del Estado, prácticamente gratuita para favorecer la igualdad. La iniciativa privada, cuando existe, es concertada con la autoridad.

Los cursos en los diferentes niveles promueven una formación científica y humanista, a partir de una exigente calificación del maestro. Incluso en el nivel técnico reciben una instrucción rigurosa y de calidad, en sociedades donde el valor predominante es la igualdad, donde la lectura es una costumbre.

Cursos básicos en los colegios peruanos desaparecieron desde los noventa, fenómeno que junto con la menor exigencia y el desprecio por la lectura culta en un país sin bibliotecas, nos ha llevado al desastre.

Resulta impresionante la negación de las élites nativas de la educación pública, maltratada por la equivocada percepción de que solo es una educación para pobres y por tanto nunca pasará de una pobre educación, salvo que se privatice.

No hay que descubrir la rueda para mejorar nuestro bajo nivel educativo. Basta con entender cómo consiguen un alto grado de calidad quienes ocupan por décadas los puestos de vanguardia. Ello exige un radical cambio de mentalidad que retome la enseñanza de las ciencias y las humanidades a partir de las fronteras del conocimiento y el impulso de la cultura. Tarea que corresponde al Estado como una de sus principales responsabilidades soportado por el consenso social.

Un acuerdo de fondo en el tema resulta vital si no queremos que el crecimiento solo sea uno de baja calidad, con una sociedad inculta y sin normas, lo que ahondará la desigualdad y nos marginará en la globalización.

La universidad arrinconada - Por Agustín Haya de la Torre

En el inconstitucional propósito de acabar con la autonomía universitaria, la Comisión de Educación del Congreso de la República discute un dictamen que propone la creación de una Autoridad Nacional de Educación Universitaria, integrada por nueve miembros, de los cuales solo cuatro provienen de las universidades.

En el artículo 13 del dictamen se le da la categoría de ente rector, por lo que queda convertida en la máxima autoridad; con potestades para nombrar, regular, coordinar, fiscalizar, autorizar o cerrar universidades, facultades, escuelas, postgrados, programas y diplomados.

De sus integrantes, la mayoría proviene de organismos extraños al quehacer académico: tres directamente del gobierno de turno (uno del MEF, otros del MINEDU y del CONCYTEC) y los dos restantes de los colegios profesionales y de la Confiep. A los representantes de la universidad se les exige grado de doctor y veinte años de experiencia. A los de la mayoría, nada.

Un pequeño grupo de activistas del partido que gobierne, sumado a dirigentes gremiales, sin educación superior o sin producción científica, asume el poder de regir a todas las universidades del país en todos sus aspectos. Los promotores del estropicio saben que así las someten a procesos de control completamente ajenos a la creación de conocimiento.

El supuesto intento de mejorar la calidad cae por los suelos cuando eliminan las tesis en las maestrías y disminuyen los requisitos para acceder al doctorado. Tampoco podría decirse que van a suprimir el lucro en la educación superior, pues el concepto no aparece por ningún lado.
Como señalamos, el bajo nivel de la educación en el Perú es dramático, pero no se soluciona desde el autoritarismo y la violación de la autonomía. La universidad es el campo de la investigación y la producción de conocimiento, para lo cual requiere como requisito fundamental no someterse al poder político ni al poder económico.

Por el contrario, en las democracias contemporáneas la independencia de la vida académica para la creación científica y la formación profesional constituye un soporte básico. En la cuestión de la acreditación, el dictamen no consigna uno solo de los criterios utilizados por las clasificadoras de más alta calidad en el mundo, que se refieren a la aplicación de métodos bibliométricos y cibermétricos, que miden las publicaciones impresas o electrónicas de sus docentes y su repercusión en los ámbitos universales del conocimiento.

El Estado debe preocuparse por generar las condiciones para que las universidades peruanas mejoren en esa clasificación. Ello no se consigue con “autoridades” integradas por amigos del régimen sin trayectoria académica, sino otorgándole a las públicas presupuestos adecuados que permitan una plana solvente de profesores y garantizándoles a todas la plena libertad cultural. La coordinación autónoma de las universidades peruanas debe fijar como objetivo el cumplimiento de los requisitos de la comunidad universitaria internacional.