Constitución de 1979. Por Agustín Haya de la Torre

Treinta y cuatro años atrás se firmó la mejor Constitución de nuestra historia republicana. La mano agónica de Víctor Raúl Haya de la Torre dejaba su huella definitiva y rescataba, en ese acto final, el sentido que para los griegos tenía la agonía: lucha, combate.

La Asamblea Constituyente significó un proceso de refundación de la República, donde se propuso que el Estado surgiera de los derechos fundamentales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuya formación Haya de la Torre participó como representante del Perú, fue la piedra basal de la carta política. Los asambleístas, elegidos libremente, decidieron que el Perú se incorpore al proceso de universalización de la libertad y la democracia, inaugurado por la fundación de las Naciones Unidas tras el fin de la II Guerra Mundial.

Al convertir a la persona en el fin supremo de la sociedad y del Estado y repudiar la explotación del hombre por el hombre y del hombre por el Estado, la política adquiere un nuevo sentido. Entonces el arte de la convivencia busca como metas permanentes la libertad y la igualdad, partiendo del reconocimiento de que todas las personas son dignas e iguales en libertad y derechos. El texto recoge los más avanzados preceptos en el reconocimiento de la dignidad de las personas, en cuanto a las libertades civiles y políticas, en el reconocimiento de los derechos sociales y la protección de las personas y en la defensa de la economía social y el desarrollo sostenible.

Los avatares de la política trajeron como consecuencia que la década inicial de su andadura se cruzara con la guerra terrorista de Sendero Luminoso y la crisis de la deuda externa. Cuando el Perú salía de su más larga dictadura militar, un grupo de enemigos de la democracia emprendió una guerra feroz y sin tregua.

No fue el espíritu de la Carta la que impidió su defensa, sino que la crisis, por errores de las fuerzas constitucionales, permitió que un oportunista ganara en las elecciones de 1990. El curso democrático fue torcido por un golpe de Estado que nos hizo retroceder a otra dictadura.

El régimen cívico militar alimentado por el neoliberalismo, puso en el blanco la Constitución democrática. Redujo derechos ciudadanos y sociales, eliminó la bicameralidad, disolvió los gobiernos regionales y el tribunal constitucional. En el extremo, tergiversó el concepto del Estado subsidiario, propio del derecho administrativo, para convertirlo en un aspecto clave del neoliberalismo, al prohibir la actividad económica del Estado.

Los derechos humanos traducidos en la política internacional, permiten desde los años cincuenta del siglo

pasado, la formulación de una serie de pactos y convenios que generan las condiciones para su realización. La propuesta del desarrollo humano integral, posibilita que el consenso de las naciones trate de eliminar la pobreza mientras se crea un mejor clima para las capacidades del ser humano.

La Constitución de 1979 resulta entonces una propuesta para el futuro.                                 

Estado y Religión 2. Por Agustín Haya de la Torre

La primera constitución del Perú, promulgada en 1823, señalaba en su artículo 8 que: “La religión de la República es la Católica, Apostólica, Romana con exclusión del ejercicio de cualquier otra” y a renglón seguido sancionaba el deber de la Nación de protegerla de acuerdo al Evangelio y “de cada habitante del Estado de respetarla inviolablemente”.

Así, durante más de media docena de constituciones durante el siglo XIX, el carácter confesional del Estado persistió. La república nació maltrecha, sin ciudadanía, que la feudalidad ahogaba y sin libertad de conciencia, que el catolicismo prohibía. El debate no fue escaso pero los liberales fueron una y otra vez derrotados por los conservadores que asumieron el rezago colonial como seña de identidad. 

Existieron liberales de fuste, “amamantados en la leche del Contrato Social” como reflexiona Raúl Porras Barrenechea; incluso sacerdotes que propugnaban la república plena de derechos y libertades sin desmedró de su fe. a herencia colonial siempre salió vLictoriosa. De las pocas batallas que se ganaron, las actas parlamentarias registran la eliminación del fuero eclesiástico en la Carta de 1860. La brillante hornada de liberales encabezada por los hermanos Pedro y José Gálvez, venció a Bartolomé Herrera, clérigo conservador y enemigo de la independencia. 

También en 1920 la que impulsa la modernización de Augusto Leguía, proclama que la Nación profesa la religión Católica con prescindencia de cualquier otra. Tras más de una década de cambios y convulsiones sociales, la de 1933 todavía le rinde culto al pasado. En su artículo 123 inciso 10, el poder Legislativo elige a los arzobispos y obispos en doble terna propuesta por el Ejecutivo. Además una serie de artículos consignan privilegios públicos para la Iglesia Católica, algunos de los cuales hasta ahora subsisten protegidos por un extraño pacto de silencio.

Recién con la Constitución de 1979 se consagra como derecho fundamental la libertad de conciencia y de religión, definiendo sin ambages la autonomía e independencia del Estado frente a la Iglesia. Los constituyentes creyeron que resultaba necesario reconocer el aporte histórico de la iglesia romana a la formación nacional. 

Los mismos términos se reiteran en 1993, con lo que la república avanza a la plenitud de su concepto. El Estado se refunda sobre la doctrina de los derechos humanos, y las libertades civiles y políticas encuentran una expresión más clara.


Los representantes de las corrientes conservadoras del Vaticano siguen sin aceptar el carácter laico y los valores republicanos. En la práctica extienden la ambigua noción en que el Estado “le presta su colaboración” a los privilegios de la carta derogada de 1933. De allí su presencia activa en los actos públicos y su injerencia en las políticas públicas, en especial en las de derechos humanos, salud y Educación, donde siempre tratan de imponer sus particulares creencias religiosas sin respetar La Libertad de conciencia.

Estado y Religión. Por Agustín Haya de la Torre

Una serie de hechos de las últimas semanas sacan a luz un tema clave para la consolidación del Estado democrático en el Perú. Tiene que ver con la intromisión religiosa en la actividad pública.

La ausencia del Presidente en la misa navideña de la catedral, para evitar un sermón político de los que acostumbra el cardenal Juan Luis Cipriani cuando se apartan de su visión conservadora, ha encendido las alarmas.

El asunto no se resuelve por el lado de pedirle al militante del Opus Dei que se modere, ni a Humala que deje de lado sus convicciones. La Constitución garantiza la libertad de conciencia y, obviamente, la de expresión, por tanto ambos son libres. El problema surge cuando la Iglesia Católica en el Perú se entromete en los asuntos políticos y se siente con un derecho que nadie le ha otorgado, de querer imponer sus puntos de vista.

Como bien sabemos esto tampoco es una originalidad de monseñor, sino la vieja herencia del catolicismo de la Contrarreforma, que quiere seguir con los usos y costumbres de la Colonia. Lo logró durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX al consagrar contra la esencia de los valores republicanos, que el Estado tuviese una religión oficial con prescindencia de cualquier otra. Así condenó a lo más profundo del averno la libertad de pensamiento.

La religión se separó del Estado desde la Carta de 1979, dejando de lado artículos totalitarios del tipo: “la Nación profesa la religión católica”. El carácter mayoritario y el culto al poder, llevaron a que la iglesia de Roma pretenda no darse por enterada.

Los mal entendidos vienen de parte y parte, pues el Estado continúa en el error de considerar símbolos o ritos católicos en el protocolo oficial. Lo vemos en los enormes crucifijos que presiden instituciones y actos públicos, y hasta en una estrofa del himno, olvidada durante 150 años, que ahora resucita y es obligatorio entonarla cual salmo bíblico.

Esto que se repite en los países andinos, no sucede en la mayor parte de América Latina, donde el liberalismo republicano logró, desde temprano, la separación religiosa.

Un error serio de la administración es someter al visto bueno de las confesiones religiosas las políticas públicas. Sucede con el Plan Nacional de derechos humanos que este gobierno decidió revisar. Los clérigos ni cortos ni perezosos, nos endilgan el modelo sexual del Vaticano, tema en el que, como conocemos, dicho cónclave de célibes reclama autoridad. No sabemos si también el Ministerio de Justicia espera que el Sanedrín o el Consejo de Ayatolas se convenzan sobre el uso de anticonceptivos, pero la equivocación ya abrió de nuevo las puertas al conflicto.

No entender que el Estado es laico, que constitucionalmente garantiza la libertad de conciencia y de expresión, lleva también a un director de colegio público a pedir partida de bautizo para matricular a los alumnos. 

Defender la pluralidad y por ende la tolerancia, es una tarea clave para consolidar la democracia y la convivencia pacífica.

Comentarios Sueltos - ¡Fortalezcamos el Estado laico!

José Faustino

Dos temas han coincidido en las últimas semanas para demostrar la débil comprensión en la ciudadanía y el poder, del carácter laico del Estado. Por un lado una estatua de Cristo fue colocada por el gobierno en el Morro Solar, mientras que activistas aimaras quieren declarar al sur de Puno libre de actividad minera para no molestar a los apus.

Si bien es cierto que las muestras de idolatría estatal son obsoletas, superadas por la propia teología católica, aquí hemos visto cómo se asume desde el poder una creencia religiosa. Como si siguiera vigente aquel resabio decimonónico de la Constitución de Leguía, que decía: “La Nación profesa la religión Católica, Apostólica y Romana” y como si Víctor Raúl Haya de la Torre, no hubiese encabezado las jornadas del 23 de mayo de 1923 contra la consagración del Perú al Corazón de Jesús.

El sólo hecho de usar la autoridad política para ocupar el espacio público con ese gigantesco acrílico, es una violación de la neutralidad religiosa del Estado y un atentado contra la libertad de conciencia, que debe de ser garantizada en igualdad de condiciones.  El espacio público es de todos mientras que la religión es una opción individual.

Muchos aún confunden ser una religión mayoritaria desde la colonia, con la vocación de imponer ritos, creencias y conductas, sobre toda la sociedad. Esto no es así. Si bien el catolicismo de la Contrarreforma moldeó la sociedad desde el virreinato, la república avanzó hasta incorporar derechos fundamentales como la libertad de culto y sobre todo la libertad de conciencia en nuestras constituciones. Esto sucedió con cierta tardanza en pleno siglo XX, cuando en la Carta de 1933 se abandona definitivamente al catolicismo como religión oficial.

Fuera de gustos, ¿es bueno esto para el país que queremos?

En el momento en que se establece la libertad de conciencia, los dogmas religiosos se convierten en creencias particulares y es cuando la pluralidad y la tolerancia son  los principios que garantizan la convivencia social. 

En estos mismos días se puso en la agenda la protesta de grupos puneños contra la minería formal. Con argumentos parecidos a los que se vienen usando desde hace un buen tiempo, en el sentido de que la explotación de recursos naturales afecta a la Madre Tierra y a los Apus, sus reivindicaciones parten de una cultura comunitaria que suponen, debe ser aceptada por toda la nación. Esta es también una postura radicalmente equivocada.

Como afirma Iztevan Todorov, la cultura comunitaria es bienvenida en la democracia siempre y cuando no imponga sus particularidades a todos, porque entonces pretenderá privilegios que generan desigualdad e intolerancia.

Una ideología más o menos religiosa es un  derecho. Esto es una opción; nunca un deber, una obligación. Si se asumiera este criterio, quienes lo propugnan se transforman en integristas, y hacen que la violencia sea parte inevitable de su acción. Es la misma postura que adoptaba Sendero Luminoso, depositario de la verdad incrustada en la testa de Abimael Guzmán.

Hay quienes quieren poner la intolerancia de moda

Este es el punto de vista que desde Bagua han querido convertir en verdad irrefutable. Es decir que quien tiene una “cosmovisión” para seguir la pauta del viejo romanticismo alemán, tiene derecho no sólo a identificarse como una de sus opciones, sino a obligar a los demás a seguirla.

Hay quienes piensan que los conflictos originados en estas cosmovisiones particulares son esencialmente justos y no se dan cuenta que al admitirlo, fomentan la desigualdad y se vuelven enemigos de la tolerancia. Es decir el diálogo se hace inútil y el consenso desaparece porque sólo admiten su “Weltanschaung”. Lo que permite la convivencia de la pluralidad de ideas en cualquier sociedad es precisamente la democracia constitucional, sustentada en el reconocimiento de esos derechos fundamentales. La libertad es la base común, lo que compromete a todos en su respeto y ejercicio. Las opciones, múltiples y diversas, dependen de cada persona.

La debilidad del Estado laico en el Perú tiene razones históricas y eso hace de su fortalecimiento un reto ciudadano y republicano. No sólo ha sido el enorme peso de la Iglesia de Roma, sino la falta de continuidad democrática que ha impedido la existencia de una fuerte identidad constitucional, propia de una sociedad secularizada. De allí el terrible daño que causan las dictaduras, que hacen de esa forma de gobierno, como decía Platón, “la gangrena última del Estado”.