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jueves, 18 de julio de 2013

Constitución de 1979. Por Agustín Haya de la Torre

Treinta y cuatro años atrás se firmó la mejor Constitución de nuestra historia republicana. La mano agónica de Víctor Raúl Haya de la Torre dejaba su huella definitiva y rescataba, en ese acto final, el sentido que para los griegos tenía la agonía: lucha, combate.

La Asamblea Constituyente significó un proceso de refundación de la República, donde se propuso que el Estado surgiera de los derechos fundamentales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuya formación Haya de la Torre participó como representante del Perú, fue la piedra basal de la carta política. Los asambleístas, elegidos libremente, decidieron que el Perú se incorpore al proceso de universalización de la libertad y la democracia, inaugurado por la fundación de las Naciones Unidas tras el fin de la II Guerra Mundial.



Al convertir a la persona en el fin supremo de la sociedad y del Estado y repudiar la explotación del hombre por el hombre y del hombre por el Estado, la política adquiere un nuevo sentido. Entonces el arte de la convivencia busca como metas permanentes la libertad y la igualdad, partiendo del reconocimiento de que todas las personas son dignas e iguales en libertad y derechos. El texto recoge los más avanzados preceptos en el reconocimiento de la dignidad de las personas, en cuanto a las libertades civiles y políticas, en el reconocimiento de los derechos sociales y la protección de las personas y en la defensa de la economía social y el desarrollo sostenible.

Los avatares de la política trajeron como consecuencia que la década inicial de su andadura se cruzara con la guerra terrorista de Sendero Luminoso y la crisis de la deuda externa. Cuando el Perú salía de su más larga dictadura militar, un grupo de enemigos de la democracia emprendió una guerra feroz y sin tregua.

No fue el espíritu de la Carta la que impidió su defensa, sino que la crisis, por errores de las fuerzas constitucionales, permitió que un oportunista ganara en las elecciones de 1990. El curso democrático fue torcido por un golpe de Estado que nos hizo retroceder a otra dictadura.

El régimen cívico militar alimentado por el neoliberalismo, puso en el blanco la Constitución democrática. Redujo derechos ciudadanos y sociales, eliminó la bicameralidad, disolvió los gobiernos regionales y el tribunal constitucional. En el extremo, tergiversó el concepto del Estado subsidiario, propio del derecho administrativo, para convertirlo en un aspecto clave del neoliberalismo, al prohibir la actividad económica del Estado.

Los derechos humanos traducidos en la política internacional, permiten desde los años cincuenta del siglo
pasado, la formulación de una serie de pactos y convenios que generan las condiciones para su realización. La propuesta del desarrollo humano integral, posibilita que el consenso de las naciones trate de eliminar la pobreza mientras se crea un mejor clima para las capacidades del ser humano.

La Constitución de 1979 resulta entonces una propuesta para el futuro
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