Fujimori y Atahualpa. Por Agustín Haya de la Torre

La nueva generación de universitarios peruanos tenía menos de diez años cuando Alberto Fujimori fugó vergonzosamente del país, a raíz de la difusión del video donde su gobierno compraba en dinero contante y sonante la adhesión del parlamentario de Perú Posible Alberto Kouri Bumachar. La escena de los treinta mil dólares entregados resultaba apenas la punta del iceberg. De allí en adelante la ciudadanía pudo ver asombrada decenas de videos en los que por primera vez en la historia, quedaba registrada la compra con recursos públicos de empresarios, políticos y periodistas.

Costales de dinero saqueado del fisco quedaron grabados para sorpresa del mundo entero y afrenta de los peruanos. No eran discretos sobres al estilo de las películas de gánsteres ni la promesa del depósito en alguna lejana cuenta secreta. Se trataba cada vez, de un cerro de billetes que para acarrearlo, los vendidos necesitaban bolsas y hasta maletas.

¿Cuánto sumó lo robado al fisco? No hay una cifra precisa pues las investigaciones no culminan. De lo exhibido hay que calcularlo por metros cúbicos, dejando constancia que la gran mayoría de los videos del latrocinio no han sido revelados. Están ocultos sin otra razón que no sea la de proteger a ciertos poderosos. Además los testimonios sobre las maletas llenas de dólares enviadas regularmente a Japón y los indicios de las indagaciones hechas por firmas especializadas, dan cuenta de que el monto andaría entre los 2,700 millones de dólares y los 6 mil millones que denuncia Mario Vargas Llosa.

Para que los jóvenes estudiantes tomen nota de la magnitud del delito, comparémoslo con lo que Francisco de Jerez, autor de “La verdadera relación de la conquista del Perú” publicada en Sevilla en 1534, registró del tesoro entregado por el Inca para su rescate. Alcanzaba un monto de 1.326,539 pesos castellanos de oro y 51,610 marcos de plata, que según precisó Mariano Moreyra Paz Soldán en 1943, equivalían a 5,971 kilos de oro y a 11,041 kilos de plata fina.

A precios actuales esa cantidad de oro se valoriza en unos 344 millones de dólares y la plata en 13 millones de dólares. El cuarto del rescate repleto hasta donde se empinó el brazo de Atahualpa, a precios de mercado, suma en total 357 millones de dólares. Los estudiosos siempre consideraron esa cantidad como uno de los botines de guerra más grandes de la historia universal. Hasta ahora la peruanidad se hunde en una melancólica depresión cada vez que recordamos el drama de la conquista por el saqueo cometido.

Todo el esfuerzo del gran emperador para recolectar lo que se encontrara de oro y plata en el poderoso Tahuantinsuyo, empalidece ante el asalto de Fujimori. Esas decenas de millones de Cajamarca, son de menor cuantía frente a lo acumulado por los ladrones que capturaron el poder en los años noventa. Incluso lo devuelto, que si bien se acerca a las dos terceras partes del cuarto del rescate, es apenas un décimo de lo robado, sumergido en los misterios del Oriente.

Capitalismo de amigotes. Por Agustín Haya de la Torre

El reciente número de la revista The Economist analiza la relación entre política y negocios para referirse al “crony capitalism”, el capitalismo de los amigotes. Toma como ejemplo la reciente caída del primer ministro de Ucrania, Víktor Yanukóvich, a quien le descubren un piso en la zona más cara de Londres.

En un rápido repaso, el artículo recuerda cómo en las últimas décadas, y sobre todo desde la ola de privatizaciones y la desregulación en las economías emergentes, el poder político apaña una nueva clase de magnates. El recuento de las situaciones que crea a los nuevos oligarcas nos lleva de Rusia a la India, de Turquía al este de Europa, en un cartabón que repite las mismas características y provoca indignación en las sociedades afectadas.

Potencias en ascenso sufren el fenómeno de lo que Paul Krugman llama los “ricos indignos”. En China un tercio de los multimillonarios son militantes o familiares de los altos dirigentes del Partido Comunista. En India, el histórico Partido del Congreso de Ghandi y Nehru, puede perder por treinta o cuarenta puntos de diferencia las próximas elecciones de mayo ante la coalición derechista del BJP, tras una década de imparable corrupción.

En Brasil, los nuevos ricos apadrinados por el Partido de los Trabajadores ponen las barbas en remojo y en México, el nuevo gobierno del PRI toma medidas para disminuir el dominio de los monopolios, amamantados por décadas desde el propio Estado.

En el corazón del gran capitalismo, las reformas desreguladoras que llevaron a la Gran Recesión, multiplicaron la riqueza procreada desde el poder, en las finanzas, el sector inmobiliario y la explotación de recursos naturales.

En el Perú el tema sigue viento en popa desde los noventa. Entonces, como lo verificó la Comisión Diez Canseco en un importante informe que el Congreso aprobó en el período de Alejandro Toledo, los mecanismos privatizadores de la dictadura provocaron un festín que impulsó una nueva casta de ricos.

Ahora mismo las denuncias contra congresistas y ministros que usan el poder para enriquecerse, parecen el pan de cada día. El último escándalo no tiene antecedentes: el mismo día que el Congreso vota la confianza por estrecho margen al nuevo primer ministro, la Comisión de Fiscalización le abre investigación por contratar ilícitamente con el Estado cuando ocupaba la cartera de Vivienda. En el sainete lo acompaña otra ministra que pasa por el mismo trance.

En el panorama internacional, para vergüenza propia como vemos, no nos quedamos cortos. La emblemática revista británica cree que hay que salvar al capitalismo de los capitalistas y explica cómo la corrupción que mezcla política y negocios, genera su némesis: una nueva clase media, más culta, que paga sus impuestos y que no está dispuesta a tolerar la degradación. La buena señal parece todavía distante en una sociedad como la nuestra donde un fuerte e inconsistente segmento cree que hay que tolerar al político que roba pero hace obra.

Casi suizos. Por Agustín Haya de la Torre

Las elecciones complementarias que sancionan la revocatoria a las autoridades municipales de Lima, dejan lecciones muy interesantes, como la derrota de los agoreros y pesimistas que lanzaron todo tipo de denuestos contra el proceso. Esperaban un rotundo fracaso, ya sea por el ausentismo masivo o por el abrumador triunfo de los votos inválidos.

Ni lo uno ni lo otro. Con normalidad ejemplar y prácticamente sin publicidad, el acto electoral culminó sin ningún incidente ni denuncia. Como nunca los resultados los conocimos la misma noche, y fueron aceptados por todos. Más del 80% del electorado cumplió con sufragar y el voto válido superó largamente a los blancos y viciados.

Un peculiar sector político que durante más de una década convirtió a las revocatorias municipales en su principal actividad en todo el país, sintió de pronto afectado su amor propio cuando le tocó el turno a su única autoridad importante elegida en los últimos lustros. Lo singular fue que el grupo revocador lo promovió un antiguo líder municipal de la Izquierda Unida, abocado como muchos de sus viejos camaradas a tales emprendimientos.

Para muchos fue en un pleito entre veteranos dirigentes del FOCEP, baluarte de la ex IU y casi irreconocibles nietos de la pretérita coalición. Paradójicamente aplicaban una fórmula que uno de los primeros desgajamientos de esa alianza consiguió introducir en el esquema constituyente del fujimorismo en 1993. Luego, ya como dirigentes del partido de Alejandro Toledo, perfeccionaron la ley cuando ganaron la mayoría en el Parlamento y ello les permitió practicar su deporte favorito con más entusiasmo.

Probar de su propia medicina les supo a chicharrón de sebo, por lo que desataron una campaña melodramática donde las pasiones de los ofendidos podían sonrojar a Corín Tellado. Quien votase por el Sí a la revocatoria, merecía por lo menos el averno de la iniquidad por dudar de la santidad de las autoridades vigentes.

Finalmente el proceso demostró que el suelo estaba parejo y que la democracia se ha hecho más fuerte que sus detractores. Millones de limeños votaron en positivo y le dieron el triunfo al PPC y también a Somos Perú, que alcanzaron las dos primeras votaciones con cuatro puntos de diferencia. Los demás hicieron un papel decoroso y se arriesgaron a participar en una consulta donde no se disputaba la alcaldía sino el reemplazo de los 22 regidores revocados de Fuerza Social.

Dicho sea de paso el oficialismo municipal se presentó con etiqueta agraria y disputó el último lugar con otro grupo de origen lambayecano, que sacó casi tantos votos, lo que por supuesto incidirá en la suerte de futuras agrupaciones de dicho espectro ideológico.


Fuerzas significativas no entraron a la contienda, al calcular que su juego recién empieza el 2014 ó en las próximas elecciones generales. Apuesta riesgosa pues los que ahora ganaron probaron su organización electoral, con lo que dejarán sentir el peso recuperado.

Los presos mandan. Por Agustín Haya de la Torre

Alberto Fujimori dando entrevistas a diestra y siniestra desde su cárcel unipersonal llena de teléfonos públicos, y Vladimiro Montesinos colocando a uno de sus principales operadores en el gobierno, bajo la protección de tres decenas de policías, demuestran un extraño y peligroso enroque del poder en el Perú.

Así como las bandas criminales operan desde las prisiones usando celulares y sobornando a sus vigilantes, sin que nadie hasta ahora sea responsable, de la misma manera, el condenado ex dictador y su mano derecha, autores de toda clase de crímenes desde el poder del Estado, parecen haber retornado a sus mejores épocas.

La trama López Meneses saca a luz el grado de penetración del fujimontesinismo en el corazón del poder. Todo el alto mando de las Fuerzas Armadas y policiales sale comprometido, por acción u omisión. El propio presidente Ollanta Humala tuvo hasta ayer como su asesor principal en materia de seguridad a un exedecán de un general clave de la cleptocracia. Toda la cúpula militar y policial la designa el Presidente de la República y asciende bajo su decisión, poder que la dictadura consagró en la Carta de 1993. 

Si en algo trabajaba Adrián Villafuerte era en colocar en las más altas jerarquías a los fieles de la promoción que sirvieron en los noventa. No por gusto apenas tomó el poder, los oficiales de raigambre democrática fueron expectorados uno tras otro.

Colocar a un gánster bajo una costosa y ostentosa protección policial, indica tanto el estilo abusivo de ejercer el poder, típico de la dictadura, como las oscuras tareas que se le encargaron durante 18 meses. Su currículum indica que tiene experiencia en cuanto negocio sucio pueda existir, por tanto hay que suponer que ya lo investiga la Fiscalía y que más adelante sabremos a qué se dedicaba.



La actitud del reo Fujimori resulta escandalosa. Fracasada su estrategia del “enfermo terminal”, pasa a la de estrella mediática, para demostrar cómo nadie se atreve en la prensa a denunciarlo por apología del delito. Argumenta un derecho a la libertad de expresión, inexistente para cualquier condenado por actos criminales, que obviamente publicita con su insolente exhibicionismo.

Fujimori y Montesinos demuestran la baja calidad que le imprimen a la democracia el humalismo y sus aliados. Dos presidiarios que montaron el más grande poder mafioso jamás organizado en el Perú, prueban su fuerza sin tapujos, al punto de volver obligatoria la pregunta de quién gobierna en el Perú.

La extrema debilidad que muestra el gobierno de la familia no puede menos que alarmar al país. Por momentos parece que el paseo de Locumba, que acabó en un picnic pintoresco, le sigue pasando la factura al Presidente o que tras más de dos años, no sabe cómo gobernar.

Los astutos delincuentes hace rato que tomaron nota de la falta de autoridad. Nos traen a la memoria los peores momentos de la anomia social que predominó en los noventa. Solo valen el poder de la fuerza delictiva y el dinero para imponer la arbitrariedad y socavar la democracia.

¿Cuándo crecimos más? Por Agustín Haya

Es frecuente leer o escuchar el discurso de los neoliberales criollos insistiendo en que aún no alcanzamos el alto nivel de crecimiento de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. Insisten en ello para remachar que el declive histórico lo causó la política estatista del velasquismo, culpable medio siglo después de todos los males de la economía peruana.

Los ideólogos del conservadurismo económico suelen olvidar la historia. Aíslan datos que luego lanzan con entusiasmo para inventar una realidad inexistente. La década de los cincuenta formó parte de un ciclo expansivo del capitalismo internacional, resultado del fin de la II Guerra Mundial y la reconstrucción de Europa. Buena parte del impulso en los países exportadores de materias primas devino del alza de los minerales a raíz de la guerra de Corea,

Ello permitió que desde la dictadura de Manuel Odría el Perú creciera a niveles significativos. El militar tarmeño en medio de su política de mano dura, pudo invertir en escuelas y en hospitales. Durante los períodos constitucionales de Manuel Prado y Fernando Belaunde Terry el producto bruto interno alcanzó picos de ocho y nueve por ciento, en por lo menos tres años de cada gobierno.

Juan Velasco Alvarado alcanzó la última fase del ciclo expansivo, que terminó a mediados de los años setenta con la crisis del petróleo. Aunque la producción se redujo no llegó a los niveles dramáticos de su sucesor Francisco Morales Bermúdez, cuyas políticas de ajuste agudizaron la crisis y devolvieron a los militares a sus cuarteles.

Lo que no entra en la narración neoliberal es la explicación de por qué, pese a los altos niveles de crecimiento, existía un fuerte descontento social que se manifestaba en huelgas urbanas, tomas de tierras y guerrillas. La razón la confirmó una investigación pionera de Richard Webb y Adolfo Figueroa, que comprobaron que el decil más alto concentraba la gran mayoría de la riqueza. Los estudiosos sacaron a luz el grave problema de la distribución del ingreso.

El sistema oligárquico podía crecer pero no distribuir. Las políticas públicas eran no solo débiles sino que recién después de Odría la agenda política contempló temas como la recaudación de impuestos a cargo del Estado y la construcción de infraestructuras para comunicar a un país divorciado de su interior, con un mercado limitado a la economía de enclave y del latifundio semifeudal.

La sociedad peruana estaba fuertemente estratificada, con unas clases dominantes obsoletas, atadas a modos de vida y pensamiento propios del feudalismo colonial. La reforma agraria de Velasco y su comunidad industrial abrieron un camino de desarrollo capitalista que intentó incorporar al mercado a las masas feudalizadas y promover empresarios canjeando los bonos de la deuda agraria.

La crisis del petróleo y de la deuda externa acabaron por convertir a los años ochenta en una década pérdida. El duro efecto de los ajustes neoliberales y el saqueo, demoraron el crecimiento hasta el nuevo siglo.

Teatro Japonés. Por Agustín Haya de la Torre

En la tradición del teatro japonés existen dos formas importantes: el No y el Kabuki, originados entre los siglos XIV y XVII, una época de shogunes y samuráis, bastante parecida al Medioevo europeo. El No se caracteriza por su carga dramática, un ejercicio actoral refinado que usa un lenguaje culto y aristocrático. El Kabuki, más moderno, tiene un corte lírico y ligero.

El actor principal, siempre masculino, usa máscaras y trajes diversos para encarnar personajes diferentes, incluso mujeres, sobre un escenario más bien limitado. Son representaciones sofisticadas que expresan la alta cultura alcanzada desde siglos atrás en dicho país. Uno de sus componentes, incluso en las representaciones más serias que suelen durar varias horas, son los intermedios farsescos, pensados para distraer al espectador antes de volver al tema principal de la historia.

Resulta difícil que Alberto Fujimori encaje en la tradición del teatro fino, elegante y riguroso, que contribuyó a forjar una cultura de gran complejidad e ilustración. Más bien a juzgar por sus últimas actuaciones, ratifica su enorme predisposición para la farsa.


La semana pasada lo vimos en dos breves pero intensas actuaciones, en medio del drama que el gobierno más corrupto de la historia del Perú montó en la década de los noventa. Para acudir a un nuevo juicio del rosario de robos, crímenes y delitos que cometió, no se le ocurrió nada mejor que presentarse mal vestido, despeinado y en plena crisis hipertensiva. Debía responder por la financiación con recursos públicos de la infame prensa amarilla que montó para calumniar y burlarse sangrientamente de sus enemigos democráticos.

Dos días después aparece gritoneando con renovada energía a los enfermeros que lo cuidan en la clínica donde se internó. Como no lo entiende de otra manera, pretendía que violen la norma y dejen pasar a quien le dé la gana. No pensó que un alma caritativa lo grababa, quizás sorprendida de que un “enfermo terminal” muestre tanto vigor.

Más bien el anónimo camarógrafo es un ejemplo a seguir. Si la opinión pública pudiese ver como vive en su cárcel dorada, recibiendo decenas de visitas, atendido por un servicio único en los penales del Perú, quizás dejaríamos de soportar la cínica y cotidiana propaganda del club de viudos del fujimorato, que permanentemente y mediante mil argucias nos hacen creer que lo someten a crueles torturas.


Que interesante sería que el INPE distribuya los videos de las actividades semanales del condenado Fujimori. Nos enteraríamos de lo que es vox pópuli pero que sus custodios disimulan. Descubriríamos de pronto si las lujosas camionetas que se quedan de noche no andan solas.

Hasta podríamos observar los esfuerzos del plan de resocialización que sigue el Ministerio de Justicia, para que pague algo de lo que robó, de acuerdo a la sentencia. O los avances en el arrepentimiento de sus crímenes, para que nos convenza que el sicópata que se proclama inocente, va quedando atrás.                                

Velasco y la falacia revolucionaria. Por Agustín Haya de la Torre

A cuarentaicinco años del golpe militar de Juan Velasco Alvarado su valoración despierta aún encendidos debates. En parte porque los militares ocuparon el poder durante doce años, el periodo dictatorial más largo de la historia del Perú, sin tolerar ningún tipo de representación democrática.

Ninguna otra dictadura desde el siglo XIX se había atrevido a cerrar el Congreso de la República de forma definitiva. Sustentaban tal acto retrógrado en la negación absoluta de los partidos políticos como representantes de la voluntad ciudadana. Los ciudadanos desaparecieron de la política suplantados por el capricho del espadón.

El pretexto para asaltar el poder fue la crisis desatada en el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry por las fallidas negociaciones con la International Petroleum Company. La empresa, símbolo de los viejos enclaves imperialistas, burló por décadas las leyes peruanas, negándose siquiera a pagar los impuestos adecuados.

Tal situación no justificaba en absoluto ninguna intervención prepotente de las fuerzas armadas, pues regía el régimen constitucional. Apenas en medio año el país elegía un nuevo gobierno y las tendencias electorales apuntaban a un seguro triunfo del Partido Aprista, encabezado nuevamente por su fundador.

Belaunde culminaba una gestión marcada por sus intenciones desarrollistas, con un desempeño interesante de la economía que durante tres años creció a tasas del 8%, aunque pasó por el trance de una devaluación. Soportó una cerrada oposición en el Parlamento, controlado por una alianza de ocasión entre el Apra y el odriísmo. Sus dificultades llevaron a severas disensiones internas en Acción Popular, que acabó por dividirse y romper su alianza con la Democracia Cristiana.

Los militares nacionalizaron el petróleo, aplicaron una extensa reforma agraria y crearon la comunidad industrial, como forma de participación laboral en la gestión y la utilidad de las empresas, lo que les valió cierto apoyo sindical. Siguiendo el modelo nasserista, impulsaron la creación de empresas estatales en la producción y los servicios, inspirándose también en algunos rasgos de la autogestión yugoslava.

Ello tuvo un impacto significativo, sobre todo al quebrar el poder económico de la vieja oligarquía terrateniente. Pocos hacendados entendieron que el propósito de los militares apuntaba a convertirlos en burgueses industriales mediante el canje de los bonos agrarios.

Entre sus más bochornosas acciones pueden contarse la ocupación militar de las universidades, la anulación del tercio estudiantil, la matanza de Huanta y la estatización de la prensa, un disparate que les costaría el poder.

Los golpistas negaban absolutamente las libertades y los derechos fundamentales, suprimiendo el Parlamento, las elecciones, los partidos y la libertad de expresión. Convirtieron a los peruanos en ciudadanos de segunda clase, para imponer por la fuerza de los tanques un militarismo obsoleto.

Desigualdad en Perú y Venezuela. Por Agustín Haya de la Torre

El Índice de Desarrollo Humano publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es hasta ahora la fórmula más consistente para medir y comparar el grado de desarrollo de las sociedades. Como se sabe, el IDH considera tres componentes: salud, educación e ingreso. El 2011 agregó otro factor para un acercamiento más certero, al considerar la desigualdad para ajustar los indicadores señalados.

Estas metodologías permiten un enfoque más realista de lo que en efecto sucede con la aplicación de las políticas de desarrollo por las que optan los países, políticas que algunos en el debate ideológico las denominan “modelos”.

Resulta interesante comparar por ejemplo la calificación que alcanzan países como Perú y Venezuela en estos rangos. En el último IDH de marzo del 2013. Perú aparece en el puesto 77 con un índice de 0.741 mientras que la república bolivariana queda en el puesto 71 con un 0.748 de desarrollo humano. No es mucha la diferencia si consideramos que tenemos una población semejante aunque la distancia entre las economías si es marcada por la enorme renta petrolera que los caracteriza.

Las distinciones también aumentan si medimos los discursos. Mientras en nuestro país desde la recuperación de la democracia las políticas económicas mantienen la estabilidad y promueven la inversión, aunque la discusión cuestiona la insuficiencia de la distribución; el sonoro discurso chavista cree que hace una revolución profunda.

Las consecuencias de ambas políticas, la liberal y social que intenta el Perú y el tropical “socialismo del siglo XXI”, pueden verse mejor al reajustar sus respectivos indicadores por el criterio de desigualdad, que considera cuanto pierden la educación y la salud por la distinta calidad y costo en el acceso de sus clases sociales y al tomar en cuenta la brecha de los ingresos entre los estratos socio económicos.

La reubicación puede sorprender a muchos, pues el Perú sube al puesto 62 y Venezuela queda en el 66. Mientras que la desigualdad le hace perder a los peruanos el 24,3% de su IDH, los norteños disminuyen en un 26%. Si se midiera el desarrollo por el fárrago de los discursos, la demagogia de Hugo Chávez y su heredero, superan abrumadoramente a los cuatro últimos presidentes peruanos con los que coincidió desde 1998.

Algo semejante ocurre con Brasil, poderosa economía mundial cuyo IDH lo ubica en el puesto 85 y el ajuste por desigualdad lo lleva al lugar 70, ocho puestos por debajo del Perú. Pierden más del 27% por los altos niveles de desigualdad que sufren.

Los datos del PNUD son reveladores y permiten colocar el debate en su lugar. El supuesto socialismo bolivariano no los ha llevado muy lejos pese a su riqueza petrolera. El Perú con menos y sin tanto aspaviento los supera socialmente, sin que esto sea definitivo. Obviamente que la desigualdad sigue siendo el déficit que lastra nuestro progreso y que obliga a reformular las políticas en función del bien común

Contra la guerra. Por Agustín Haya de la Torre

La guerra civil en Siria lleva más de dos años y la crueldad de Bashar al Asad y su clan para mantenerse en el poder no encuentra límites. Desde las revueltas que originaron la llamada primavera árabe, el régimen de Damasco, en el poder desde el golpe de 1970, suma más de cien mil muertos y dos millones de refugiados.

El hambre de poder de la dictadura no repara en usar armas químicas contra sus enemigos, los que a su vez representan una coalición de intereses encontrados difícil de digerir, entre otras cosas por la presencia de fuertes contingentes de Al Qaeda.

La situación lleva a que el presidente Barack Obama con su intención de intervenir durante sesenta días, olvide los postulados pacifistas de su campaña electoral y anuncie una invasión a todas luces inaceptable. El Premio Nobel de la Paz está al borde de cometer el mismo error que tanto denostó a George Bush, quien en su respuesta exacerbada ante los ataques del 11 de setiembre, metió a los Estados Unidos en un callejón sin salida en Afganistán y en Irak.



Obama sostenía un discurso lúcido y coherente contra la guerra que despertó la ilusión. Sin embargo, pese a las catástrofes militaristas provocadas por su antecesor, se encuentra de pronto hablando el mismo idioma guerrerista de los republicanos del Tea Party. 

Si las anteriores intervenciones consiguieron el paraguas de las Naciones Unidas o de la OTAN, ahora la Casa Blanca no logra ningún respaldo significativo, salvo el de Francia. Francois Hollande comete un error de cálculo mayúsculo, pues si creyó que iba a lograr cierto liderazgo europeo, encuentra que el Parlamento británico derrotó la postura intervencionista del primer ministro y de que la Alemania de Angela Merkel rechaza de plano cualquier aventura militar.

Como si el tiempo pasara por gusto, otra vez la opinión internacional escucha hablar de operaciones quirúrgicas, focalizadas en la destrucción de las armas químicas, a más de proclamar la contundente brevedad de las mismas. La realidad demuestra siempre otra cosa: que los invasores acaban siempre generando mayores problemas que los que intentan resolver, empantanándose en contradicciones nacionales que no entienden y de las que luego no pueden salir.

Las Naciones Unidas no van a avalar ningún tipo de intervención por el veto cantado de Rusia y China. A estas potencias tampoco les interesa la democratización de Siria, sino que el país siga bajo su influencia. De alguna manera repiten el esquema de la guerra fría, donde el clan Asad reproduce una dictadura militar estatista que ha cumplido un papel clave en el endeble equilibrio del Medio Oriente.




La guerra desestabilizará el tablero en el Asia Menor y puede prefigurar conflictos mayores. La flota rusa navega en el Mediterráneo y el fundamentalismo iraní sentirá la amenaza. Solo Israel piensa que puede ganar algo aunque la ruleta es demasiado peligrosa para que el beneficio sea duradero.

La encrucijada egipcia. Por Agustín Haya de la Torre

El triunfo de los Hermanos Musulmanes en las primeras elecciones realmente democráticas de la historia de Egipto, a mediados del 2012, generó una contradicción insalvable. Si bien la cofradía islamista optó tiempo atrás por la moderación y una cierta aceptación del pluripartidismo, desde su fundación en 1928 busca conquistar el poder para imponer la sharia, la ley islámica.

Su meta es la teocracia, así tengan que recurrir a estrategias electorales para llegar al poder. El nuevo presidente Mohamed Morsi, representaba precisamente a los moderados, pero en el año de gobierno, su propósito de ir a un régimen religioso afloraba con fuerza. Pese a su capacidad de organización partidaria y a su influencia de décadas en otros países de la región, no demostraron certeza para administrar la enorme y compleja sociedad egipcia.

El país entró en un periodo de modernización desde la revolución militar de Gamal Abdel Nasser en 1952, que derrocó al rey Faruk y puso término a la dependencia del Reino Unido. El nacionalismo de los militares impulsó movimientos semejantes en varios países árabes, cuyo dominio se extendió por largo tiempo en Irak, Siria y Libia, principalmente. La nacionalización del petróleo y la cercanía al bloque soviético, los convirtió en actores de la política internacional.

El nacionalismo militar rigió hasta el derrocamiento de Hosni Mubarak el 2011. Ello no modificó de manera sustancial el papel del ejército como árbitro de la política. Profundamente insertado en el manejo de la economía y con un fuerte peso social, constituye el pilar de un republicanismo autoritario que quiere tutelar la transición democrática.

La contradicción abierta por el triunfo de una fuerza religiosa no podía durar mucho tiempo. Si bien usaron el sufragio universal y ganaron limpiamente, sus objetivos no son democráticos. Tarde o temprano el callejón sin salida se estrecharía. Las amenazas contra las libertades civiles y la ineptitud, sacaron de nuevo a las calles a los ciudadanos que volvieron a repletar la emblemática plaza Tahrir, la plaza de la liberación.

El ejército decidió dar el golpe e instaurar un gobierno provisional, con la promesa de convocar elecciones en breve plazo. En la crisis lograron recomponer la correlación de fuerzas al romper la coalición islamista y atraer a su lado a los salafistas, antiguos aliados de Morsi.

La violencia ha cobrado varias decenas de muertos y el futuro resulta incierto. El país se ha polarizado y nada asegura que la antigua Hermandad no vuelva a ganar elecciones como hasta ahora.

El dilema exige superar políticas tradicionales, so capa de repetir otra etapa de dictadura militar, solo que Los políticos dialogantes de todas las fuerzas afrontan un reto de enorme envergadura. O vuelven al pasado bajo la amenaza permanente de una guerra civil o logran colocar las bases de una democracia plural, con los militares en sus cuarteles.                                 

ahora con la Hermandad indignada por su expulsión del poder.

Cuidado con los talibanes. Por Agustín Haya de la Torre

Desde que el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamó que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos, la civilización contemporánea da grandes pasos para generar condiciones que eviten la discriminación de las libertades por razón de raza, color, sexo, religión, opinión política o clase social.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, un grupo de congresistas intenta desconocer tal avance.

Caracterizados por su fundamentalismo religioso, pretenden modificar leyes y códigos a fin de impedir que los homosexuales ejerzan sus derechos ciudadanos, al extremo de no querer castigar la violencia surgida del odio sexista. Eliminar el aborto terapéutico y prohibir la educación sexual en los colegios, forma parte de su activa agenda antisocial.

El Congreso de los Estados Unidos acaba de anular la legislación que no permitía el matrimonio entre personas del mismo género. Cuando la tendencia avanza en América Latina, resultaría contraproducente que uno de los primeros países en legalizar la homosexualidad, como sucedió en el Perú desde 1921, revierta a niveles propios de regímenes teocráticos y totalitarios.

Desde que el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamó que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos, la civilización contemporánea da grandes pasos para generar condiciones que eviten la discriminación de las libertades por razón de raza, color, sexo, religión, opinión política o clase social.

En el caso del aborto, el Código Penal ampara al de carácter terapéutico, pero castiga a la mujer violada que no quiera terminar el embarazo. La aberración llega al extremo de condenar de todas maneras a prisión a la persona que así lo hiciere. La presión del extremismo religioso impide hasta ahora la reglamentación del artículo 119 del mencionado código.

No hay duda de que el aborto es un trauma, una situación límite que nadie desea. Si ocurren casos graves, ya sea por embarazos que atentan contra la vida de la madre o del feto, o no consentidos por el uso de la fuerza, el consenso internacional señala que la sociedad y el Estado deben brindar las condiciones para que la mujer afectada decida por voluntad propia. En El Salvador las leyes impuestas por los fanáticos demostraron su crueldad inhumana al obligar a Beatriz, una muchacha de 22 años enferma de lupus, a engendrar un feto sin cerebro poniendo en riesgo su vida.

En nuestro país pasamos por un caso parecido a principios de siglo, cuando se impidió abortar a Karen Llontop, madre también de un feto descerebrado. Estos casos de maldad, devienen del dogma religioso del “concebido”, que no entiende algo tan elemental como que la naturaleza genera muchas veces embarazos que atentan contra la vida y abortos naturales que ni siquiera son advertidos.

El fanatismo encarnado en sectores ultraconservadores, católicos y evangélicos, nos puede causar un severo daño social. El extremo de prohibir la educación sexual en los colegios, nos retrocede a una sociedad primitiva e inculta, con graves daños para la salud y la convivencia social.

La ofensiva de los fundamentalistas enfrenta los pactos y convenios internacionales que desarrollan la Declaración Universal y que el Perú suscribe.

Defendamos la autonomía. Por Agustín Haya de la Torre

La propuesta de crear una entidad que dependa del gobierno para supervisar a las universidades atenta directamente contra la autonomía universitaria consagrada en la Constitución. Sobre todo plantea una idea absolutamente equivocada al querer condicionar la producción de conocimiento desde la autoridad política
 
Es cierto que las universidades en el Perú brindan una formación que dista mucho de los niveles internacionales y por lo mismo la urgente búsqueda de una reorientación de la enseñanza marca el debate. El diagnóstico nos demuestra que condicionamientos históricos, como la falta de una sólida cultura democrática y la reciente colonización del mundo académico por el mercado, explican la situación.

La idea de una solvente comunidad universitaria nunca agradó a los regímenes autoritarios ni al poder económico. A lo largo del Siglo XX la intervención, si no la clausura, fue el signo del repudio a la inteligencia. La exacerbación de respuestas ideologizadas no ayudó a mejorar el nivel. Menos al introducir, como hizo el fujimorismo, la idea del lucro en la educación, cuyos valores e impacto cultural y social, superan largamente a la ganancia inmediata.


Contamos actualmente con casi un centenar de universidades a las que buscándolas con lupa en los rankings mundiales, apenas encontramos media docena entre el segundo y tercer millar de la clasificación. Con suerte, a partir del puesto seiscientos, a veces aparecen las dos mejores, San Marcos y la Católica.

La razón es clara, nuestra educación superior está pésimamente sustentada y peor orientada. Los criterios de las clasificadoras internacionales, que son entidades privadas o públicas autónomas, de gran prestigio y desligadas del poder político, se centran en la medición de la investigación y el conocimiento producidos. Quaqurelli Symonds (QS), The Times, la universidad Jiao Tong de Shangai, entre las más reconocidas, califican usando criterios bibliométricos, referidos a los indicadores que miden la investigación y la creación de conocimiento. Ello significa que toman en cuenta el número de libros de sus docentes, los artículos publicados en revistas indexadas, los premios Nobel o la Medalla Fields recibidos por sus profesores o egresados, la cantidad de citas que los convierte en referentes. Se mide el número de publicaciones de calidad subidas a la red, que a su vez son visitadas internacionalmente en sus respectivas áreas.

La cibermetría aplicada en serio, constituye un indicador clave de cara al futuro. Los criterios que quieren imponer desde la autoridad en el país, no fomentan la investigación y el conocimiento sino formalidades burocráticas o cuantitativas, que nos seguirán manteniendo a años luz de la sociedad del conocimiento.

Si bien la asamblea de rectores peca de burocratismo y no dedica su presupuesto a la investigación ni privilegia políticas en tal sentido, la alternativa de la intervención administrativa de funcionarios del gobierno de turno, es peor.

La trama fujimori. Por Agustín Haya de l Torre

(este artículo se publica momentos antes del pronunciamiento negando el indulto al ex dictador Fujimori)

Meses atrás el fujimorismo lanzó la campaña por el indulto de su líder, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Todo el aparato mediático montado durante años de corrupción, desde que los periodistas y dueños de los medios recibían montañas de dinero, demostró que sigue vivo.

Una bien orquestada publicidad trató de convencer a la opinión pública que el reo sufría un cáncer terminal. Titulares, primeras planas, lacrimosos comentaristas, intentaron por todos los medios de lograr su propósito. Grotescas fotografías en primer plano de una lengua herida ocupaban carátulas como prueba irrefutable.

Pasado el tiempo, los médicos no solo comprobaron que no alcanzaba la condición de enfermo terminal sino que el mal no calificaba como cáncer. La propaganda sufrió un serio traspié, pero la demora del gobierno en resolver el tema les permite volver a la carga.

Otra vez la parafernalia fujimorista salió con todo. Desde el Cardenal hasta adversarios perdonavidas, creen que cuatro años en una prisión dorada resulta demasiado. En realidad la campaña empezó al minuto de su sentencia, cuando el abogado defensor anunció que en tres años saldría libre por las supuestas irregularidades del proceso.

Ahora el argumento para la compasión proviene de su depresión. Pese a que pasa el tiempo en la única cárcel dorada del país y probablemente del continente, con amplio espacio, visitas a discreción, comunicación con quien quiera y atención en las clínicas más caras de la ciudad, no le acomoda.

Así pretende arrinconar al presidente Ollanta Humala, dedicado a deshojar margaritas. Si da el indulto, la demanda de las víctimas llegará sin duda alguna y con toda razón, a la Corte de San José. Tal escenario desprestigiará al Perú y acabará por convertir a Humala en un paria. Si dice que no, enfrentará el disgusto de la bancada del sentenciado, aunque el enfrentamiento no pasará de un lío de entre casa.

El juicio y la sentencia resultan ejemplares en la historia del Perú. Por primera vez quien usufructuó en su beneficio el poder y pisoteó la Constitución y las leyes, paga sus culpas. Fujimori destruyó la institucionalidad democrática, saqueó el erario nacional, montó un gigantesco aparato de corrupción manejado desde el espionaje y cometió crímenes tan bárbaros como los de Barrios Altos y La Cantuta. No olvidemos que no solo la justicia peruana lo juzga sino que a raíz de la extradición, la Corte Suprema de Chile aceptó las pruebas presentadas por el Estado peruano y resolvió entregarlo.

La manía de la dictadura de grabar las fechorías cometidas permitió que viésemos los millones de dólares robados abiertamente. Un testimonio demoledor que no se completó porque el propio condenado secuestró centenares de videos y documentos de la casa de su socio. La prisión de quien ni siquiera se arrepiente de sus graves delitos, es una prueba para la recuperación moral de la sociedad peruana, aquejada por el cáncer de la corrupción que compra conciencias.

Debate Chatarra. Por Agustín Haya de la Torre

Apenas promulgada la ley de promoción de la comida saludable, la reacción generada daba la impresión de

que el Perú caía en la órbita de Corea del Norte. Empresarios trémulos anunciaban que no cabía duda de la maldad dictatorial de obligarnos a comer solo lo que el gobierno ordenase. Agitados comentaristas anunciaban que en el acto deglutían una hamburguesa con la mayor cantidad de grasa y mayonesa posibles, arriesgando no solo su reputación sino la digestión. 

Hasta las sotanas salieron en revuelo y el palacio arzobispal tronó a favor de las grasas saturadas, el sodio y los azúcares, cual nueva santísima trinidad. La discusión sobre los alimentos saludables entró de pronto en los terrenos de la Guerra Fría. El Perú ingresaba al bloque soviético como en la época de Velasco y la economía inmediatamente empezó a decrecer.

Los congresistas de todos los partidos, que la aprobaron por unanimidad, tras un largo año de debates y consultas, no han hecho otra cosa que sumar al país a una tendencia mundial. En efecto, organismos de Naciones Unidas como la FAO y la Organización mundial de la salud, de las cuales somos miembros, impulsan políticas de alimentación saludable para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida.

La ley restringe la venta de productos procesados con nutrientes críticos en los colegios y limita la publicidad dirigida a niños y adolescentes, algo que encaja en el deber del Estado de proteger la salud pública. Aquí no existe ningún atentado contra la libertad, al contrario, una regulación adecuada mejoraría el derecho a la vida y la salud, que son libertades fundamentales.

Paradójico resultó comprobar que existen empresarios chatarra, promotores de la comida insalubre, dispuestos a todo para engañar con publicidad tramposa, con tal de lucrar con su baja calidad. Sus desequilibrados pronunciamientos ni siquiera averiguan que a la tendencia de la comida sana se suman las propias transnacionales de la alimentación; o que en los países avanzados existen normas mucho más rigurosas.

Si algo los desconcertó en su insensata campaña, fue darse con la sorpresa de que el muy capitalista y liberal Chile de Sebastián Piñera, ícono de la derecha latinoamericana, aprobaba una ley semejante, también por consenso.

El caso Chileno, como suele ocurrir, nos permite comparaciones enojosas para los insalubres del barrio. Los industriales Chilenos vienen disminuyendo drásticamente los nutrientes dañinos. La nueva oferta de alimentos más sanos crece en un 20%, gracias a los avances científicos y tecnológicos. La promoción de una sociedad saludable coaliga al gobierno, la Universidad y la empresa privada, en una campaña integral.

Aquí resulta urgente que la sociedad de industrias lance una campaña de Educación en su Comité de Comida Insalubre, antes de que los nuevos productos sureños los quiebren y que también los fieles impidan las hostias trans y el vino de caja.

Armando y la izquierda democrática. Por Agustín Haya de la Torre

Cumplir más de ochenta años de militancia política resulta algo excepcional, en un país plagado de dictaduras y regímenes precarios. Armando Villanueva del Campo inició su vida enfrentando a Sánchez Cerro, apenas un colegial y pronto, al cerrarse cualquier resquicio democrático, no dudó en participar en la insurgencia popular.

 Como todo el que se juega la vida por La Libertad y la justicia social, sufrió persecución, cárcel y destierro. Lo acusaron de terrorista con número y todo, incluso de traficante. La lucha antidictatorial postuló siempre la democracia y la constitucionalización del país, cuando la oligarquía feudal impedía el estado de derecho y la arbitrariedad se imponía. La primera generación de jóvenes apristas alcanzó la madurez en la acción bajo el mando directo de Víctor Raúl.

 Hijo de un prominente médico de la época de Augusto B. Leguía, encontró como ideal de vida el combate por el pan y La Libertad. Pese a sus largos años de prisión y de clandestinidad, jamás claudicó. Hombre de vasta cultura, cuya inquietud lo llevaba desde recitar de memoria poesía española y latinoamericana, hasta seguir los avances de Stephen Hawking o leer los libros que los sílabos de ciencias sociales recomendaban con afán de estudiante.

 En su casa uno podía asistir a la actuación de un violinista, al recital de un poeta o al concierto de un coro completo de Música barroca.

 Su fina ironía y sentido del humor lo hicieron entrañable. Desde que sintió ruido de fuegos artificiales en el asalto al cuartel Barbones, para descubrir que provenía de las balas que le silbaban alrededor o saborear nostálgico los tallarines rojos que mi madre llevaba a la prisión que compartía con mi padre. Cáustico, contaba los años de gracia solicitados a Don Sata (“a quién más le voy a pedir si soy ateo”) cuando se le ocurrió definirse como un “cadáver de vacaciones”. saludado cuando salía de algún trance, aseguraba con su sonrisa cascada que su epitafio diría que murió en buen estado de salud.

 Un combatiente contra las tiranías que en los periodos democráticos buscaba concertar, resulta para algunos difícil de entender. La mano extendida al adversario que lo persiguió y no la venganza, habla de su grandeza republicana. La defensa del aprismo como izquierda democrática la sentía como un compromiso vital, por ello alcanzar la convivencia pacífica con plenos derechos e igualdad social marcó su andadura.

 En todo el espectro democrático, de izquierda a derecha, tuvo no solo relaciones políticas sino amistades leales. Creía profundamente en el ser humano, en sus capacidades y potencialidades. Su empatía con los jóvenes era proverbial. Su fe en los partidos como pilares de la democracia, irreversible y su visión de la muerte, la de los antiguos griegos.

 Con Francisco de Quevedo podremos decir en su homenaje que del vientre a la prisión vino en naciendo; de la prisión fue al sepulcro amando; y siempre en el sepulcro, estará ardiendo.

Sociedad y Religion. Por Agustín Haya de la Torre

Una interesante y poco difundida encuesta de GfK sobre actitudes y comportamientos religiosos de los peruanos, concluye en que el 36% se declara religioso y un 37% poco o nada religioso. La muestra nacional nos acerca a un factor muy importante del comportamiento social. Permite comprenderlo de mejor manera que la limitada pregunta de los censos nacionales sobre la confesión religiosa, que según el último, indica un 88% de católicos.

Entre los datos relevantes, encontramos que el 47% de los que se declaran poco o nada religiosos, son jóvenes entre 18 y 24 años, mientras que el segmento más numeroso de los religiosos, el 45%, corresponde a los mayores de 40 años. En cuanto al nivel socio económico los descreídos son mayoría en los segmentos D y E (encima del 40%) mientras que los religiosos se concentran en A y B (38% y 37% respectivamente). La religiosidad se manifiesta más en el interior (38%) que en la capital (31%).

En aspectos de la agenda pública, como el aborto y el matrimonio homosexual, el rechazo de ambos grupos supera el 80%, aunque en cuanto a los anticonceptivos, no los aceptan apenas el 14% de los más religiosos. Un dato muy significativo revela que menos del 50% de los religiosos cree que la Iglesia debe participar en políticas públicas contra un 37% del otro sector.

El análisis apunta a conocer el grado de secularización alcanzado por la sociedad peruana. Útil para entender actitudes y conductas sociológicas y de paso terminar con algunos mitos que evitan desde el poder político, afrontar con solvencia el desarrollo de los derechos fundamentales.

Un antiguo temor arrastrado desde la sociedad feudal y oligárquica, previene a los partidos políticos de no contradecir a la Iglesia Católica. En consecuencia, muchas veces el oscurantismo religioso acaba por imponer sus criterios como políticas públicas. La campaña contra el aborto terapéutico, por ejemplo, trata de legalizar las violaciones y el incesto, actitud proveniente de viejos atavismos de tribus del Asia Menor que desprecian a la mujer. Igual sucede en el caso de la homosexualidad, asunto en el que la propia Roma peca mortalmente, y desde luego, en la incesante propaganda contra los anticonceptivos, que finalmente cae en el vacío, pues, como vemos, hasta los que se declaran religiosos los usan abrumadoramente.

La vida social convirtió desde tiempo atrás la semana santa en una semana turística por excelencia y la cultura juvenil cada vez más globalizada, claramente no es adicta a los sermones.

El valioso aporte de GfK permite descubrir que los cambios de la sociedad peruana, que resultan del desarrollo del capitalismo y de la democracia, pueden reubicar a los actores en los lugares que les corresponde en una sociedad moderna. Para empezar, el fundamento de la convivencia en los valores constitucionales y el Estado laico, encuentra un terreno propicio, de cuya consolidación depende la cohesión de la nación política.