Cuidado con los talibanes. Por Agustín Haya de la Torre

Desde que el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamó que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos, la civilización contemporánea da grandes pasos para generar condiciones que eviten la discriminación de las libertades por razón de raza, color, sexo, religión, opinión política o clase social.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, un grupo de congresistas intenta desconocer tal avance.

Caracterizados por su fundamentalismo religioso, pretenden modificar leyes y códigos a fin de impedir que los homosexuales ejerzan sus derechos ciudadanos, al extremo de no querer castigar la violencia surgida del odio sexista. Eliminar el aborto terapéutico y prohibir la educación sexual en los colegios, forma parte de su activa agenda antisocial.

El Congreso de los Estados Unidos acaba de anular la legislación que no permitía el matrimonio entre personas del mismo género. Cuando la tendencia avanza en América Latina, resultaría contraproducente que uno de los primeros países en legalizar la homosexualidad, como sucedió en el Perú desde 1921, revierta a niveles propios de regímenes teocráticos y totalitarios.

Desde que el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamó que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos, la civilización contemporánea da grandes pasos para generar condiciones que eviten la discriminación de las libertades por razón de raza, color, sexo, religión, opinión política o clase social.

En el caso del aborto, el Código Penal ampara al de carácter terapéutico, pero castiga a la mujer violada que no quiera terminar el embarazo. La aberración llega al extremo de condenar de todas maneras a prisión a la persona que así lo hiciere. La presión del extremismo religioso impide hasta ahora la reglamentación del artículo 119 del mencionado código.

No hay duda de que el aborto es un trauma, una situación límite que nadie desea. Si ocurren casos graves, ya sea por embarazos que atentan contra la vida de la madre o del feto, o no consentidos por el uso de la fuerza, el consenso internacional señala que la sociedad y el Estado deben brindar las condiciones para que la mujer afectada decida por voluntad propia. En El Salvador las leyes impuestas por los fanáticos demostraron su crueldad inhumana al obligar a Beatriz, una muchacha de 22 años enferma de lupus, a engendrar un feto sin cerebro poniendo en riesgo su vida.

En nuestro país pasamos por un caso parecido a principios de siglo, cuando se impidió abortar a Karen Llontop, madre también de un feto descerebrado. Estos casos de maldad, devienen del dogma religioso del “concebido”, que no entiende algo tan elemental como que la naturaleza genera muchas veces embarazos que atentan contra la vida y abortos naturales que ni siquiera son advertidos.

El fanatismo encarnado en sectores ultraconservadores, católicos y evangélicos, nos puede causar un severo daño social. El extremo de prohibir la educación sexual en los colegios, nos retrocede a una sociedad primitiva e inculta, con graves daños para la salud y la convivencia social.

La ofensiva de los fundamentalistas enfrenta los pactos y convenios internacionales que desarrollan la Declaración Universal y que el Perú suscribe.

Autonomía universitaria. Por Agustín Haya de la Torre

Cada cierto tiempo los parlamentos deciden volver sobre el tema de la universidad, aunque no necesariamente generan un debate representativo y de nivel. Sin embargo la probable reforma deriva casi siempre por la tentación no solo burocrática sino autoritaria.
 
Ahora parece que vuelven a la agenda los alcances de la autonomía universitaria, intentando limitarla. Proponen crear un ente estatal que normaría la vida académica, lo que resulta muy peligroso. La autonomía como independencia del poder político de la vida académica, tiene su origen en la vieja idea de la universitas como comunidad de docentes y estudiantes, que permitió el alumbramiento de las universidades en los albores del Renacimiento europeo.

El desarrollo de la cultura humanista y el nacimiento de la ciencia surgen de esa característica primordial. En América Latina la idea vuelve al primer plano a comienzos del Siglo XX, cuando los cánones decimonónicos de las clases dominantes anquilosan la vida en las aulas. La educación superior convertida en patrimonio del poder económico y político incluso religioso, acabó aislándose de los procesos de cambio que transformaban las relaciones productivas, sociales y culturales en la época.

La camisa de fuerza empezó a romperse gracias a la acción de un vigoroso y juvenil movimiento reformista que desde las universidades de Córdoba y La Plata pronto alcanzó a toda la región. Brillantes generaciones reformistas de intelectuales y políticos marcaron buena parte de la andadura continental durante el siglo pasado.

La autonomía frente al poder enfrentó siempre a las dictaduras que intentaban suprimirla, esterilizando la inteligencia. La Constitución de 1979 les devolvió la autonomía aunque no el respaldo económico. Las leyes privatizadoras llevaron a que hoy día exista un centenar de universidades, la mayoría particulares. En los cuadros internacionales aparecen menos de una veintena de ellas, las primeras recién en el puesto 601, trescientos puestos por debajo de las mejores de la región, que son brasileñas y mexicanas.

La cantidad de universidades muestra un dato de la realidad y su desventaja no podrá superarse con intervenciones forzadas desde el poder. El dilema encontrará mejores pautas fortaleciendo la autonomía, pues la universalización de la red informática, herramienta clave de la sociedad del conocimiento, convierte en igualmente planetaria la educación.



El proceso de globalización marca el paso y si las universidades en el Perú quieren subsistir, no les queda más remedio que ponerse al día con lo mejor de las corrientes internacionales. Antes que crear más burocracia, probablemente de baja calidad, pues con seguridad que sus funcionarios serán reclutados por método digital (el índice del ministro de turno), debe consignarse una partida presupuestal que convierta a los docentes en investigadores y reoriente el Consejo de Ciencia y Tecnología para que sostenga un plantel de científicos de alto nivel, produciendo conocimientos.