Desde que el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamó que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos, la civilización contemporánea da grandes pasos para generar condiciones que eviten la discriminación de las libertades por razón de raza, color, sexo, religión, opinión política o clase social.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte, un grupo de congresistas intenta desconocer tal avance.
Caracterizados por su fundamentalismo religioso, pretenden modificar leyes y códigos a fin de impedir que los homosexuales ejerzan sus derechos ciudadanos, al extremo de no querer castigar la violencia surgida del odio sexista. Eliminar el aborto terapéutico y prohibir la educación sexual en los colegios, forma parte de su activa agenda antisocial.
El Congreso de los Estados Unidos acaba de anular la legislación que no permitía el matrimonio entre personas del mismo género. Cuando la tendencia avanza en América Latina, resultaría contraproducente que uno de los primeros países en legalizar la homosexualidad, como sucedió en el Perú desde 1921, revierta a niveles propios de regímenes teocráticos y totalitarios.
Desde que el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamó que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos, la civilización contemporánea da grandes pasos para generar condiciones que eviten la discriminación de las libertades por razón de raza, color, sexo, religión, opinión política o clase social.
En el caso del aborto, el Código Penal ampara al de carácter terapéutico, pero castiga a la mujer violada que no quiera terminar el embarazo. La aberración llega al extremo de condenar de todas maneras a prisión a la persona que así lo hiciere. La presión del extremismo religioso impide hasta ahora la reglamentación del artículo 119 del mencionado código.
No hay duda de que el aborto es un trauma, una situación límite que nadie desea. Si ocurren casos graves, ya sea por embarazos que atentan contra la vida de la madre o del feto, o no consentidos por el uso de la fuerza, el consenso internacional señala que la sociedad y el Estado deben brindar las condiciones para que la mujer afectada decida por voluntad propia. En El Salvador las leyes impuestas por los fanáticos demostraron su crueldad inhumana al obligar a Beatriz, una muchacha de 22 años enferma de lupus, a engendrar un feto sin cerebro poniendo en riesgo su vida.
En nuestro país pasamos por un caso parecido a principios de siglo, cuando se impidió abortar a Karen Llontop, madre también de un feto descerebrado. Estos casos de maldad, devienen del dogma religioso del “concebido”, que no entiende algo tan elemental como que la naturaleza genera muchas veces embarazos que atentan contra la vida y abortos naturales que ni siquiera son advertidos.
El fanatismo encarnado en sectores ultraconservadores, católicos y evangélicos, nos puede causar un severo daño social. El extremo de prohibir la educación sexual en los colegios, nos retrocede a una sociedad primitiva e inculta, con graves daños para la salud y la convivencia social.
La ofensiva de los fundamentalistas enfrenta los pactos y convenios internacionales que desarrollan la Declaración Universal y que el Perú suscribe.
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