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miércoles, 16 de noviembre de 2011

Humala, Chehade y el general Velasco. Por Hugo Vallenas


¿Que sucedió en verdad?

El destacado historiador, buen amigo de La Sopa Teóloga y notable cultor del afro-jazz (lidera el grupo Lavanda Afro & Rock), don Daniel Parodi, ha publicado en La República del 11 de noviembre un elocuente artículo demandando al PresidenteHumala cumplir con sus promesas de respaldo a los trabajadores y campesinos azucareros de Andahuasi. Para quienes no han podido leerlo lo transcribimos más abajo.


Totalmente de acuerdo con don Daniel en que “combatir la desigualdad y la exclusión no es parte de la agenda neoliberal”, por lo cual se hace indispensable que el Presidente Humala “lidere” y “expulse de su entorno” a quienes representan no sólo corrupción sino además complicidad con intereses monopolistas, como es el caso del vicepresidente Chehade, lobbysta del grupo Wong. En La Sopa Teóloga no nos hacemos muchas ilusiones respecto al actual gobierno pero igual es indispensable exigir la salida de los grupos más retardatarios y antidemocráticos.

Sin embargo, no deja de ser importante discutir los referentes teóricos del planteamiento del profesor Parodi. Él señala como un dato fundamental a tomar en cuenta la reforma agraria que “en 1969 [el general Juan Velasco] aplicó y acabó con el latifundismo, el gamonalismo, el señorialismo, y con todos los  rezagos coloniales que aún pervivían en nuestra serranía, tan alejada de la ciudadanía, de la inclusión y de la igualdad”. Añade don Daniel que Velasco consideró “imperativo acabar con la oligarquía” en un país que “hacía rato que no estaba para patrones y aristocracias”.

Una mirada crítica a la reforma agraria velasquista

Ojalá fuera cierto todo lo que refiere Daniel Parodi. El general Velasco tomó el poder en octubre de 1968 con un firme propósito reformista pero no tuvo un equipo de cuadros de conducción política ni un movimiento o partido político que le diera respaldo para desarrollar sus objetivos. Ni siquiera tuvo el consenso adecuado en la propia Fuerza Armada. Por tratarse de una dictadura, la gestión de la reforma agraria iniciada en 1969 fue excesivamente vertical y económicamente deficiente.

Octubre de 1969: El general Velasco celebrando el primer aniversario de su gobierno de facto en la Plaza de Armas de Trujillo (Foto de Caretas Nº 404, 15-24 Oct. 69)
A diferencia de la revolución mexicana, que sentó la premisa de la nacionalización de la tierra para luego transferirla a los campesinos (como postulaba el APRA en 1926 y 1928), dejando en manos del Estado todos los pormenores de la indemnización a los antiguos latifundistas; la reforma agraria peruana de 1969-1975 estableció una lista de cuotas de afectación y transfirió todas las obligaciones de la deuda agraria a los adjudicatarios, que sólo tenían una reserva de dominio temporal sobre la tierra. A esto se agregó la arbitraria imposición de tres tipos de empresas asociativas que el Estado teledirigía: las cooperativas agrarias de producción (CAPs), las sociedades agrícolas de interés social (SAIS) y las empresas rurales de propiedad social (ERPS), cuyas decisiones gerenciales eran dictadas por el gobierno al margen de los campesinos.

La reforma agraria militar quedó inconclusa y cimentó una crisis productiva, que nos obligó a importar alimentos básicos. Hasta 1976 sólo el 39,6% de la PEA rural fue beneficiada por la reforma. Además, las nuevas formas empresariales (CAPs, SAIS y ERPS) resultaron ineficientes: llegaron a controlar el 45% de la tierra agrícola pero sólo generaban el 21,9% del valor bruto de producción agropecuario (VBPA). Y lo más importante de todo: la reforma no tomó en cuenta al millón de minifundistas con menos de 3 hectáreas que representaba casi la mitad de PEA rural (cuyo total sumaba 2,3 millones de trabajadores sin considerar sus familias); estos últimos siguieron desamparados desde el punto de vista legal y crediticio (ver: José Matos Mar y José Mejía: La reforma agraria en el Perú, IEP, Lima, 1980, cuadros 26, 27 y 28). La reforma agraria no llegó a cumplir sus fines y terminó siendo impopular.

La mejor prueba de ello es que la reforma agraria militar no generó un sindicalismo rural defensor del “proceso peruano”. Se formó, por el contrario, un fuerte sindicalismo campesino opositor “clasista” (es decir, comunista) que veía en la reforma agraria una maniobra para abrir el camino hacia la inversión rural a “los sectores más dinámicos y modernos de la burguesía monopólica”, antes marginados del campo por el viejo latifundismo conservador (ver: Luis Rocca Torres: Imperialismo en el Perú. Viejas ataduras con nuevos nudos. Imp. Ramos. Lima, 1973, p. 30).

Las empresas asociativas creadas con la reforma agraria militar tampoco tuvieron grandes inyecciones de capital ni políticas promocionales. Por ejemplo, las CAPs azucareras de la costa norte, no obstante sufrir una baja en los precios internacionales de sus exportaciones, mantuvieron una elevada presión tributaria y no se les concedió (como sí ocurrió con el sector minero privado de esos años) exoneraciones por reinversión. Al final el subsector colapsó y fue declarado en emergencia en 1977 (ver: Enrique Juscamaita y otros: La reforma agraria y permanencia de los enclaves en la periferia. El caso de la agroindustria azucarera peruana, ECO, Lima, 1978, p. 45).

El sociólogo Aníbal Quijano denunció en 1971 el nuevo tipo de conflictos que el gobierno militar generaba en las grandes haciendas intervenidas en la costa norte, entre ellas Tumán, donde se enfrentaban “los trabajadores de las ex haciendas cañaveraleras […] y la burocracia administrativa de las mismas”, ya que “los administradores, técnicos y dirigentes de las cooperativas agroindustriales tienen sueldos mucho más altos que cuando existía el régimen terrateniente privado” (ver: Aníbal Quijano Obregón: Nacionalismo, neoimperialismo y militarismo en el Perú, Ed. Periferia, Buenos Aires, 1971, p. 207). La corrupción rápidamente tomó control del proceso reformista, amparada por el sistema dictatorial.

Y respecto al punto de vista del campesinado organizado, esta es la percepción de la reforma agraria que difundían los dirigentes campesinos “clasistas” (que eran además perseguidos por la dictadura): “Conviene precisar aquí el sentido de la llamada reserva de dominio de la que los intelectuales nacionalistas reformistas ‘militantes del proceso’ no dicen una sola palabra. Para estos, los campesinos ya son ‘dueños de su destino’, ya son ‘propietarios de sus medios de producción’, y eso no es cierto. Serán propietarios cuando hayan pagado toda la deuda agraria. La reserva de dominio la tiene el Estado, que conserva el derecho de despojar la adjudicación de los predios a los campesinos que no han cumplido con pagar” (ver: Pedro Atusparia: La izquierda y la reforma agraria peruana, Ediciones Labor, Lima, 1977, pp. 5 y 6).

Por cierto, esto no niega que la reforma agraria velasquista tuvo una gran importancia política (puso en evidencia la cruda realidad del latifundismo hasta para el peruano más desinformado) y prestó atención a la protesta secular de los campesinos. Pero no podemos idealizarla ni tomarla como un modelo válido. Fue dictatorial y al final fue capturada y aprovechada por los “monopolistas modernos” del estilo de Dionisio Romero.

Este comentario tampoco puede desconocer que la reforma agraria velasquista llenó un vacío político creado por los drásticos recortes que hizo nuestro querido Partido Aprista Peruano al programa agrario que lo caracterizó desde su fundación. En sus Congresos internos, el PAP reafirmaba su adhesión a los principios agrarios de la revolución mexicana pero en la política cotidiana, al menos desde 1963 hasta 1968, supeditó sus propuestas a los intereses de los grandes propietarios agroindustriales que formaban parte del partido que era su aliado parlamentario, la Unión Nacional Odriísta (por ejemplo Julio de la Piedra, connotado líder de la UNO, era el principal propietario de la hacienda Pomalca).