Regionalización y desarrollo territorial. Por Alan Salinas

Regionalización y desarrollo territorial.Por Alan Salinas

El proceso actual de la descentralización ya llegó a su límite. La primera etapa en la que todavía se encuentra, que consiste en priorizar la transferencia de funciones (ya entregadas en un 95% en la que todavía hay imprecisiones en las funciones compartidas) hacia los gobiernos regionales y la transferencia de programas en materia de salud y educación a los gobiernos locales dentro de una lógica departamentalista hace que la constitución de las regiones se vea como un tema aparte, independiente al proceso que venimos viviendo, a pesar de ser complementarios entre sí.

Frente a esta situación, lo que se necesita es ir avanzando hacia la convergencia de regiones contiguas e ir dinamizando el desarrollo territorial. En ese sentido, hasta el momento contamos con dos estudios que nos permiten ir en esa dirección y comprender el asunto a tratar.

La primera es el estudio hecho por el CEPLAN (1), donde se explica la importancia de la conformación de corredores económicos transversales, es decir, sistemas viales (carreteras) cuya ejecución incluya desarrollar una red de servicios complementarios (servicios básicos e infraestructura productiva actual y potencial de cada ciudad), de tal manera que se genere una interdependencia positiva entre ciudades mayores, intermedias y menores (2). El Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021 contempla que a través de cinco corredores económicos (norte, costa, centro, sur y oriente) interconectados entre sí, se desarrolle una articulación más dinámica, de tal manera que cada centro poblado tenga acceso cercano a una ciudad menor, cada ciudad menor a una ciudad intermedia y así sucesivamente.

Hay localidades que no son espacios naturales de conectividad, es decir, tienen grandes problemas de distancia e infraestructura para acceder a una ciudad menor e intermedia que brinde mayores oportunidades para sus productos y necesidades de servicios. Considerando esta situación, el Plan Bicentenario incluye la propuesta de desarrollar agrupamientos poblacionales en ciudades intermedias establecidas sobre la base de un programa de Centro Poblados Planificados (CPP), con servicios básicos y una actividad productiva diversificada.

De otro lado, la consultoría realizada por AFI y Macroconsult para la Secretaría de la Descentralización el 2010 (3), se nos explica que la Regionalización entendida como la fusión administrativa de los departamentos no es suficiente política pública para reducir las inequidades existentes, promover el desarrollo conjunto y articular mercados regionales. Ejemplo de ello es el fracaso del referéndum el año 2005 para la conformación de macro-regiones pilotos. Por el contrario, surgen elementos adicionales a tomar en cuenta como asegurar una mayor conectividad y acceso a mercados regionales.

Tales políticas se fundamentan en una mayor y mejor provisión de infraestructura económica (carreteras, puertos) que permitan la condición suficiente de acceso a mercados. La reflexión de esta consultoría se fundamenta en el hecho de que aquellas zonas que logran vincularse mejor con los grandes mercados nacionales (independientemente del departamento o agregación administrativa en que se ubiquen) son las que pueden aprovechar las posibilidades de crecimiento que estas ofrecen.  Hasta aquí, la propuesta de Macroconsult es similar a lo que plantea el Plan Bicentenario, pero con el siguiente agregado: la Regionalización debe ser entendido como la creación y definición de instancias supra-departamentales y sub-nacionales encargadas de promover el desarrollo. Estas instancias pueden implicar ciertas fusiones administrativas, pero más importante constituirán los tejidos institucionales que permitan una adecuada provisión de servicios sociales e infraestructura económica básica, implementación de prácticas regulatorias, aprovechamiento de potencialidades locales y promoción de sinergias entre territorios.

En otras palabras, lo que se trata de hacer es potenciar los cuatro Juntas de Coordinación Interregional (JCI): La JCI del Norte (INTERNOR), Consejo Interregional de la Amazonía (CIAM), Consejo Interregional Centro Sur (CENSUR) y la Junta de Coordinación Interregional MACROSUR; así como involucrar a autoridades de gobierno locales y líderes de opinión (que hasta la fecha no tienen participación).

En suma, dichos estudios presentados en este artículo nos permite ver que es necesario avanzar hacia una segunda etapa del proceso de descentralización que vincule el desarrollo territorial, es decir, pasar de un proceso de departamentalización hacia una verdadera regionalización.

Notas:

1)  Para mayor detalle, véase el Plan Bicentenario. Perú hacia el 2021. Eje estratégico 5: Desarrollo regional e infraestructura. 2011.

2)  De acuerdo a lo que nos presenta el estudio del CEPLAN, se han identificado las ciudades de la siguiente manera: el país tiene cuatro metrópolis (Lima, Trujillo, Chiclayo y Arequipa), cinco ciudades mayores (Piura, Cusco, Iquitos, Chimbote y Huancayo), doce ciudades intermedias (Sullana, Cajamarca, Tarapoto, Huaraz, Huánuco, Pucallpa, Chincha Alta, Ica, Ayacucho, Juliaca, Puno y Tacna), y trece ciudades menores (Tumbes, Talara, Moyobamba, Chachapoyas, Tocache, Tingo María, Cerro de Pasco, Pisco, Huancavelica, Abancay, Puerto Maldonado, Aguaytía y Moquegua).

3)  Para mayor detalle, véase la “Consultoría para la formulación de una propuesta orientada a la efectivización del Plan Nacional de Regionalización” preparado por AFI y Macroconsult para la Secretaría de la Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. Mayo 2010.

Tribuna Libre - Náufragos. Por Agustín Haya de la Torre

Desde que se aprobaron las políticas de Estado del Acuerdo Nacional hace una década, hasta la promulgación por consenso del Plan Bicentenario en junio del año pasado, hubo siempre el temor de que esta concertación de fuerzas democráticas alcanzada por primera vez en nuestra historia contemporánea, fuese desconocida por algún actor ajeno al diálogo.

Lamentablemente eso es lo que ha sucedido con la actitud adoptada por el gobierno en su primera fase. El recién removido presidente del CEPLAN sin sustento alguno, decidió suspenderlo. Usó el pretexto baladí de que debía “actualizar” lo que se acababa de hacer. Durante los siete meses de su gestión se las ingenió para no dejar ningún resultado.

De esta forma, desconoció tres años de trabajo de elaboración del Plan, que desde sus primeras formulaciones se hizo en consulta permanente con los integrantes del Acuerdo Nacional y con diversos representantes de la sociedad civil, incluyendo la constante participación de todos los niveles de gobierno.

Así por aproximaciones sucesivas, se elaboraron documentos previos que se analizaron con las direcciones de todas las fuerzas políticas, salvo el PNP, que todavía en tono chavista excusaba su asistencia. Se pronunciaron los gremios patronales y de trabajadores, se coordinó con los gobiernos regionales y locales, se encuestaron académicos e investigadores, se convocaron talleres nacionales e internacionales y comités multidisciplinarios. Así se sumaron más de cuatro mil personas que participaron directamente y cerca de cien mil por vía electrónica.

Todo este trabajo permitió que en la fase final, entre octubre de 2010 y mayo de 2011, se realizaran diversas sesiones del Consejo de Ministros y del Acuerdo Nacional, encabezadas por el propio presidente de la República, hasta lograr el consenso. Cuando el nuevo gobierno tenía la mesa servida, su representante decidió tirar todo al tacho, sin entender lo que significa haber logrado un respaldo de tal envergadura, con fuerzas de todo el espectro ideológico. Dispuso para empezar que se anule el nombre “por aprista” y prohibió el uso de la palabra planificación. Acaba de decir que descartó el documento promulgado porque “sólo trataba de crear las oportunidades para todos” (sic).

El primafásico nunca entendió que el Plan se funda en la Declaración Universal de los derechos humanos ni que significa el concepto del desarrollo como libertad. Una visión integral que plantea generar las condiciones para la plena vigencia de los derechos fundamentales, las libertades, la igualdad de oportunidades, la seguridad social, el desarrollo sostenible y el progreso cultural. Nuestro nostálgico de los años setenta pretendió volver al análisis sectorial y economicista, ignorando que estamos en el tiempo de los derechos y la realización de las libertades.

Ahora un empresario privado tendrá que descubrir que no es el lucro sino los valores de la democracia, que no se cotizan en la bolsa, los que guían a la república.

Edad Media. Por Agustín Haya de la Torre

El experto en minería de las Naciones Unidas no anduvo en medias tintas. Dijo que no podía entender cómo si el gran líder socialista Salvador Allende proclamó a la minería el pan de Chile, aquí sectores de la vieja izquierda rechazan el desarrollo de las fuerzas productivas. Incluso informó que la expectativa en nuestro vecino, se centra en conseguir cien mil millones de dólares en nuevas inversiones para el sector.

Calificó esas posiciones como un retorno a la Edad Media. El modelo que los eco talibanes propician para el país supone que se debe promover la economía campesina, el turismo ecológico y la artesanía, como ejes principales. Quieren convertirnos en un parque temático a gusto de cierto turismo primermundista, que cansado de los safaris africanos, ahora se entretiene con la naturaleza pre industrial. Paisaje que exige por supuesto campesinos pobres, chozas, poca urbanización y si se avizoran “no contactados”, mejor.

Sánchez dijo que no podía entender cómo una decisión administrativa del Estado se había sometido a un peritaje privado. Comentó la sorpresa de los expertos en una feria minera internacional en Toronto que no entendían esta debilidad. De paso nos puso al día sobre la competencia que existe para atraer capitales hacia la minería. El potencial de varios países latinoamericanos y del propio mundo desarrollado, nos alerta que traerlos es tan sencillo.

El ex director del ILPES subrayó la falta de conciencia que en el país existe sobre el papel de la minería. En ello hay buena parte de responsabilidad de una minería tradicionalmente depredadora, que bajo el sistema de enclave poco ayudó al desarrollo del país. Las grandes empresas extranjeras sólo se preocuparon de extraer la materia prima sin atender los daños ambientales, usufructuando contratos leoninos y prácticamente sin pagar impuestos.

Esa situación ha cambiado con el tiempo y ahora la minería formal es un factor clave para el desarrollo. Incluso la generación de cadenas productivas o mejor, de una industrialización alrededor de los recursos naturales está dándose, como lo demuestra el crecimiento de la industria metal mecánica que se articula con la explotación de las minas.

Todo esto está establecido en el Plan Bicentenario, promulgado en junio del año pasado tras lograr el consenso del Acuerdo Nacional. El sectarismo y la reticencia de LA PRIMERA fase del nuevo gobierno lo dejaron en el aire. Ocho meses después el Ceplan no ha avanzado un ápice en articular los programas estratégicos de largo plazo y lo más sorprendente, ha dejado sin metas de mediano plazo al propio gobierno y desarticulados a todos sus niveles.

Plan Bicentenario: camino de democracia y equidad, ¿quiénes se oponen a él?

El Plan Nacional de Desarrollo 2021, elaborado por el CEPLAN (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico), llamado también Plan Bicentenario, se basa en el esfuerzo de concertación desarrollado en el Acuerdo Nacional desde el año 2002, que definió 31 políticas de Estado consensuadas que deben enmarcar un crecimiento económico con transparencia, democracia, equidad y sustentabilidad.

Dentro y fuera del gobierno presidido por el Dr. Alan García Pérez, el Partido Aprista Peruano ha realizado un esfuerzo meritorio por preservar y fortalecer el sentido consensual y de modernidad constructiva que mantiene el Acuerdo Nacional y encarna dicho Plan. 

¿Quiénes se oponen al Plan 2021? Las dos fuerzas extremas que en este momento, a las puertas de la segunda vuelta electroral, ponen en peligro la democracia en el Perú. Una de ellas es la arbitrariedad y la corrupción conservadoras representadas por el fujimorismo. La otra es la demagogia populista de cariz totalitario del neosanchecerrista «humalismo». Ambas corrientes políticas estuvieron ausentes en las convocatorias del Acuerdo Nacional de los últimos dos años.

Hoy en día, ambas fuerzas reaccionarias se oponen al Acuerdo Nacional y al Plan 2021 porque se oponen a la democracia.

Aquí ofrecemos el Resumen Ejecutivo del Plan Bicentenario, que muestra claramente lo que rechazan los totalitarios

LEER EL PLAN 2021