Desde que se aprobaron las políticas de Estado del Acuerdo Nacional hace una década, hasta la promulgación por consenso del Plan Bicentenario en junio del año pasado, hubo siempre el temor de que esta concertación de fuerzas democráticas alcanzada por primera vez en nuestra historia contemporánea, fuese desconocida por algún actor ajeno al diálogo.
Lamentablemente eso es lo que ha sucedido con la actitud adoptada por el gobierno en su primera fase. El recién removido presidente del CEPLAN sin sustento alguno, decidió suspenderlo. Usó el pretexto baladí de que debía “actualizar” lo que se acababa de hacer. Durante los siete meses de su gestión se las ingenió para no dejar ningún resultado.
De esta forma, desconoció tres años de trabajo de elaboración del Plan, que desde sus primeras formulaciones se hizo en consulta permanente con los integrantes del Acuerdo Nacional y con diversos representantes de la sociedad civil, incluyendo la constante participación de todos los niveles de gobierno.
Así por aproximaciones sucesivas, se elaboraron documentos previos que se analizaron con las direcciones de todas las fuerzas políticas, salvo el PNP, que todavía en tono chavista excusaba su asistencia. Se pronunciaron los gremios patronales y de trabajadores, se coordinó con los gobiernos regionales y locales, se encuestaron académicos e investigadores, se convocaron talleres nacionales e internacionales y comités multidisciplinarios. Así se sumaron más de cuatro mil personas que participaron directamente y cerca de cien mil por vía electrónica.
Todo este trabajo permitió que en la fase final, entre octubre de 2010 y mayo de 2011, se realizaran diversas sesiones del Consejo de Ministros y del Acuerdo Nacional, encabezadas por el propio presidente de la República, hasta lograr el consenso. Cuando el nuevo gobierno tenía la mesa servida, su representante decidió tirar todo al tacho, sin entender lo que significa haber logrado un respaldo de tal envergadura, con fuerzas de todo el espectro ideológico. Dispuso para empezar que se anule el nombre “por aprista” y prohibió el uso de la palabra planificación. Acaba de decir que descartó el documento promulgado porque “sólo trataba de crear las oportunidades para todos” (sic).
El primafásico nunca entendió que el Plan se funda en la Declaración Universal de los derechos humanos ni que significa el concepto del desarrollo como libertad. Una visión integral que plantea generar las condiciones para la plena vigencia de los derechos fundamentales, las libertades, la igualdad de oportunidades, la seguridad social, el desarrollo sostenible y el progreso cultural. Nuestro nostálgico de los años setenta pretendió volver al análisis sectorial y economicista, ignorando que estamos en el tiempo de los derechos y la realización de las libertades.
Ahora un empresario privado tendrá que descubrir que no es el lucro sino los valores de la democracia, que no se cotizan en la bolsa, los que guían a la república.
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