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viernes, 27 de diciembre de 2013

Poder Paralelo. Por Agustín Haya de la Torre

Mes y medio después de estallar el escándalo de Óscar López Meneses, el gobierno sigue sin

informar quién dio la orden ni qué hacía para que decenas de policías y patrulleros lo cuiden durante casi dos años.

La explicación oficial que trata de presentar el caso como “corrupción policial” no convence a nadie. Ni la renuncia del ministro del Interior ni la destitución de varios oficiales aclaran el asunto. Tampoco los insultos del Presidente contra el operador de Vladimiro Montesinos, pues durante seis semanas el Ejecutivo ha convertido en un sainete su intento de tapar el sol con un dedo y desvirtuar las investigaciones.


Los registros de la prisión de San Jorge aparecen y desaparecen mientras los ministros dicen tonterías cada vez. Confirman así la responsabilidad directa del gobierno, que por todas las formas posibles evita que sepamos las razones para tan exagerada protección de un particular.



Algunos soslayan la gravedad del caso y olvidan lo que vivimos en los noventa. Entonces Alberto Fujimori organizó a través de su servicio de espionaje, un esquema de poder que le permitió controlar a las fuerzas armadas y policiales, a la judicatura y, encima, sobornar a los grandes medios de comunicación.

El diseño dictatorial resultó ambicioso y de envergadura porque pretendía perpetuarse en el poder. El soplonaje al interior de los institutos armados le servía para promover a los adictos y descabezar a los críticos. Lo mismo sucedió en el Poder Judicial donde su influencia llegó a disfrazarse como reformista al punto de contratar a la ONG más pintada en el tema.

Con la televisión y la prensa, Fujimori alcanzó uno de sus puntos más eficaces. Con operadores ad hoc usó la farándula para distraer a la gente. Fomentó un penoso espectáculo de lo grotesco y el mal gusto. Cómicos, bataclanas y animadoras, junto con los pasquines amarillos, llevaron la cultura chicha a su clímax.

Todo esto encubría algo más siniestro: los negocios turbios de las licitaciones amarradas, el narcotráfico y el contrabando a gran escala. El esquema de Fujimori y su brazo derecho requería no solo astucia sino grandes cantidades de dinero, saqueado del fisco o proveniente de las coimas.

Quien dirija tal mafia necesita mucha protección, como los centenares de hombres del batallón “Júpiter”. Montesinos pasó su entrenamiento como agente de potencias extranjeras desde los años setenta. López Meneses, uno de sus colaboradores, conoce las formas pero carece de las habilidades de su jefe.


Por lo que sale a luz, todo indica que empezaba un camino parecido. El alumno metía ya sus narices en la vida militar y policial para mover los ascensos y seguramente montaba la soplonería sobre los adversarios. Descubrir a Montesinos demoró varios años y si no fuese por su manía de filmarlo todo, no nos habríamos enterado a plenitud de sus delitos y menos verle la cara a los vendidos.

Ojalá la comisión parlamentaria y la Fiscalía revelen los oscuros menesteres del aprendiz de brujo.

jueves, 26 de julio de 2012

Tribuna Libre - Operación Fujimori. Por Agustín Haya de la Torre

En un alarde de audacia política y jurídica, el juez supremo Javier Villa Stein, a la cabeza de una dudosa Sala Penal, decidió rebajar la pena a los militares del Grupo Colina, la selecta banda de asesinos que Alberto Fujimori organizó y hasta premió, para ejecutar crímenes tan horrendos como los de Barrios Altos y La Cantuta.

Como se ha probado hasta la saciedad, el condenado exdictador hizo uso y abuso del poder para preparar a estos grupos criminales en el seno de las Fuerzas Armadas, dotándolos de recursos del erario público que incluían con descaro hasta bienes del propio Palacio de Gobierno.

El argumento de Villa Stein para rebajar la pena y favorecer La Libertad de los criminales, se sustenta en el supuesto error de la acusación fiscal de no haber incluido los delitos de lesa humanidad y de asociación ilícita para delinquir por los que finalmente fueron sentenciados.

Sostiene en su dictamen que los delitos de lesa humanidad definidos por el Estatuto de Roma, se refieren a guerras de exterminio de grupos humanos por alguna de las partes beligerantes y que esto no se aplica. Sin embargo esto es desmentido por los fiscales supremos Pablo Sánchez y Jorge Cortez, que demuestran que plantearon ambos delitos en la acusación del Ministerio Público.

Lesa, del latín laesus, significa dañar, ofender y así interpreta el concepto la Corte Interamericana de derechos humanos para calificar crímenes cometidos desde el poder político que agravian la dignidad humana. El fallo revisado resulta incoherente pues si sostiene que al no estar sustentado el delito de lesa humanidad y no estar tipificado en el Código Penal peruano, entonces ¿qué pena es la que le rebaja?

Los fiscales han demostrado que lo que dice Villa Stein es falso y que la acusación fue por homicidio calificado con el agravante que los matarifes de Colina eran militares. Por tanto la pena de 25 años está muy bien puesta. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Aquí hay una trama que sin duda tiene que ver con el intento de liberar al fundador del grupo criminal, el condenado Fujimori.

La estrategia es clara y responde a ese espectro reaccionario que defiende y promueve las dictaduras como la única forma de manejar el país. Después de fracasar en su estrategia de mostrar al preso afectado por una enfermedad terminal o de afirmar que “nadie debe morir en la cárcel”, ahora recurren a menoscabar las sentencias de los ejecutores directos.

La corriente antidemocrática sigue desconcertada porque por primera vez un dictador y organizador de LA PRIMERA cleptocracia de nuestra historia, esté preso. No se dan cuenta que están fuera de época, que el mundo no soporta tiranías y que la democracia las castiga con la ley. Por eso vemos a un veterano Hosni Mubarak regresar del hospital a la cárcel y a un anciano Jorge Rafael Videla ser trasladado a una prisión común, porque es la forma como la sociedad se recupera del escarnio moral y evita que el mal se repita