Fujimori y Atahualpa. Por Agustín Haya de la Torre

La nueva generación de universitarios peruanos tenía menos de diez años cuando Alberto Fujimori fugó vergonzosamente del país, a raíz de la difusión del video donde su gobierno compraba en dinero contante y sonante la adhesión del parlamentario de Perú Posible Alberto Kouri Bumachar. La escena de los treinta mil dólares entregados resultaba apenas la punta del iceberg. De allí en adelante la ciudadanía pudo ver asombrada decenas de videos en los que por primera vez en la historia, quedaba registrada la compra con recursos públicos de empresarios, políticos y periodistas.

Costales de dinero saqueado del fisco quedaron grabados para sorpresa del mundo entero y afrenta de los peruanos. No eran discretos sobres al estilo de las películas de gánsteres ni la promesa del depósito en alguna lejana cuenta secreta. Se trataba cada vez, de un cerro de billetes que para acarrearlo, los vendidos necesitaban bolsas y hasta maletas.

¿Cuánto sumó lo robado al fisco? No hay una cifra precisa pues las investigaciones no culminan. De lo exhibido hay que calcularlo por metros cúbicos, dejando constancia que la gran mayoría de los videos del latrocinio no han sido revelados. Están ocultos sin otra razón que no sea la de proteger a ciertos poderosos. Además los testimonios sobre las maletas llenas de dólares enviadas regularmente a Japón y los indicios de las indagaciones hechas por firmas especializadas, dan cuenta de que el monto andaría entre los 2,700 millones de dólares y los 6 mil millones que denuncia Mario Vargas Llosa.

Para que los jóvenes estudiantes tomen nota de la magnitud del delito, comparémoslo con lo que Francisco de Jerez, autor de “La verdadera relación de la conquista del Perú” publicada en Sevilla en 1534, registró del tesoro entregado por el Inca para su rescate. Alcanzaba un monto de 1.326,539 pesos castellanos de oro y 51,610 marcos de plata, que según precisó Mariano Moreyra Paz Soldán en 1943, equivalían a 5,971 kilos de oro y a 11,041 kilos de plata fina.

A precios actuales esa cantidad de oro se valoriza en unos 344 millones de dólares y la plata en 13 millones de dólares. El cuarto del rescate repleto hasta donde se empinó el brazo de Atahualpa, a precios de mercado, suma en total 357 millones de dólares. Los estudiosos siempre consideraron esa cantidad como uno de los botines de guerra más grandes de la historia universal. Hasta ahora la peruanidad se hunde en una melancólica depresión cada vez que recordamos el drama de la conquista por el saqueo cometido.

Todo el esfuerzo del gran emperador para recolectar lo que se encontrara de oro y plata en el poderoso Tahuantinsuyo, empalidece ante el asalto de Fujimori. Esas decenas de millones de Cajamarca, son de menor cuantía frente a lo acumulado por los ladrones que capturaron el poder en los años noventa. Incluso lo devuelto, que si bien se acerca a las dos terceras partes del cuarto del rescate, es apenas un décimo de lo robado, sumergido en los misterios del Oriente.

Poder Paralelo. Por Agustín Haya de la Torre

Mes y medio después de estallar el escándalo de Óscar López Meneses, el gobierno sigue sin

informar quién dio la orden ni qué hacía para que decenas de policías y patrulleros lo cuiden durante casi dos años.

La explicación oficial que trata de presentar el caso como “corrupción policial” no convence a nadie. Ni la renuncia del ministro del Interior ni la destitución de varios oficiales aclaran el asunto. Tampoco los insultos del Presidente contra el operador de Vladimiro Montesinos, pues durante seis semanas el Ejecutivo ha convertido en un sainete su intento de tapar el sol con un dedo y desvirtuar las investigaciones.

Los registros de la prisión de San Jorge aparecen y desaparecen mientras los ministros dicen tonterías cada vez. Confirman así la responsabilidad directa del gobierno, que por todas las formas posibles evita que sepamos las razones para tan exagerada protección de un particular.



Algunos soslayan la gravedad del caso y olvidan lo que vivimos en los noventa. Entonces Alberto Fujimori organizó a través de su servicio de espionaje, un esquema de poder que le permitió controlar a las fuerzas armadas y policiales, a la judicatura y, encima, sobornar a los grandes medios de comunicación.

El diseño dictatorial resultó ambicioso y de envergadura porque pretendía perpetuarse en el poder. El soplonaje al interior de los institutos armados le servía para promover a los adictos y descabezar a los críticos. Lo mismo sucedió en el Poder Judicial donde su influencia llegó a disfrazarse como reformista al punto de contratar a la ONG más pintada en el tema.

Con la televisión y la prensa, Fujimori alcanzó uno de sus puntos más eficaces. Con operadores ad hoc usó la farándula para distraer a la gente. Fomentó un penoso espectáculo de lo grotesco y el mal gusto. Cómicos, bataclanas y animadoras, junto con los pasquines amarillos, llevaron la cultura chicha a su clímax.

Todo esto encubría algo más siniestro: los negocios turbios de las licitaciones amarradas, el narcotráfico y el contrabando a gran escala. El esquema de Fujimori y su brazo derecho requería no solo astucia sino grandes cantidades de dinero, saqueado del fisco o proveniente de las coimas.

Quien dirija tal mafia necesita mucha protección, como los centenares de hombres del batallón “Júpiter”. Montesinos pasó su entrenamiento como agente de potencias extranjeras desde los años setenta. López Meneses, uno de sus colaboradores, conoce las formas pero carece de las habilidades de su jefe.


Por lo que sale a luz, todo indica que empezaba un camino parecido. El alumno metía ya sus narices en la vida militar y policial para mover los ascensos y seguramente montaba la soplonería sobre los adversarios. Descubrir a Montesinos demoró varios años y si no fuese por su manía de filmarlo todo, no nos habríamos enterado a plenitud de sus delitos y menos verle la cara a los vendidos.

Ojalá la comisión parlamentaria y la Fiscalía revelen los oscuros menesteres del aprendiz de brujo.

Los presos mandan. Por Agustín Haya de la Torre

Alberto Fujimori dando entrevistas a diestra y siniestra desde su cárcel unipersonal llena de teléfonos públicos, y Vladimiro Montesinos colocando a uno de sus principales operadores en el gobierno, bajo la protección de tres decenas de policías, demuestran un extraño y peligroso enroque del poder en el Perú.

Así como las bandas criminales operan desde las prisiones usando celulares y sobornando a sus vigilantes, sin que nadie hasta ahora sea responsable, de la misma manera, el condenado ex dictador y su mano derecha, autores de toda clase de crímenes desde el poder del Estado, parecen haber retornado a sus mejores épocas.

La trama López Meneses saca a luz el grado de penetración del fujimontesinismo en el corazón del poder. Todo el alto mando de las Fuerzas Armadas y policiales sale comprometido, por acción u omisión. El propio presidente Ollanta Humala tuvo hasta ayer como su asesor principal en materia de seguridad a un exedecán de un general clave de la cleptocracia. Toda la cúpula militar y policial la designa el Presidente de la República y asciende bajo su decisión, poder que la dictadura consagró en la Carta de 1993. 

Si en algo trabajaba Adrián Villafuerte era en colocar en las más altas jerarquías a los fieles de la promoción que sirvieron en los noventa. No por gusto apenas tomó el poder, los oficiales de raigambre democrática fueron expectorados uno tras otro.

Colocar a un gánster bajo una costosa y ostentosa protección policial, indica tanto el estilo abusivo de ejercer el poder, típico de la dictadura, como las oscuras tareas que se le encargaron durante 18 meses. Su currículum indica que tiene experiencia en cuanto negocio sucio pueda existir, por tanto hay que suponer que ya lo investiga la Fiscalía y que más adelante sabremos a qué se dedicaba.



La actitud del reo Fujimori resulta escandalosa. Fracasada su estrategia del “enfermo terminal”, pasa a la de estrella mediática, para demostrar cómo nadie se atreve en la prensa a denunciarlo por apología del delito. Argumenta un derecho a la libertad de expresión, inexistente para cualquier condenado por actos criminales, que obviamente publicita con su insolente exhibicionismo.

Fujimori y Montesinos demuestran la baja calidad que le imprimen a la democracia el humalismo y sus aliados. Dos presidiarios que montaron el más grande poder mafioso jamás organizado en el Perú, prueban su fuerza sin tapujos, al punto de volver obligatoria la pregunta de quién gobierna en el Perú.

La extrema debilidad que muestra el gobierno de la familia no puede menos que alarmar al país. Por momentos parece que el paseo de Locumba, que acabó en un picnic pintoresco, le sigue pasando la factura al Presidente o que tras más de dos años, no sabe cómo gobernar.

Los astutos delincuentes hace rato que tomaron nota de la falta de autoridad. Nos traen a la memoria los peores momentos de la anomia social que predominó en los noventa. Solo valen el poder de la fuerza delictiva y el dinero para imponer la arbitrariedad y socavar la democracia.

Apología del delito. Por Agustín Haya de la Torre

Desde que fue extraditado por la Corte Suprema de Chile a pedido de la justicia peruana y luego condenado a 25 años de prisión por 234 cargos, el expresidente Alberto Fujimori y sus partidarios persisten en una incesante campaña publicitaria contra la sentencia judicial.

La arremetida de la última semana resulta una de las más descaradas. En un acto fríamente calculado y muy bien coordinado, se despachó durante media hora en la radio de mayor difusión y sintonía del país. Contó por supuesto con la complicidad abierta del medio, en particular del complaciente periodista, en el enésimo intento de burlarse de la sentencia que lo condena.

El miedo de sus custodios llegó al extremo patético, como vimos luego, de no poder cortar una ilegal llamada telefónica. Ninguna autoridad superior reaccionó como debía, atemorizada quizás por la presencia de dos parlamentarios fujimoristas que en acto de absoluta prepotencia oficiaban en el atropello como guardaespaldas.

Durante toda la prisión del exdictador, el país viene soportando los más absurdos argumentos a favor de sus acciones ilícitas, sustentadas solamente en la arbitrariedad que hace añicos códigos y leyes. Como nadie lo frena, el astuto presidiario convierte las normas penales en papel mojado. Goza de todas las prerrogativas ilegales que le da la gana, para vergüenza de los ministerios de Justicia y del Interior, a los cuales además encara sin rubor cada vez que viola la ley.

El problema se agrava porque en el país se olvida por completo que la apología del delito está claramente tipificada en el Código Penal. El artículo 316 dice con precisión que el que hace la apología de un delito “o de la persona que haya sido condenada como su autor” será reprimido con pena privativa de la libertad entre uno y cuatro años.

Todas las sociedades civilizadas cuentan con dispositivos semejantes por una razón elemental: no se puede permitir que se lesionen bienes jurídicos superiores, como el derecho a la vida, a la libertad o a la propiedad o que se publicite directa o indirectamente a sus violadores. Cuando sus irresponsables publicistas le permiten al reo proclamar su inocencia en público, obviamente promueven una campaña a favor de los crímenes condenados.

¿Por qué esos mismos medios por ejemplo, jamás reproducen la ejemplar sentencia de la Corte Suprema? ¿Por qué no mencionan los crímenes de lesa humanidad de Barrios Altos, La Cantuta o del Santa? ¿Por qué no leen la sentencia judicial de los latrocinios cometidos?

El país se está acostumbrando a soportar impávido la campaña de un gigantesco poder mediático a cuyos propietarios vimos recibiendo enormes cantidades de dinero de la dictadura, que además avalaron el desguace de las empresas públicas, que enriquecieron a muchos de acuerdo a informes aprobados por unanimidad en el Congreso de la República.

Es hora de que el ministro de Justicia y el Ministerio Público defiendan a la sociedad contra la apología del delito, si queremos construir en serio una sociedad democrática.

Teatro Japonés. Por Agustín Haya de la Torre

En la tradición del teatro japonés existen dos formas importantes: el No y el Kabuki, originados entre los siglos XIV y XVII, una época de shogunes y samuráis, bastante parecida al Medioevo europeo. El No se caracteriza por su carga dramática, un ejercicio actoral refinado que usa un lenguaje culto y aristocrático. El Kabuki, más moderno, tiene un corte lírico y ligero.

El actor principal, siempre masculino, usa máscaras y trajes diversos para encarnar personajes diferentes, incluso mujeres, sobre un escenario más bien limitado. Son representaciones sofisticadas que expresan la alta cultura alcanzada desde siglos atrás en dicho país. Uno de sus componentes, incluso en las representaciones más serias que suelen durar varias horas, son los intermedios farsescos, pensados para distraer al espectador antes de volver al tema principal de la historia.

Resulta difícil que Alberto Fujimori encaje en la tradición del teatro fino, elegante y riguroso, que contribuyó a forjar una cultura de gran complejidad e ilustración. Más bien a juzgar por sus últimas actuaciones, ratifica su enorme predisposición para la farsa.


La semana pasada lo vimos en dos breves pero intensas actuaciones, en medio del drama que el gobierno más corrupto de la historia del Perú montó en la década de los noventa. Para acudir a un nuevo juicio del rosario de robos, crímenes y delitos que cometió, no se le ocurrió nada mejor que presentarse mal vestido, despeinado y en plena crisis hipertensiva. Debía responder por la financiación con recursos públicos de la infame prensa amarilla que montó para calumniar y burlarse sangrientamente de sus enemigos democráticos.

Dos días después aparece gritoneando con renovada energía a los enfermeros que lo cuidan en la clínica donde se internó. Como no lo entiende de otra manera, pretendía que violen la norma y dejen pasar a quien le dé la gana. No pensó que un alma caritativa lo grababa, quizás sorprendida de que un “enfermo terminal” muestre tanto vigor.

Más bien el anónimo camarógrafo es un ejemplo a seguir. Si la opinión pública pudiese ver como vive en su cárcel dorada, recibiendo decenas de visitas, atendido por un servicio único en los penales del Perú, quizás dejaríamos de soportar la cínica y cotidiana propaganda del club de viudos del fujimorato, que permanentemente y mediante mil argucias nos hacen creer que lo someten a crueles torturas.


Que interesante sería que el INPE distribuya los videos de las actividades semanales del condenado Fujimori. Nos enteraríamos de lo que es vox pópuli pero que sus custodios disimulan. Descubriríamos de pronto si las lujosas camionetas que se quedan de noche no andan solas.

Hasta podríamos observar los esfuerzos del plan de resocialización que sigue el Ministerio de Justicia, para que pague algo de lo que robó, de acuerdo a la sentencia. O los avances en el arrepentimiento de sus crímenes, para que nos convenza que el sicópata que se proclama inocente, va quedando atrás.                                

El plan Fujimori (No Alberto). Por Luis Zaldívar

 Hace unas semanas una nota periodística alertaba sobre la campaña de Keiko Fujimori en Apurímac y otras ciudades del interior con la consigna de gastar el dinero que sea necesario para asegurar la posición del fujimorismo en las elecciones del 2014[1]. Ante los trascendidos sobre una disputa en el interior de Fuerza Popular, rápidamente negaron la versión[2] y han redoblado sus esfuerzos en captar candidatos y alinearlos a una red de agrupaciones independientes que con buen financiamiento esperan tomar una serie de alcaldías y gobiernos regionales que respalden la campaña del 2016, en la que tienen que vencer no sólo a otros candidatos sino también al antifujimorismo, el rival que los venció el año 2011. Con el jerarca Fujimori vencido en la cárcel y siendo acusado por nuevos crímenes, frente a lo cual no le ha quedado otra cosa que victimizarse [3], se perfila un afianzamiento del comando de campaña de Keiko con miras a las próximas elecciones.

La estrategia de Keiko es básicamente la misma que ha mantenido vivo al fujimorismo hasta el día de hoy: liderazgo absoluto de una cúpula ligada a la familia, captación de cuadros técnicos vendidos al mejor postor, organización de frentes fachada que permiten cero fiscalización y un discurso de glorificación de los noventas a demesdro de “la clase política tradicional”. A pesar de lo que puedan pensar algunos intelectuales y columnistas, mucha gente sigue viendo a ese esquema vertical sin contrapesos la manera más eficiente de gobernar el país, y las sucesivas votaciones lo han demostrado.

Sin embargo, Keiko parece tener dos limitaciones. La primera es que el legado político de su padre se va desvaneciendo por el paso del tiempo; sus fortalezas –hace obras eficientemente, orden, seguridad- no son suficientes para una generación que mal que bien ha visto la modernización del Perú sin un Fujimori al frente. El otro problema fundamental del fujimorismo es que si bien Keiko se muestra aplicada, no tiene ningún mérito propio para mostrar; sólo recordar su record congresal y su papel relativamente callado en la oposición (para ser la fuerza principal en el congeso) hacen que su candidatura sea débil a largo plazo.

Aún así, el fujimorismo sigue siendo la fuerza más homogénea del país, y de no pasar algo en los próximos meses lo más posible es que veamos al país tornarse naranja el 2014. Avisados estamos, el fujimorismo aún no ha hecho un mea culpa de ninguno de sus errores, y parecen estar convencidos que pueden ganar sin hacerlo.

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[1] http://www.larepublica.pe/06-10-2013/keiko-en-campana-mientras-papa-y-doc-negocian

[2] http://www.larepublica.pe/06-10-2013/keiko-en-campana-mientras-papa-y-doc-negocian

[3] http://elcomercio.pe/actualidad/1646093/noticia-alberto-fujimori-reaparece-demacrado-juicio-caso-diarios-chichavideo

Enredo gratuito. Agustín Haya de la Torre

El intercambio de sutilezas entre el gobierno y la oposición sobre el diálogo político parece contar con la asesoría del doctor Alzheimer. La impresión que dejan en medio del sainete, es que aparentemente no sabrían como empezar la conversación.

Sería bueno que el presidente tome nota de la existencia del Acuerdo Nacional, que no sólo está vigente sino que cuenta con funcionarios públicos pagados por la Presidencia del Consejo de Ministros. El Acuerdo aprobó hace más de diez años una treintena de políticas de Estado que han servido de marco para los dos gobiernos anteriores.

El AN como tal es todo un avance en el proceso democrático, pues sienta o sentaba a la mesa, de manera regulara, a los líderes de los partidos políticos y de las organizaciones más importantes de la sociedad civil. Todo el espectro político y social está allí representado. Siendo el parlamento nacional el primer poder del Estado que institucionaliza el diálogo entre los representantes de la ciudadanía, la crisis de representatividad y la inconsistencia de los partidos, puso en agenda la necesidad de un refuerzo que garantice la pluralidad y la fluidez del diálogo.

Desde entonces tenemos en el país una institución con características especiales, cuyo papel resulta muy importante para el buen gobierno. Con Toledo y García funcionó con regularidad y sirvió para superar debilidades y generar oportunos consensos. El propio Ollanta Humala lo firmó entre la primera y la segunda vueltas, cuando dejó de lado su tránsito por la raza cobriza y el chavismo. Hasta lo convoca a la muerte de un obispo, aunque casi en el anonimato.

El Acuerdo Nacional no se plantó en las políticas generales, sino que como parte de ellas consiguió que se creen el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, fundados en el segundo semestre del 2008. Tras casi tres años de intenso trabajo junto con el CEPLAN, convocando decenas de talleres y más de cien mil consultas, aprobó por unanimidad el primer plan estratégico de desarrollo nacional, denominado Plan Bicentenario: el Perú hacia al 2021.

El documento traduce en ejes estratégicos, objetivos, lineamientos de política, prioridades, metas y programas, las 32 políticas de Estado. Sustentado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el principio del desarrollo como libertad, el Plan logró incluir más de una veintena de programas estratégicos en el presupuesto nacional.

El terreno cultivado para que el nuevo gobierno avance en su articulación orientadora y elabore el plan de mediano plazo, empezó a secarse. Los nuevos responsables no sabían si la hoja de ruta o lagran transformación decidían su labor. En la duda, se abstuvieron hasta el día de hoy. Agobiados por el complejo de Adán, optaron por un estado de suspensión latente, frenando todo lo avanzado.

Sería penoso que en el diálogo planteado primen los consejos nada recomendables del consultor alemán.

La trama fujimori. Por Agustín Haya de l Torre

(este artículo se publica momentos antes del pronunciamiento negando el indulto al ex dictador Fujimori)

Meses atrás el fujimorismo lanzó la campaña por el indulto de su líder, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Todo el aparato mediático montado durante años de corrupción, desde que los periodistas y dueños de los medios recibían montañas de dinero, demostró que sigue vivo.

Una bien orquestada publicidad trató de convencer a la opinión pública que el reo sufría un cáncer terminal. Titulares, primeras planas, lacrimosos comentaristas, intentaron por todos los medios de lograr su propósito. Grotescas fotografías en primer plano de una lengua herida ocupaban carátulas como prueba irrefutable.

Pasado el tiempo, los médicos no solo comprobaron que no alcanzaba la condición de enfermo terminal sino que el mal no calificaba como cáncer. La propaganda sufrió un serio traspié, pero la demora del gobierno en resolver el tema les permite volver a la carga.

Otra vez la parafernalia fujimorista salió con todo. Desde el Cardenal hasta adversarios perdonavidas, creen que cuatro años en una prisión dorada resulta demasiado. En realidad la campaña empezó al minuto de su sentencia, cuando el abogado defensor anunció que en tres años saldría libre por las supuestas irregularidades del proceso.

Ahora el argumento para la compasión proviene de su depresión. Pese a que pasa el tiempo en la única cárcel dorada del país y probablemente del continente, con amplio espacio, visitas a discreción, comunicación con quien quiera y atención en las clínicas más caras de la ciudad, no le acomoda.

Así pretende arrinconar al presidente Ollanta Humala, dedicado a deshojar margaritas. Si da el indulto, la demanda de las víctimas llegará sin duda alguna y con toda razón, a la Corte de San José. Tal escenario desprestigiará al Perú y acabará por convertir a Humala en un paria. Si dice que no, enfrentará el disgusto de la bancada del sentenciado, aunque el enfrentamiento no pasará de un lío de entre casa.

El juicio y la sentencia resultan ejemplares en la historia del Perú. Por primera vez quien usufructuó en su beneficio el poder y pisoteó la Constitución y las leyes, paga sus culpas. Fujimori destruyó la institucionalidad democrática, saqueó el erario nacional, montó un gigantesco aparato de corrupción manejado desde el espionaje y cometió crímenes tan bárbaros como los de Barrios Altos y La Cantuta. No olvidemos que no solo la justicia peruana lo juzga sino que a raíz de la extradición, la Corte Suprema de Chile aceptó las pruebas presentadas por el Estado peruano y resolvió entregarlo.

La manía de la dictadura de grabar las fechorías cometidas permitió que viésemos los millones de dólares robados abiertamente. Un testimonio demoledor que no se completó porque el propio condenado secuestró centenares de videos y documentos de la casa de su socio. La prisión de quien ni siquiera se arrepiente de sus graves delitos, es una prueba para la recuperación moral de la sociedad peruana, aquejada por el cáncer de la corrupción que compra conciencias.

La evidente dictadura en Venezuela. Por Renzo Ibañez Noel

Los que nunca hemos simpatizado con el proyecto chavista no necesitamos muchos argumentos para oponernos al último descalabro ocurrido en Venezuela. Es más, siendo conscientes de que el chavismo ha sido mayoritario hasta hace muy poco, igual nos hemos opuesto a un modelo económico que privilegia el despilfarro del dinero, producido  casi exclusivamente por las ingentes cantidades de petróleo,  por sobre la creación de bases económicas sólidas y que, pretenciosamente, intenta intervenir en otros países.

Sin embargo, hay muchos que siguen considerando al chavismo una “variante” de democracia, la cual se ha basado en la popularidad del fallecido caudillo, un discurso construido en dos dimensiones, por un lado una retórica social-reivindicacionista y por otro uno que denuncia a “enemigo yakee” y sus “secuaces” dentro de Venezuela (oposición), así mismo,  en la existencia de un sistema electoral que  arrincona a los opositores, y por último, la nula intención por respetar la libertad de prensa, estilo que Chávez, salvando las distancias ideológicas y de formas,  copió del dictador Alberto Fujimori. En ese sentido, tenemos que tener algunas cosas claras:

1.      No existe democracia en donde el Tribunal Supremo de Juticia está totalmente copado –literalmente -por partidarios del partido mayoritario[1]. Esto no permite a ningún ciudadano ampararse en el Poder Judicial para defender sus derechos contra el gobierno. Es importante recordar que estos señores jueces no son “supuestos chavistas”, sino que son gobierno-confesos que van a mítines y hacen campaña. Esta cooptación además no admite competencia interna, ya que pareciera ser que el requisito para acceder a un puesto en  las instancias judiciales es la de de tener un “carnet chavista”[2].

2.      El congreso no sólo es mayoritariamente oficialista, sino que han despojado a la oposición de toda posibilidad de presidir comisiones y ahora último no se le da la palabra a quien cuestione los resultados electorales, todo ello es motivado y construido por un sólido sistema electoral que está diseñado para dar incentivos y complacencias al gobierno de turno, generando mayorías aplastantes en desmedro de una oposición que no tiene mecanismos de defensa dentro de la Asamblea Nacional[3].

3.      Ninguna democracia se puede sostener en el fraude. Nicolás Maduro antes de las elecciones decía que se allanaba a cualquier conteo, luego dijo que era “técnicamente imposible” hacer un reconteo, y ahora ha tenido que aceptar por presión, tanto interna como externa, un reconteo que no será absoluto y que no cuenta con la transparencia suficiente, lo cual hace que se reaviven las suspicacias, habida cuenta el tiempo transcurrido y la muestra evidente de que el Consejo Nacional Electoral es un tentáculo más del gobierno chavista.

La entronización de Maduro bajo las condiciones señaladas es solo la muestra de cómo un país y sus

instituciones han sido transformadas para dar cabida a un sistema obsoleto y obtuso,  que ahoga las libertades de los venezolanos y que busca la permanencia de una neo-oligarquía partidaria con discurso social, con supuesta semántica progresista pero oligarquía al fin y al cabo, una elite que se ha llenado los bolsillos de petrodólares a costa de la destrucción del aparato productivo y de la pobreza de miles de venezolanos que hoy cada vez más gritan un cambio urgente para el país de Bolívar, esperemos que así suceda.

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[1] http://www.hrw.org/es/news/2004/12/13/venezuela-tribunal-supremo-copado-por-partidarios-de-ch-vez

[2] http://peru21.pe/2012/01/22/mundo/poder-judicial-venezuela-abdico-su-rol-vigilar-al-ejecutivo-2008555

[3] http://noticias.terra.com/america-latina/venezuela/parlamento-autoriza-a-chavez-tomar-todo-tiempo-que-necesite-para-recuperacion,9cf146137561c310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html

Contumaces. Por Agustín Haya de la Torre

El perdón que solicitan personajes como Abimael Guzmán, Antauro Humala y Alberto Fujimori, comparte rasgos que sus partidarios sintetizan en la justificación de sus delitos y en el imperativo supuesto de que la democracia debe reconciliar a los peruanos olvidando sus crímenes.

Los promotores de la amnistía al jefe de la banda terrorista basan su postura en algo así como que “la rebelión se justifica”, puesto que como existía pobreza y atraso entonces es correcto alzarse en armas. Causar 35 mil víctimas entre muertos, mutilados y desaparecidos, les parece parte de la “cuota de sangre” que los 

peruanos debíamos pagar para que lleguen al poder.

Lo que pretenden borrar de la memoria es que inician su accionar terrorista en el preciso momento en que los militares se retiraban a sus cuarteles, y empezaba un proceso de refundación republicana con la convocatoria de la Asamblea Constituyente. En ella pudieron participar todas las fuerzas políticas que lo quisieran hacer y así fue que se forjó una nueva carta política asentada en los derechos humanos. 

Sendero Luminoso se alzó en armas contra la libertad y la democracia, restablecidas desde 1980 y de allí en adelante se convirtió en una maquinaria de muerte y destrucción. Nada, absolutamente nada justificó tal acción criminal. Guzmán y sus sicarios tras décadas de crueldad, no se han arrepentido y mantienen a su organización armada.

Antauro Humala, aunque limita más con el folklore político que con algún proyecto serio, cometió el mismo inexcusable error de levantarse contra un gobierno democrático. Asaltar una comisaría citadina con un muy bien armado contingente de comandos y asesinar ante las cámaras de televisión a policías de calle, fue un acto cobarde. Su patanería que incomoda al presidente, lo hace merecedor de un trato especial.

Alberto Fujimori, desde otra perspectiva, también actuó contra el orden constitucional. El golpe de 1992, en plena vigencia de la institucionalidad, no tenía otra justificación más que el recurso a la arbitrariedad. Cuando se las ingenió para zafarse de los pesos y contrapesos concentrando la autoridad en la presidencia, se dedicó a montar una cleptocracia sin precedentes y a organizar desde las fuerzas armadas un aparato criminal. 

Quien pretenda homologar las solicitudes de amnistía e indulto de estos condenados, con la tradición de perdonar tras las dictaduras a los insurrectos de entonces, se equivoca de medio a medio. La insurgencia contra la opresión de las dictaduras es un principio que corresponde al ejercicio de las libertades civiles y políticas.

Muy distinto es lo que hicieron los reos señalados. Uno, criminal por fanatismo ideológico, el otro confuso militarista desfasado y por último el expresidente, que grita su inocencia sobre los cadáveres de los jóvenes y niños asesinados por sus esbirros de Colina, tienen en común que pisotearon los valores constitucionales y que no se arrepienten

Cárcel Dorada. Por Agustín Haya de la Torre

Alberto Fujimori no está preso por reducir la pobreza en dos puntos tras su larga dictadura, ni por la detención de Abimael Guzmán mientras pescaba distraído en la selva. Tampoco por su política económica que causó miles de desempleados ni por acabar con la industria nacional. Ni siquiera por asaltar el Congreso, saquear el Poder Judicial o decapitar a los gobiernos regionales el 5 de abril de 1992.

 No ocupa una celda por sus políticas clientelistas ni por regalar billetes a indigentes o fugarse del país. Está condenado por mandar secuestrar, asesinar y desaparecer a jóvenes estudiantes y profesores de La Cantuta, por asesinar a pobres inocentes y niños en un solar de Barrios Altos, por secuestrar y torturar a opositores al régimen y por supuesto, por ladrón, esto último certificado por la videoteca Montesinos.

 Sentenciado a 25 año mediante un juicio ejemplar por la Corte Suprema, con pruebas irrefutables previamente avaladas por la justicia Chilena, no le quedó más que recurrir al destemplado y cínico grito de su inocencia.

 Desde el primer momento sus abogados, hábiles publicistas, anunciaron que en poco tiempo saldría libre. Conocedores desde 1997 de su enfermedad, la usan como bandera y por fin piden indirectamente el indulto. Saben que se les vienen más juicios vía la Corte sureña, como el que acaba de aprobar por el saqueo de 122 millones de soles destinados a comprar periodistas.

 Ahora el país mira con asombro el retorno de todos los trucos de la vieja y corrupta dictadura, como la grotesca foto de la lengua operada o el autorretrato de los ojillos sarcásticos. Las últimas movidas son de antología. De pronto la bancada Fujimorista emite extraños trabalenguas por las fotos que muestran la privilegiada cárcel del expresidente. Están a punto de interpelar a la ministra de Justicia porque los ciudadanos podemos ver un trato infinitamente superior al que reciben los otros 58 mil presos.

El desborde, fruto de la demora en la que pierden piso, es la entrevista pedida como parte de la campaña, por el noticiero más importante del país. Forzando todo principio, dicen que tiene derecho a La Libertad de expresión, obviamente suspendida y condicionada por la autoridad porque está justamente privado de La Libertad.

 Los alterados promotores de esta barbaridad jurídica pretenden anular la elemental suspensión de los derechos políticos de éste y cualquier recluso. Su confusión les impide darse cuenta que en las cárceles no se vota ni que los condenados están impedidos de ser candidatos y de realizar cualquier tipo de campaña política.

 Eso fue lo que llevó al presidente Ollanta Humala a cambiar de prisión a su hermano Antauro, empeñado en decir y hacer lo que le daba la gana ante los medios. Si a Fujimori se le concede por algún tipo de debilidad política “libertad de expresión”, todos los criminales pedirán exactamente lo mismo, empezando por Abimael Guzmán, otro autor mediato, enfermo y deprimido.

Humala. ¿Negacionista? Por Agustín Haya de la Torre

El campeón electoral de la lucha contra la corrupción termina contra las cuerdas, arrinconado por el gobernante más corrupto de la historia republicana. El presidente Ollanta Humala hizo de la moral pública una bandera que enarboló incansablemente desde que entró en política, pero por una inexplicable estrategia, está a punto de negar los fundamentos éticos y jurídicos del estado de derecho. 

Resulta sorprendente que el gobierno no muestre los informes oficiales del Ministerio de Justicia, donde con claridad meridiana se explica porqué el exdictador no puede beneficiarse con el indulto humanitario. En esos documentos queda establecido que para recibir una gracia semejante, el reo tiene que estar en fase terminal, no haber cometido delitos de lesa humanidad ni de secuestro agravado.


En lugar de descartar de plano el pedido por improcedente y a confesión de parte, pues los mismos solicitantes reconocen que no está grave, el gobierno monta un escenario donde un acorralado presidente cree que oirá solamente la voz de su conciencia. Tan melodramática trama se aleja de las prácticas modernas de la democracia, que no pueden dejar de tomar en cuenta las leyes vigentes y las normas internacionales que el país suscribe.

Alberto Fujimori ha descubierto rápidamente el flanco débil de un mandatario inexperto, que cambió de caballos cruzando el río. Esa fragilidad le hace creer al inquilino de Palacio, que conseguirá llegar al 2016 con el apoyo del Fujimorismo e incluso, que podría prolongar el naciente poder familiar.

Tal hipótesis no toma en cuenta que si algún político ha degradado la palabra de honor, ese es el condenado Alberto Kenya. Lo hemos visto jurar por la Constitución y luego pisotearla, defender las empresas públicas y luego acabar con ellas, proclamar honradez y llevarse la plata en maletas. 

Con toda seguridad que el sentenciado ya tiene sus pasajes al Japón, para evitar así una situación como la de Crousillat. Desde allí, con sus ingentes recursos, dirigirá su campaña electoral.

Si Humala le concede el indulto, de lo que sí puede estar seguro es que no cumplirá nada de lo acordado bajo la mesa. Al sentenciado solo le interesa salir de su cárcel dorada, manejar su partido, echar a los usurpadores y llegar de nuevo al poder. El Presidente, al dar el paso en falso, quedará para siempre como el cómplice que abrió la caja de Pandora.

Turista japonés comentando su última visita al Perú

El Fujimorismo como fuerza política goza de todos sus derechos, no están excluidos de nada, por tanto es una falacia aquello de la “reconciliación”. Más bien su actual conducción política convirtió en parte de su discurso el distanciamiento con su oscuro pasado. Ahora repudian a Vladimiro Montesinos, gemelo político y cajero de su fundador.

Con el indulto vendrá la anulación de la responsabilidad por los crímenes y el latrocinio cometidos. Los valores que fundamentan a la república y sus instituciones, quedarán ensombrecidos por la incertidumbre al consagrarse la impunidad.

Fujimori le negó pensión de jubilación a Luis Alberto Sánchez estando gravemente enfermo

EXCLUSIVO
Por Santorino Izquierdo, pseudónimo del pueblo

Empezando 1992, el gobierno de Alberto Fujimori impuso el decreto legislativo 763, que abolió los beneficios de la Ley 20530 o ley de jubilación del sector público. Esta ley había sido fortalecida en sus alcances benéficos para los pensionistas mediante la Disposición General y Transitoria Nº 8 de la Constitución de 1979. Según esta disposición, a partir de 1980 y durante diez años, la pensión de los jubilados iría elevándose hasta lograr el nivel de un trabajador en funciones de la misma categoría. Este mecanismo era conocido como “cédula viva”.

Mediante el mencionado decreto, el gobierno de Fujimori abolió dichas mejoras. Siendo todavía congresista, Luis Alberto Sánchez libró una dura batalla contra dicha arbitrariedad, generando amplio respaldo de los pensionistas del sector público. Sin embargo, en abril de ese mismo año, el Congreso fue disuelto y Sánchez se vio prácticamente desempleado. LAS quiso entonces acogerse a su derecho a la jubilación. Empezaron entonces una serie de represalias para negarle una remuneración de acuerdo a su categoría. Una de las argucias fue negarle los años de servicio como congresista del período 1990-1992. Otra fue considerarlo solamente docente. Una tercera fue impedirle cobrar ya que se encontraba en querella contra el Estado.

La opinión pública expresó su disconformidad con este clarísimo abuso de poder contra el venerable LAS, desconociendo sus méritos profesionales e intelectuales, su avanzada edad y sus problemas de salud. Hubo pronunciamientos en defensa de Sánchez de numerosas personalidades y entidades, entre ellas su alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que le otorgó en desagravio la distinción de rector emérito.

Ante el severo recorte de sus ingresos, LAS tuvo que solventar sus gastos diarios trabajando otra vez en su despacho de abogado, dando clases universitarias y ampliando su actividad como periodista.

Entre 1993 y 1994, estando muy delicado de salud, el maestro LAS elevó al Presidente del llamado Congreso Constituyente Democrático, Sr. Jaime Yoshiyama, sucesivos oficios notariales de reclamo que no fueron atendidos. Lo hizo el 16 de febrero,  el 20 de abril y el 28 de agosto de 1993. El último reclamo, airado pero firme en su derecho, fue publicado en los diarios del 5 de febrero de 1994, un día antes de su deceso. LAS murió el 6 de febrero de 1994, defendiendo hasta el final su legítimo derecho negado por el dictador, que no tuvo ninguna consideración humanitaria por el gran maestro.

Click en las imagenes para leer los documentos publicados por Luis Alberto Sánchez contra Fujmori poco antes de su muerte.