Ecuador, ¿la patria grande?. Por Alan Salinas

Hace dos semanas atrás estuve por Ecuador por asuntos personales, pero mi visita no esquivó mi

curiosidad de querer saber qué ocurre social y políticamente en nuestro vecino del norte. Es así que fui en búsqueda de algunos elementos que me dieran pistas sobre el movimiento político Alianza País, su posicionamiento en el poder y su relación con la sociedad, la oposición y la democracia.

Actualmente en Ecuador frente a la llegada al poder de Alianza País (ligado a Rafael Correa), tanto académicos como activistas políticos están en un fuerte debate sobre la naturaleza que tienen los movimientos políticos frente a los partidos tradicionales. Por un lado se señala que los primeros surgen con el objetivo de hacer escuchar/procesar sus demandas corporativas frente al Estado. Y aunque pueden tener alcance nacional, sus propuestas programáticas siguen estando restringidas a un sector de la sociedad, como es el caso de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE). La relación líderes-bases es horizontal, vale decir, las plataformas reinvindicativas se deciden mediante el mecanismo de la asamblea. Llegar al poder no es la prioridad, sino ejercer presión social y político frente al Estado. Por otro lado,  se sostiene que si bien los partidos políticos surgen para hacer procesar sus demandas sociales, éstos tienen estructuras verticales de relación líderes-bases, que mediante su Comité Ejecutivo Nacional y su Comisión Política deciden las medidas a llevar adelante. Las agendas en este caso agrupan diversas propuestas de la sociedad. Su fin político es llegar al poder para hacer cumplir su propuesta programática.

La diferenciación nos permite apreciar los límites y alcances de cada concepto, pero ¿qué pasa cuando un movimiento político llega al poder? Ese es el caso de Alianza País, frente político ligado al movimiento de Rafael Correa y al CONAIE. Dicha alianza en un principio se reforzó muy bien para llegar al gobierno, pese a las tensiones permanentes dentro del frente. Las banderas que abrazaban eran de reinvindicación del movimiento indígena y el cambio del modelo neoliberal que los partidos tradicionales defendían (1). En ese marco llegaron al poder. Estando ya en el gobierno, Rafael Correa en el 2007 da curso a un proceso constituyente donde se redacta una nueva Constitución en el año 2008. En ella se definía al Estado como Plurinacional e intercultural, reconociendo reinvindicaciones indígenas que se hicieron públicas desde el levantamiento de 1990. Ampliando el marco de reconocimiento cultural. Hasta ahí todo bien con el frente. El problema se acentúa con las acciones de gobierno posteriores de Rafael Correa, vale decir, con discursos a favor de la explotación minera, con la descorporativización de la política estatal y con actitudes contrarias a la movilización social. En ese momento la CONAIE rompe con el frente y pasa al lado opositor (2).

Si bien el gobierno rompe políticamente con la CONAIE, su aliado inicial, una gran cantidad de dirigentes y militantes del movimiento indígena Pachacutik (ligados a la CONAIE) continúan trabajando para el Estado y para Alianza País. Dividiendo al movimiento, para de esa manera no perder la cuota étnica en su discurso (Ospina y Lalander: 2012). Asimismo, desde el Estado, Correa va construyendo nuevas alianzas. Eso lo podemos apreciar en el discurso y en la relación directa hacia las “bases”. Como nos dice la asambleísta Soledad Buendía en la entrevista, “cada 15 días Correa tiene gabinetes itinerantes hacia la sociedad civil, la ciudadanía y gobiernos autónomos descentralizados”. De esta manera recoge las demandas directamente y va construyendo una nueva hegemonía política y social. Para dar sustento a su discurso desde el gobierno ha aplicado políticas públicas gratuitas en educación y salud, el cual le genera un fuerte respaldo en sectores populares y medios.

En su relación con la oposición, Alianza País prácticamente no tiene contrapesos. En la parte política, de 130 miembros en la Asamblea, este movimiento político tiene 100 asambleístas. Esto nos revela que cualquier proyecto de ley a favor de lo “público” pues se aprueba sin ningún problema. Ahí tenemos por ejemplo la controversial “Ley de Comunicaciones”. En la parte social, podemos apreciar que la oposición se encuentra prácticamente dispersa y sin respaldo popular. De un lado los grupos políticos  en Guayaquil ligados a la derecha que reinvindican las autonomías no son el contrapeso suficiente para el gobierno. Del otro lado, el movimiento indígena que hasta el momento es la oposición más fuerte que tiene Correa, y que abraza el tema de las autonomías. Pero es complicado pensar en una alianza política entre la derecha política y el movimiento indígena sobre el tema de las autonomías. El tiempo dirá si puede surgir una alianza a partir de este punto en común entre estas dos plataformas políticas. 

En lo que respecta a la democracia, Alianza País ha ido construyendo un discurso en torno a la revolución ciudadana para hacer frente a los discursos corporativos de su fuerte opositor: el movimiento indígena. Sobre ese marco, Rafael Correa ha generado la idea de que la ciudadanía se refuerza participando en “gabinetes itinerantes” con el ejecutivo. Palabras como “participación” y “poder ciudadano” en la Constitución legitiman las acciones de gobierno en torno a la democracia directa. Las “autonomías” que defienden y abrazan el movimiento indígena y grupos de la derecha política en Guayaquil no forman parte del vocabulario gubernamental por atentar contra la unidad de la nación. Gran contradicción sobre el lema del gobierno, y contra el otro componente de la democracia: la representativa. Por otro lado, mediante la “Ley de Comunicaciones” aprobada hace poco, lo que pone en contradicción el gobierno es un principio elemental de la democracia como es la libertad de expresión y de propiedad frente al activismo estatal como instrumento de control y regulación social y política de la esfera pública. Mejor no seguir con otros tipos de libertades que hasta el momento no se debaten en la Asamblea como la unión civil entre las personas del mismo sexo.

Para terminar, si bien Alianza País ha promovido y fortalecido un discurso y una práctica en torno al

movimiento político desde el Estado, generando una forma distinta de acercamiento hacia la ciudadanía organizada e individual, así como políticas de reconocimiento indígena en la Constitución y políticas públicas gratuitos en educación y salud hacia los sectores antes desprotegidos como los sectores populares y las clases medias, no deja de ser criticable la tensión permanente que genera contra las libertades, principio elemental de la democracia. Sobre eso, a la larga puede desencadenar en una convulsión social como está sucediendo en Venezuela y Brasil.

Notas:

(1)    Entrevista realizada el 26 de junio del 2013 a la asambleísta Soledad Buendía, militante de Alianza País.

(2)     Ospina Peralta, Pablo y Lalander, Rickard 2012. “Razones de un distanciamiento político: el movimiento indígenas ecuatoriano y la revolución ciudadana” en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año XIII, N° 32, noviembre.