Retroceso en Puno: grave error - por José Faustino

"Democracia directa" dícen

 Tras casi tres meses de una huelga violenta, las turbas etnocaceristas de Walter Aduviri pusieron contra la pared al gobierno y lograron que se anule la concesión minera en Yunguyo.

Después de asaltar, saquear e incendiar locales públicos antes de la segunda vuelta, dieron una tregua de pocos días que se reanudó con mucha mayor agresividad. Aduviri se dio el lujo de pasearse por Lima pese a estar requisitoriado, hacer un show mediático durante dos días en Panamericana televisión y entrevistarse con su jefe Antauro Humala en Piedras Gordas, para luego entrampar y doblegar a la primera ministra y al ministro de Energía y Minas a su regalado gusto.

El comportamiento del gobierno ha sido completamente errático. Rechazó durante meses y con justa razón el reclamo, argumentando que la concesión era perfectamente legal, para descubrir el día que la turbamulta asalta el aeropuerto de Juliaca y tras 5 muertos y decenas de heridos, que hay “irregularidades” que no logran explicar, por supuesto.

¿Quien eligió a Anduviri?

Lo que correspondía desde un principio era poner orden ante la asonada que se venía. Aduviri es el mismo personaje que hace pocos años reclamaba exactamente lo contrario, cuando pugnó porque se levante la reserva de la zona para que haya inversión minera. Él mismo se ha encargado de hacer pública su militancia en las huestes humalistas del etnocacerismo. En las revueltas ha aparecido como lideresa Vasti Lescano, dirigente de Sendero Luminoso presa durante largos años y hermana del congresista Yoni Lescano. Eso explica que este último haya aplicado el mismo lenguaje irracional de los promotores de la violencia.

Cuando era obvio que el problema ya estaba en la cancha del gobierno electo, que si fuera consecuente podría haber anunciado el proyecto de ley para cancelar la minería en Puno, aparece la primera ministra Rosario Fernández proclamando la rendición del gobierno.

Todo esto mientras otro increíble conflicto generado por la demagogia de todas las fuerzas parlamentarias de crear universidades por donde sea, había desatado la violencia en Huancavelica. Todo para que al final, la misma señora Fernández habilite la partida necesaria para la nueva universidad de Tayacaja. Sin embargo, la huelga persiste, ahora contra el gobierno regional y para sancionar a los responsables de los tres muertos.

¿Qué le pasa al presidente García a las puertas de dejar el gobierno? ¿Qué tanto interés en promover huachaferías como el Cristo del Morro? ¿Dejó sola a doña Rosario o le dio indicaciones contrapuestas en cada momento?

¿Y ahora, quien podrá defender a los puneños de los puneños?

Un gobierno con excelentes resultados económicos y sociales no puede perder autoridad de esa manera. En lo de Puno no hay nada más que el reclamo incendiario del capitalismo salvaje azuzado por el etnosenderismo. Contrabandistas, narcotraficantes y mineros ilegales financian el asalto al estado de derecho.

A la confusión en la opinión pública ha contribuido la conflictología, moda propiciada hace años por la Defensoría del Pueblo, que suele calificar como conflicto cualquier protesta contra lo que sea, para demandar que el gobierno nacional la resuelva. No importa para los ideólogos de esta deleznable moda que los conflictivos no tengan el menor sustento ni que el tema no le competa a Palacio. Basta que protesten para incluirlos en un catálogo que luego le encaran al Ejecutivo. 

No les interesa si el reclamo es anticonstitucional, ilegal o irracional. Han adoptado la propuesta de antiguos marxistas franceses, que ahora sostienen que el sucedáneo de la lucha de clases es el conflicto social y que no se trata de posturas antidemocráticas sino “contra democráticas”.

Si tales “argumentos” son “sociambientales” mejor. Entran sin chistar a la lista de conflictos que las autoridades deben atender y resolver, sin que les advierta a los implicados ni por un minuto que no tienen razón y que están violentando el estado de derecho.

Humala gana las elecciones abrumadoramente en Puno, y dice no tener opinión sobre lo que pasa

Han convertido al Estado en una especie de radio Capital, donde “tu opinión importa” cualquiera que esta sea. Esta visión anarquista es disociadora del orden jurídico, oscurece la solución de los problemas y propicia que los extremistas acaben convirtiéndose en héroes sociales.

Esta forma de ver las cosas, seguida con complejo de culpa por la “unidad de conflictos” de la PCM, fundada en el toledismo por el siquiatra César Rodríguez Rabanal, lleva al desconocimiento absoluto de las instituciones democráticas. Por eso es que los gobiernos regionales nunca se sienten concernidos en estos temas pese a tener las competencias necesarias.

Mal sabor deja esta rendición incondicional de la señora Fernández y del ministro Pedro Sánchez, que le dan la pauta a las falanges del atraso, enemigas de la generación legal de riqueza.