Encontramos un ambiente bastante curioso en el contexto de
la fauna política peruana. En primer lugar, en el legislativo, distinguimos a
la primera oposición con una actitud paradójicamente cuasi oficialista sin
pronunciarse sobre los últimos desaciertos del gobierno (con respecto a las
crisis de las mesas de diálogo del tema Conga y falta de un mediador capaz de
canalizar puntos de coincidencia entre ambas partes presidente
regional-gobierno), pareciera que el fujimorismo está a la expectativa de algo,
¿una concesión de bondad de parte del jefe de estado para con su máximo líder?
En el ejecutivo vemos negociaciones extrañas, por no decir
desesperadas, para apaciguar los ánimos impetuosos del presidente regional de
Cajamarca ofreciendo ¡vaya cantidad
considerable! de embajadas para que cese su intransigencia y deje llevar a cabo
el proyecto minero Conga.
En el judicial las excesivas autorizaciones de viajes al
extranjero, por fiestas de fin de año, a los condenados por terrorismo: Lori
Berenson, Lautaro Mellano y Nancy Gilvonio han ocasionado más de una crítica al
respecto e incluso generado sospechas de intereses extranjeros que pretenden
promover un ambiente de caos en el interior del país. Hay muchos indicios de
que esto pueda ser cierto.
Lo cierto es que ante este contexto expectante falta la voz
orientadora de una institución política que posea un mínimo de legitimidad para
influir coherentemente sobre la dinámica política nacional y no puedo pensar en
otra que no sea el APRA; sin embargo, a falta de decisión de sus propios
dirigentes nacionales somos los humildes servidores juveniles del aprismo los
que intentamos percibir nuestra realidad y proponer soluciones. Que lastima que
los dirigentes del aprismo con toda su experiencia política no atinen a otra
cosa que no ver, no escuchar y no decir.
Con respecto al caso del
acercamiento entre los fujimoristas
y el gobierno me parece un argumento más sustentable y menos perjudicial
el promover la aprobación de un proyecto de ley que conceda el arresto
domiciliario a los condenados; ya que, esa es solo una prerrogativa de los
procesados o imputados. De esa forma se evitan especulaciones y desviaciones
sobre temas que atañen al interés nacional y corresponden al desarrollo del
país.
Cuanto añora el pueblo tener, en este contexto político, un
personaje con las cualidades y habilidades conciliadoras de Ramiro Prialé,
hombre en cuya palabra se podía confiar y depositar fe en su autoridad. No
tenemos una persona con esas cualidades por lo que hay que buscar una que se
presente como mediador eficaz y me atrevo a proponer a José Murgia, presidente
de la región de La Libertad y miembro del PAP, para el tema Conga. He
mencionado antes que el APRA es una de
las primeras fuerzas políticas a orientar al pueblo con una posición coherente
y ya que no tiene ninguna
responsabilidad por el conflicto social generado ni intención de
intervenir a favor de una u otra parte
la alternativa del presidente de la región de La Libertad se presenta como una
posibilidad latente por ser una región vecina, próspera y que ha sabido manejar
con habilidad y utilidad las inversiones mineras.
Más allá de las
especulaciones políticas son cuestionables las autorizaciones judiciales
jurídicamente por contravenir a la ley en tanto no se puede dar ese tipo de
permisos a quienes tienen libertad condicional.
Queda claro que los jueces que fueron “portavoces de la
independencia del poder judicial” a través de sus resoluciones deben responder
claramente ante la oficina de control de la magistratura y demostrar que no
tienen nada que perder al someterse ante el órgano de control o ¿a caso hemos vuelto a la época
en que el terrorismo podía comprar y negociar con jueces? o ¿habrá una
vinculación entre ciertas ongs con esta fácil liberación de terroristas que
todos sabemos siguen en actividad política?.
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