Una radiografía institucional y una encuesta preocupante. Por Renzo Ibáñez Noel

"Disolver" 20 años del fatìdico autogolpe

Creo que todos sabemos lo qué sucedió aquel 5 de abril de 1992. Aunque nunca faltan las tremendas excepciones que confirman la regla , estamos en el Perú. Hoy, después de 20 años, resulta que Ypsos Apoyo, en su última encuesta, nos muestra que un 47 % de los peruanos aún justifica y aprueba dicho quiebre constitucional, mientras un 37 % dijo que lo justificaría si esta situación se enmarcara en la actualidad. Son cifras espeluznantes si es que pensamos en un país que se precie de moderno, libre, culto, justo, formado en valores republicanos y demás “entelequias” que, por supuesto, aún no hemos integrado a nuestro chip cultural, social y político. En limpio, le hemos dicho a los golpistas, que estoy seguro andan por ahí, “sí se puede hermano!”.

Increíblemente, un vasto sector de la población cree que la solución a los problemas de corrupción se solucionan cerrando a rajatabla, cual manu-militari, los instituciones que no le gustan. Un 69 % de los peruanos aprobaría el cierre del Congreso si este mostrase altos niveles de corrupción. Es sorprendente, pues una actitud como esta significaría castrar al país del organismo encargado de fiscalizar las instituciones representativas de la soberanía nacional y de canalizar las opiniones y aspiraciones ciudadanas por canales formales, lo cual, más aún si se trata de ese móvil, resulta por demás absurdo. Con todo lo ineficiente que es y con los tremendos problemas de corrupción que se han evidenciado en los últimos tiempos, es aceptable que existan descontentos e indignados contra el Parlamento, sin embargo, no llego a comprender cómo es que puede parecer una solución viable lo que realmente ha sido el abono de la corrupción en el Perú, los regímenes sin contrapesos, vale decir los autoritarismos en sus diversas versiones, cuya expresión más draconiana fue justamente la encabezada por Fujimori y Montesinos. Qué “criollos”, qué “sarcásticos” somos.

Esta encuesta no sería tan alarmante si es que no tuviésemos las debilidades institucionales que han demostrado recientemente en sendos artículos tanto Eduardo Dargent como Alberto Vergara.

El primero nos recuerda que estamos ante un esquema político gubernamental de continuidad (esquema estatal heredado de las reformas de los noventas, inversión privada, libre comercio, etc.) muy difícil de escapar. Los gobernantes llegan al poder y se encuentran con tres obstáculos en el camino. De un lado un electorado que mayoritariamente se encuentra en el centro (entre 40 y 50 %) en medio de un sistema electoral que corona la elección presidencial con un Ballottage (segunda vuelta), ello obliga, por fuerza mayor, a entibiar cualquier propuesta reformista. Luego, una tecnocracia ideológicamente neoliberal con múltiples conexiones con organismos internacionales muy bien posicionados en redes transnacionales privadas que ejercen un tremendo peso en la administración pública. Por último, el tremendo poder que ejercen la empresa privada y los grupos de poder económico que arrastran a los medios de comunicación a la defensa de sus intereses. Todo ello maridado con una falta de partidos políticos y organizaciones civiles que presionen para la neutralización de los intereses y condicionamientos arriba descritos, en ese sentido la democracia vuelve a ser cuestionada pues su manifestación concreta más importante, las elecciones periódicas, se ven poco útiles para los cambios que un sector de la población percibe como importantes y urgentes. Ante este panorama, muchos se preguntan… votar, para qué?

Vergara, por otro lado, llama la atención sobre el hecho de que países que hoy son de ingresos medios y que salieron rápida y sostenidamente de sus depresiones económicas sean a la vez países altamente inestables, en una lógica inversamente proporcional. En ese sentido, es imprescindible que a todo crecimiento económico le corresponda un crecimiento institucional. Una muestra de la gravedad de la situación es que en medio de este boom de crecimiento económico, en muchas ciudades del Perú se evidencian ciertos déficits institucionales entre los que se encuentran la poca capacidad del Estado en su función de garante de la tranquilidad y la paz social, es decir “la capacidad efectiva de hacer respetar la ley frente a distintas actividades delictivas”, entra las que se encuentran la corrupción, el narcotráfico, el contrabando y una larga lista de etcéteras.

Por otro lado, tenemos la tan mentada falta de partidos políticos capaces de ordenar las aspiraciones de la población en medio de este crecimiento caótico. Sin ellos es imposible pensar una mejor relación Estado-Sociedad, pues los orígenes de los conflictos sociales tienen que ver en gran medida con el sistema de representación, sus vicios e ineficiencias. Finalmente, el presente proceso de descentralización no tiene ni pies ni cabeza, seguimos teniendo los antiguos departamentos que no se relacionan entre sí, no tienen elementos de comunicación en términos económicos mucho menos políticos, aislando cada vez más el potencial económico regional antes que integrándolo. Una descentralización incoherente en el marco de un crecimiento económico que obviamente no distribuye, solo desordena.

Esta pequeña radiografía institucional del Perú nos debe preocupar. El péndulo que es nuestro sistema político nos avisa que ya pronto caduca nuestra democracia, doce años son suficientes para ella, parece decir al historia. Sé que esta aseveración es más de chamanismo que de academia, sin embargo, como están las cosas no habría de sorprendernos una propuesta autoritaria pronto. Estoy seguro que ya está pululando por ahí un Ollanta sin Nadine, con más discurso y más comprometido con nuestra cultura antidemocrática. Las condiciones están dadas, rezarán algunos, haremos y organizaremos otros, aunque la tarea sea difícil.