Santorino Izquierdo es el pseudónimo colectivo de la Red Ojo Izquierdo.
Mientras
la acción directa del gobierno actual contra el narco-terrorismo muestra cada
día más y más limitaciones (de estrategia, de comando y sobre todo de
presupuesto), el Presidente Humala exige con voz airada al Congreso “leyes más
efectivas” contra la apología del terrorismo y su propagación en colegios y
universidades, etc. Como si las leyes preventivas fueran la clave para
fortalecer hoy al Estado de derecho en el VRAEM. En otras palabras, hace falta pan
en la trinchera y el comandante pide agua.
Lo que hace falta
En
este momento lo fundamental es proveer mejor, capacitar más y profesionalizar
en forma decorosa a las fuerzas nacionales de seguridad. Y rediseñar
estrategias en base a un Servicio de Inteligencia Nacional realmente
inteligente. Es la hora de dar luz verde a nuestros Rambos y nuestros Bruce
Willis –que los tenemos– para actuar a discreción. Recordemos que antes de la
época de los caviares, en 1965, el Congreso votó por unanimidad, en base a una
propuesta de la Célula Parlamentaria Aprista sustentada por Andrés Townsend,
ejecutar sumariamente a los guerrilleros del MIR y a todo grupo o individuo que
realice acciones armadas contra las autoridades nacionales y sus representantes
por ser traidores a la patria. Se hizo una ley de excepción para este fin y se
cumplió al pie de la letra. La guerrilla desapareció y no hubo denuncia alguna
que mencione víctimas inocentes del ejército. Hay que decir de paso, acerca del
MIR de 1965, que sus líderes cayeron combatiendo. No se rindieron como el Che
Guevara en Bolivia ni estaban en barrios pitucos tomando whisky protegidos por
bailarinas como Abimael Guzmán. Si hace falta con urgencia alguna ley contra la
subversión es una de este tipo.
Leyes preventivas
Sin
embargo, el Presidente Humala tiene razón en quejarse de las leyes preventivas actuales.
Y todo el mundo se lo dice. Ya se vio en enero de este año, durante el intento
de inscripción electoral del “Movimiento Por Amnistía y Derechos Fundamentales”
(Movadef), grupo de fachada del senderismo reciclado, que la ley electoral no
impide inscribirse a partidos contrarios a la Constitución y las leyes. El
Movadef no se inscribió por faltarle direcciones probadas de locales en
provincias, no por ser portavoz del “pensamiento Gonzalo”.
La
Ley 28094 (dada por el gobierno del Presidente Toledo con influencia caviar el
31 de octubre de 2003), establece en el Artículo 2-“Fines y objetivos de los
partidos políticos”, que la finalidad de las agrupaciones políticas es “según
corresponda” asegurar “la vigencia y defensa del sistema democrático”, así como
“contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos
humanos” y “formular idearios, planes y programas” que “reflejen sus propuestas
para el desarrollo nacional”, además de “representar la voluntad de los
ciudadanos” y “contribuir a la educación y participación política de la
población”, etc. Esa frase “según corresponda” flexibiliza todo el enunciado.
No es que los partidos deban cumplir todos y cada uno de los nueve fines y
objetivos que allí se dicen. Cada quien “según corresponda” tendrá o no algunos
de ellos. El artículo está mal formulado y permite a cualquier tipo de grupo
acomodarse a la norma (como lo hace el partido terruco-vergonzante de Javier
Diez Canseco).
Por
otra parte, el Decreto Legislativo Nº 46 o ley contra la “apología del
terrorismo” tiene la limitación de individualizar el delito por terrorismo y es
débil frente a la asociación cómplice con tales acciones. En efecto, el
Artículo 6º considera que quien “mediante la imprenta, la radio, la televisión
u otro medio” incitare a un número indeterminado de personas a cometer actos
“que conforman el delito de terrorismo”, recibirá penitenciaría “no menor de
cuatro años ni mayor de ocho”. A su vez, el Artículo 7º refiere que quien
“públicamente hiciere la apología de un acto de terrorismo ya cometido” o de la
persona que “hubiera sido condenada como su autor o cómplice” recibirá
penitenciaría “no menor de tres años ni mayor de cinco años”. Es decir, la
“apología” del terrorismo está circunscrita a la defensa de un acto terrorista
ya realizado y probado y no a la pertenencia a la organización o banda o a
profesar su ideología. Es decir, no se sanciona la intencionalidad genérica
derivada de una tesis ideológica específica.
La ley del
negacionismo
El
nuevo proyecto de ley aprobado por el Ejecutivo, bautizado como “ley contra el
negacionismo”, se propone castigar los actos políticos que conlleven la
apología de la violencia terrorista o desconozcan que los senderistas y los del
MRTA han sido causantes de delitos de lesa humanidad. Es en verdad un calco de
las leyes contra los que nieguen el holocausto nazi que existen en Alemania,
Austria y otros países que fueron escenario de la Segunda Guerra Mundial. Hay
acuerdos en el mismo sentido de las Naciones Unidas (2007) y del Consejo de
Europa (2008). Los caviares han protestado contra este proyecto de ley por ser
contrario a la libertad de expresión. Ellos insisten en que los terroristas
pueden hablar y predicar, así sea contra la Constitución y las leyes.
No
está mal que se legisle contra los que defiendan ideológica o políticamente el
terrorismo. El problema reside en que es inefectivo. Del mismo modo que los
congresistas corruptos no dicen ”soy corrupto” ni celebran el día de la
corrupción ni escriben libros al respecto, los terrucos tampoco dicen “soy
asesino de inocentes a sangre fría” ni exponen cómo hacer atentados o derribar
helicópteros en forma pública. Predican, reclutan y organizan adeptos
mencionando el derecho del pueblo a la insurgencia, la opresión y pobreza que
sufren los marginados y la necesidad futura de una revolución radical que
elimine a los privilegiados. Y comparan su actividad con la del aprismo clandestino
y perseguido de 1934-1945. Ahora demandan una amnistía general para Fujimori,
Montesinos, Abimael Guzmán, etc, etc. Y una Asamblea Constituyente “del pueblo”
que sea estatista y anti empresa privada. Igual hay que acosarlos con leyes
apropiadas.
Conclusiones
En
el aspecto preventivo no hay ley perfecta. Son sólo obstáculos para que la
carrera hacia el poder de los terroristas sea más difícil. Tarde o temprano
todo concluye en el enfrentamiento entre ellos y el poder del Estado. Pero hay
que reformar las leyes preventivas. Los terrucos adecuarán su retórica y
tratarán de esquivar el obstáculo pero igual hay que ponerlo.
En
primer lugar, la ley electoral debe ser estricta en poner como condición para
la inscripción el acatamiento de la Constitución y la defensa del Estado de
derecho. Así como no pueden ser aceptados partidos políticos que estén a favor
de dividir el país en dos o anexar Loreto a Brasil, tampoco puede haber
partidos que defiendan la trayectoria de grupos como SL y el MRTA ni que consideren
la democracia una “dictadura de clase” y estén por reemplazarla por la
dictadura del proletariado. Esta tesis ideológica en contra del sufragio
universal y de la igualdad de derechos ante la ley es anticonstitucional y forma
parte del ideario de todos los marxistas-leninistas (incluyendo algunos grupos
caviares). La ley debe ser tajante. Si no se es demócrata no se puede participar
en la política democrática.
En
segundo lugar, la ley de “apología del terrorismo” debe sancionar tanto la
apología de actos violentos como la probada complicidad con el ideario, la
cadena de mando, la disciplina y la trayectoria de una organización subversiva.
El Movadef no defiende públicamente actos terroristas pero defiende en su
conjunto y sin excepciones toda la actividad subversiva del PCP “Sendero
Luminoso”, es decir, son apologistas de una trayectoria delictiva con hechos y
nombres confirmados ante nuestros tribunales. Esta vinculación debería estar
penada por la ley. Actualmente no lo está.
En
tercer lugar, la proyectada ley contra el “negacionismo” requiere afinarse más
en torno a principios democráticos y aplicarse sobre todo al sistema educativo.
Importan más los valores relacionados con la paz y la democracia, no tanto
definir si SL fue un grupo “guerrillero” o “terrorista” o ambas cosas.
Sin
embargo, lo esencial y urgente es que la acción de las fuerzas antisubversivas
tenga las condiciones políticas y materiales adecuadas y sus efectivos no sean
víctimas indefensas de la indiferencia y la irresponsabilidad.
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