Inseguridad y corrupción. Por Agustín Haya de la Torre

Uno de los primeros actos del actual gobierno consistió en anunciar una decidida política para restablecer la seguridad ciudadana. Tras más de dos años y luego de ir de tumbo en tumbo, llegó al extremo de calificar la grave situación como “histeria colectiva”. El autor de tan elaborado diagnóstico, ni más ni menos que el primer ministro, lo renunciaron de inmediato por disposición del jefe del sistema nacional se seguridad ciudadana, o sea el Presidente de la República.

El problema no surge con su gobierno, por cierto, pero pocas veces hemos visto tal falta de claridad y precisión para abordar soluciones. La seguridad ciudadana entendida como la protección de la vida y de los bienes contra el delito y la violencia, resulta un componente clave del Estado democrático, pues garantiza la convivencia pacífica.

Existen factores estructurales que pueden explicar el aumento de la inseguridad, entre los que cuentan el crecimiento de las expectativas y la desigualdad ante el desarrollo económico que no fortalece aún la cohesión social. Si a ello añadimos la precariedad del aparato público para enfrentar el problema y el predominio del capitalismo informal donde todo vale para lucrar, el cuadro se complica por la ausencia de una ética republicana.

No deja de sorprender, sin embargo, que temas de sentido común como terminar de una vez con la semiprivatización de la policía nacional o articular a las decenas de miles de vigilantes privados con el Ministerio del Interior, no puedan resolverse, o que la adquisición de equipos no se haga de forma transparente, regular y eficiente.

Ni siquiera la preparación de los agentes de la policía nacional proviene de una formación de nivel internacional ni los sueldos son los adecuados, lo que nos lleva al tema de la corrupción.

Cada compra de equipos acaba inevitablemente en titulares escandalosos en los medios porque todos, públicos y privados, quieren sacar su parte. Los perdedores son los primeros en armar lío porque sus “ofertas” quedaron cortas. Nadie puede explicar porqué las bandas criminales inutilizan desde las cárceles todos los equipos que bloquean celulares, que no cuestan mucho y podrían acabar con una de las fuentes más pertinaces del delito.

En los ochenta y noventa del siglo pasado surgieron guardias ciudadanas, llamadas rondas, que impulsadas desde la sociedad o desde el gobierno enfrentaron al terror en momentos de crisis severa. Ahora, con recursos, da lástima que no avancemos con ideas claras, sembrando el terreno para que el narcotráfico siente sus reales.

La necesidad de autoridades con un mínimo de criterio salta a la vista, Mientras la policía nacional solo trabaje a medio tiempo para que el MEF les pague salarios de hambre, estamos arruinados. O mientras tengamos ministros que mandan a 2500 policías a cuidar un estadio vacío donde se disputa a puerta cerrada el último lugar de las eliminatorias, no vamos a ningún lado.