Desde que fue extraditado por la Corte Suprema de Chile a pedido de la justicia peruana y luego condenado a 25 años de prisión por 234 cargos, el expresidente Alberto Fujimori y sus partidarios persisten en una incesante campaña publicitaria contra la sentencia judicial.La arremetida de la última semana resulta una de las más descaradas. En un acto fríamente calculado y muy bien coordinado, se despachó durante media hora en la radio de mayor difusión y sintonía del país. Contó por supuesto con la complicidad abierta del medio, en particular del complaciente periodista, en el enésimo intento de burlarse de la sentencia que lo condena.
El miedo de sus custodios llegó al extremo patético, como vimos luego, de no poder cortar una ilegal llamada telefónica. Ninguna autoridad superior reaccionó como debía, atemorizada quizás por la presencia de dos parlamentarios fujimoristas que en acto de absoluta prepotencia oficiaban en el atropello como guardaespaldas.
Durante toda la prisión del exdictador, el país viene soportando los más absurdos argumentos a favor de sus acciones ilícitas, sustentadas solamente en la arbitrariedad que hace añicos códigos y leyes. Como nadie lo frena, el astuto presidiario convierte las normas penales en papel mojado. Goza de todas las prerrogativas ilegales que le da la gana, para vergüenza de los ministerios de Justicia y del Interior, a los cuales además encara sin rubor cada vez que viola la ley.
El problema se agrava porque en el país se olvida por completo que la apología del delito está claramente tipificada en el Código Penal. El artículo 316 dice con precisión que el que hace la apología de un delito “o de la persona que haya sido condenada como su autor” será reprimido con pena privativa de la libertad entre uno y cuatro años.
Todas las sociedades civilizadas cuentan con dispositivos semejantes por una razón elemental: no se puede permitir que se lesionen bienes jurídicos superiores, como el derecho a la vida, a la libertad o a la propiedad o que se publicite directa o indirectamente a sus violadores. Cuando sus irresponsables publicistas le permiten al reo proclamar su inocencia en público, obviamente promueven una campaña a favor de los crímenes condenados.
¿Por qué esos mismos medios por ejemplo, jamás reproducen la ejemplar sentencia de la Corte Suprema? ¿Por qué no mencionan los crímenes de lesa humanidad de Barrios Altos, La Cantuta o del Santa? ¿Por qué no leen la sentencia judicial de los latrocinios cometidos?
El país se está acostumbrando a soportar impávido la campaña de un gigantesco poder mediático a cuyos propietarios vimos recibiendo enormes cantidades de dinero de la dictadura, que además avalaron el desguace de las empresas públicas, que enriquecieron a muchos de acuerdo a informes aprobados por unanimidad en el Congreso de la República.
Es hora de que el ministro de Justicia y el Ministerio Público defiendan a la sociedad contra la apología del delito, si queremos construir en serio una sociedad democrática.
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