Pensamiento libre sin ideología es como coito asistido

lunes, 1 de agosto de 2011

Comentarios Sueltos - La última dictadura. Por José Faustino


El gesto simbólico de Ollanta Humala al invocar en su juramentación como presidente de la República “el espíritu, los principios y valores de la Constitución de 1979” desató una furia incontenible entre los congresistas del ex dictador Alberto Fujimori.

Durante los cincuenta minutos de su discurso, en una falta de respeto que no tiene precedentes, Martha Chávez y su bancada, vociferaron incansables que el nuevo gobernante estaba “usurpando” el cargo.

Le enrostraban la Carta de 1993 para que jure por ella, sin darse cuenta ni haber escuchado que lo de Humala no fue más que una referencia que no lo apartaba ni un milímetro del marco vigente. Fue, eso sí, una declaración política, quizá lo más significativo de su inauguración.

La obnubilación y la rabia de Chávez la hizo olvidar que el Congreso había retirado hace varios años la firma de Fujimori de la Constitución de 1993 por indigno y que al introducir reformas parciales, los legisladores adoptaron por consenso el acuerdo de hacerlo en base a los principios de la Carta del 79.

Fuerza 2011 se la había pasado jurando por un condenado por la justicia peruana por crímenes de lesa humanidad a 25 años, algo que con exceso de tolerancia y pasividad extrema venía soportando la nueva junta directiva del Congreso. No les dijeron nada ante tamaña burla a toda la ciudadanía y se sintieron dueños de la situación, para agraviar a la democracia cuando se invocó a la Carta del 79.

¿Qué los irrita tanto?  Darse cuenta que han perdido la hegemonía ideológica que impusieron  con las reformas neoliberales de los noventa. La Constitución surgida del golpe y tramitada por un llamado Congreso Constituyente Democrático, donde las principales fuerzas se abstuvieron de participar, fue luego sometida a un referéndum dudoso. Desde el golpe, una fuerte corriente ciudadana promovió el restablecimiento de la Constitución legítima. El Foro Democrático, presidido entonces por Agustín Haya de la Torre, logró recolectar el 2003 más de cien mil firmas que le permitieron sustentar junto con Alberto Borea y Víctor García Toma ante el Congreso, su restauración. La alianza de Perú Posible y el FIM lo impidió.

Sin embargo Jorge del Castillo y la célula aprista, lograron promover una comisión multipartidaria que introdujo reformas parciales e incluso reconoció que la base fundamental era el texto 1979. Esto fue un avance decisivo porque la esencia de la Asamblea Constituyente del 79 fue refundar la República sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A eso se refieren los principios y valores aludidos y eso es lo que siempre rechazó la extrema derecha.

El gran tema que no logró ser modificado es el del artículo 64 que se refiere a la subsidiariedad empresarial del Estado. Esta es la piedra de toque que los ultra ortodoxos remachan en su propósito de imponer las leyes del mercado sobre cualquier regulación pública, distorsionando así una relación equilibrada entre Estado, mercado y sociedad.

Perdida la batalla de los derechos fundamentales como base de la República y de la concentración de poderes en el presidente con la descentralización, los dogmáticos hicieron del artículo 64 la niña de sus ojos. Lograron que en el discurso político o el análisis económico, cualquier alternativa fuera mal vista e incluso en el debate académico hablar de empresas públicas o de regulación era de pésimo gusto. La paradoja es que no es sólo que la hegemonía ultra liberal acabó en todo el planeta, sino que tal criterio es un despropósito que nunca tuvo consistencia alguna. Los neo conservadores criollos extrapolaron un término del derecho administrativo público, que tiene que ver con la complementariedad de competencias entre los diversos niveles del Estado a la economía. Lo hicieron para acabar con sus odiadas empresas públicas y causaron así un atropello conceptual, pues ninguna otra constitución sobre la tierra comete tal error.

Imaginemos si no a los Estados Unidos o a cualquier país alcanzado, sin dejar de mencionar a los del área latinoamericana, como Chile, Brasil, México, Colombia o Argentina, prohibiendo las empresas públicas. Simplemente sus economías fracasarían.

Lo que causa la histeria de la Chávez y sus acólitos, es darse cuenta de que su última dictadura, la ideológica, llegó a su fin.