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miércoles, 24 de agosto de 2011

Solucionética - Verdades incómodas respecto a la ley de Consulta Previa. Por Luis Zaldívar


Por fin el Congreso aprobó por unanimidad –así es, ni Martha Chávez votó en contra - la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas, dejándole al presidente Humala la oportunidad de por fin hacer algo coherente con su discurso de campaña. En buena hora que el Congreso ha sido productivo y pudo resolver impases discursivos para apoyar la iniciativa del grupo Alianza Parlamentaria encabezada por el “brillante” Yhony Lescano. Esta ley proviene del Convenio 169 de la OIT, adoptado por el primer Alanismo y ratificado por Fujimori en 1993 . Así, se completa el círculo de la historia política peruana: El APRA propone algo, un dictador lo aplaza, y un militar lo usa de bandera.
Sin embargo, es mentira –como algunos gurús del pensamiento único caviar vienen diciendo- de que esta ley signifique la solución definitiva a los conflictos sociales del país.  
Primero, se dice en algunas partes de que esta ley logra de que “los pueblos decidan” sobre temas delicados como la extracción de recursos. Falso, como advierte Alicia Abanto de la Defensoría del Pueblo: La consulta previa tiene por finalidad llegar a un acuerdo o consentimiento, lo cual no significa bajo ninguna circunstancia un derecho de veto. De no existir un arreglo, el Estado tiene la responsabilidad de tomar una decisión en el marco de la proporcionalidad”.  Es decir, es absolutamente posible de que si el gobierno esté interesado en cierto negocio, como el actual gobierno debe estarlo respecto a petroleras brasileras y rusas, tengamos un nuevo Baguazo. La ley sólo obliga al gobierno a consultar, pero no a hacerle caso a la consulta.
Segundo, la mala aplicación de esta ley puede causar que las autoridades elegidas democráticamente en el interior del país pierdan legitimidad. La ley no consiente mecanismos definitivos de consulta, dejando el espacio libre para que se manejen por intereses de grupos políticos que no pueden ganar elecciones. Así como estamos acostumbrados a ver a camarillas ideologizadas de estudiantes controlando el debate político en algunas universidades, no es difícil pensar en algunos dirigentes de financiamiento oscuro deslegitimando a sus autoridades y pretendiendo ellos ser los defensores de la población. Peor aún, las consultas pueden terminar siendo mecanismos de control del gobierno de turno para con sus aliados.

¿Perro del hortelano?

Tercero, la aprobación de esta ley puede ser interpretada en algunos sectores como una victoria para la tesis del plurinacionalismo, que pretende independizar a algunas regiones del resto del país. Esta tesis está en contra del mismo espíritu de la ley, que intenta que el diálogo y el consenso sean los móviles de las políticas públicas; si comenzamos a tener una multitud de “naciones” nos estamos desviando hacia la intolerancia, el aislamiento, e inevitablemente el conflicto. En especial, el revanchismo de estos sectores ideologizados puede lograr que las consultas se conviertan en un foco de acción política contra las “naciones opresoras” y no en un instrumento de diálogo.
En conclusión, hay que ser cautos para que la Ley de Consulta Previa sirva precisamente para lo que ha sido promulgada y no para debilitar aún más nuestro sistema de representación. Sobre todo considerando que quienes impulsan el lenguaje revanchista son también los que han demostrado ser incapaces de formar partidos políticos, los cuales de estar constituidos serían los verdaderos canalizadores de la consultas.