Alberto Fujimori no está preso por reducir la pobreza en dos puntos tras su larga dictadura, ni por la detención de Abimael Guzmán mientras pescaba distraído en la selva. Tampoco por su política económica que causó miles de desempleados ni por acabar con la industria nacional. Ni siquiera por asaltar el Congreso, saquear el Poder Judicial o decapitar a los gobiernos regionales el 5 de abril de 1992.
No ocupa una celda por sus políticas clientelistas ni por regalar billetes a indigentes o fugarse del país. Está condenado por mandar secuestrar, asesinar y desaparecer a jóvenes estudiantes y profesores de La Cantuta, por asesinar a pobres inocentes y niños en un solar de Barrios Altos, por secuestrar y torturar a opositores al régimen y por supuesto, por ladrón, esto último certificado por la videoteca Montesinos.
Sentenciado a 25 año mediante un juicio ejemplar por la Corte Suprema, con pruebas irrefutables previamente avaladas por la justicia Chilena, no le quedó más que recurrir al destemplado y cínico grito de su inocencia.
Desde el primer momento sus abogados, hábiles publicistas, anunciaron que en poco tiempo saldría libre. Conocedores desde 1997 de su enfermedad, la usan como bandera y por fin piden indirectamente el indulto. Saben que se les vienen más juicios vía la Corte sureña, como el que acaba de aprobar por el saqueo de 122 millones de soles destinados a comprar periodistas.
Ahora el país mira con asombro el retorno de todos los trucos de la vieja y corrupta dictadura, como la grotesca foto de la lengua operada o el autorretrato de los ojillos sarcásticos. Las últimas movidas son de antología. De pronto la bancada Fujimorista emite extraños trabalenguas por las fotos que muestran la privilegiada cárcel del expresidente. Están a punto de interpelar a la ministra de Justicia porque los ciudadanos podemos ver un trato infinitamente superior al que reciben los otros 58 mil presos.
El desborde, fruto de la demora en la que pierden piso, es la entrevista pedida como parte de la campaña, por el noticiero más importante del país. Forzando todo principio, dicen que tiene derecho a La Libertad de expresión, obviamente suspendida y condicionada por la autoridad porque está justamente privado de La Libertad.
Los alterados promotores de esta barbaridad jurídica pretenden anular la elemental suspensión de los derechos políticos de éste y cualquier recluso. Su confusión les impide darse cuenta que en las cárceles no se vota ni que los condenados están impedidos de ser candidatos y de realizar cualquier tipo de campaña política.
Eso fue lo que llevó al presidente Ollanta Humala a cambiar de prisión a su hermano Antauro, empeñado en decir y hacer lo que le daba la gana ante los medios. Si a Fujimori se le concede por algún tipo de debilidad política “libertad de expresión”, todos los criminales pedirán exactamente lo mismo, empezando por Abimael Guzmán, otro autor mediato, enfermo y deprimido.
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