Casi suizos. Por Agustín Haya de la Torre

Las elecciones complementarias que sancionan la revocatoria a las autoridades municipales de Lima, dejan lecciones muy interesantes, como la derrota de los agoreros y pesimistas que lanzaron todo tipo de denuestos contra el proceso. Esperaban un rotundo fracaso, ya sea por el ausentismo masivo o por el abrumador triunfo de los votos inválidos.

Ni lo uno ni lo otro. Con normalidad ejemplar y prácticamente sin publicidad, el acto electoral culminó sin ningún incidente ni denuncia. Como nunca los resultados los conocimos la misma noche, y fueron aceptados por todos. Más del 80% del electorado cumplió con sufragar y el voto válido superó largamente a los blancos y viciados.

Un peculiar sector político que durante más de una década convirtió a las revocatorias municipales en su principal actividad en todo el país, sintió de pronto afectado su amor propio cuando le tocó el turno a su única autoridad importante elegida en los últimos lustros. Lo singular fue que el grupo revocador lo promovió un antiguo líder municipal de la Izquierda Unida, abocado como muchos de sus viejos camaradas a tales emprendimientos.

Para muchos fue en un pleito entre veteranos dirigentes del FOCEP, baluarte de la ex IU y casi irreconocibles nietos de la pretérita coalición. Paradójicamente aplicaban una fórmula que uno de los primeros desgajamientos de esa alianza consiguió introducir en el esquema constituyente del fujimorismo en 1993. Luego, ya como dirigentes del partido de Alejandro Toledo, perfeccionaron la ley cuando ganaron la mayoría en el Parlamento y ello les permitió practicar su deporte favorito con más entusiasmo.

Probar de su propia medicina les supo a chicharrón de sebo, por lo que desataron una campaña melodramática donde las pasiones de los ofendidos podían sonrojar a Corín Tellado. Quien votase por el Sí a la revocatoria, merecía por lo menos el averno de la iniquidad por dudar de la santidad de las autoridades vigentes.

Finalmente el proceso demostró que el suelo estaba parejo y que la democracia se ha hecho más fuerte que sus detractores. Millones de limeños votaron en positivo y le dieron el triunfo al PPC y también a Somos Perú, que alcanzaron las dos primeras votaciones con cuatro puntos de diferencia. Los demás hicieron un papel decoroso y se arriesgaron a participar en una consulta donde no se disputaba la alcaldía sino el reemplazo de los 22 regidores revocados de Fuerza Social.

Dicho sea de paso el oficialismo municipal se presentó con etiqueta agraria y disputó el último lugar con otro grupo de origen lambayecano, que sacó casi tantos votos, lo que por supuesto incidirá en la suerte de futuras agrupaciones de dicho espectro ideológico.


Fuerzas significativas no entraron a la contienda, al calcular que su juego recién empieza el 2014 ó en las próximas elecciones generales. Apuesta riesgosa pues los que ahora ganaron probaron su organización electoral, con lo que dejarán sentir el peso recuperado.

Los presos mandan. Por Agustín Haya de la Torre

Alberto Fujimori dando entrevistas a diestra y siniestra desde su cárcel unipersonal llena de teléfonos públicos, y Vladimiro Montesinos colocando a uno de sus principales operadores en el gobierno, bajo la protección de tres decenas de policías, demuestran un extraño y peligroso enroque del poder en el Perú.

Así como las bandas criminales operan desde las prisiones usando celulares y sobornando a sus vigilantes, sin que nadie hasta ahora sea responsable, de la misma manera, el condenado ex dictador y su mano derecha, autores de toda clase de crímenes desde el poder del Estado, parecen haber retornado a sus mejores épocas.

La trama López Meneses saca a luz el grado de penetración del fujimontesinismo en el corazón del poder. Todo el alto mando de las Fuerzas Armadas y policiales sale comprometido, por acción u omisión. El propio presidente Ollanta Humala tuvo hasta ayer como su asesor principal en materia de seguridad a un exedecán de un general clave de la cleptocracia. Toda la cúpula militar y policial la designa el Presidente de la República y asciende bajo su decisión, poder que la dictadura consagró en la Carta de 1993. 

Si en algo trabajaba Adrián Villafuerte era en colocar en las más altas jerarquías a los fieles de la promoción que sirvieron en los noventa. No por gusto apenas tomó el poder, los oficiales de raigambre democrática fueron expectorados uno tras otro.

Colocar a un gánster bajo una costosa y ostentosa protección policial, indica tanto el estilo abusivo de ejercer el poder, típico de la dictadura, como las oscuras tareas que se le encargaron durante 18 meses. Su currículum indica que tiene experiencia en cuanto negocio sucio pueda existir, por tanto hay que suponer que ya lo investiga la Fiscalía y que más adelante sabremos a qué se dedicaba.



La actitud del reo Fujimori resulta escandalosa. Fracasada su estrategia del “enfermo terminal”, pasa a la de estrella mediática, para demostrar cómo nadie se atreve en la prensa a denunciarlo por apología del delito. Argumenta un derecho a la libertad de expresión, inexistente para cualquier condenado por actos criminales, que obviamente publicita con su insolente exhibicionismo.

Fujimori y Montesinos demuestran la baja calidad que le imprimen a la democracia el humalismo y sus aliados. Dos presidiarios que montaron el más grande poder mafioso jamás organizado en el Perú, prueban su fuerza sin tapujos, al punto de volver obligatoria la pregunta de quién gobierna en el Perú.

La extrema debilidad que muestra el gobierno de la familia no puede menos que alarmar al país. Por momentos parece que el paseo de Locumba, que acabó en un picnic pintoresco, le sigue pasando la factura al Presidente o que tras más de dos años, no sabe cómo gobernar.

Los astutos delincuentes hace rato que tomaron nota de la falta de autoridad. Nos traen a la memoria los peores momentos de la anomia social que predominó en los noventa. Solo valen el poder de la fuerza delictiva y el dinero para imponer la arbitrariedad y socavar la democracia.

Ollanta en su laberinto, su peor semana

Por: Víctor Raúl Trujillo de Zela

Los peruanos todavía no salimos de nuestro asombro luego de presenciar los escándalos protagonizados por altos oficiales de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas, quienes en actitud vergonzosa se han acusado mutuamente de haber facilitado una increíble protección policial a dos inmuebles pertenecientes a un conocido personaje del entorno más íntimo del exasesor de inteligencia y hombre fuerte del régimen de Fujimori, Vladimiro Montesinos. 

Lo increíble del caso es que nadie en el gobierno, ni el renunciante Ministro del Interior; ni el Ministro de Defensa, el locuaz y hoy mudo Pedro Cateriano, jefe inmediato de los presidentes del comando conjunto envueltos es este vergonzoso episodio; ni el ahora exasesor de seguridad del presidente Humala cuya renuncia es un triunfo de la democracia, y ni el propio presidente Humala, sabían absolutamente nada de este tremendo resguardo policial que ha durado 18 meses. Como afirma el congresista Mulder, imposible de creer. 

Sin embargo como lo señala meridianamente en su columna del día viernes 15 del presente mes el director de este diario, el presidente Humala fue hasta hace muy poco tiempo gran amigo del hoy negado por todos, Óscar López Meneses. Es bueno recordar a los lectores de esta columna, que el 15 de julio del año pasado, escribí respecto a esto lo siguiente: “Ollanta Humala desde sus inicios en política, siendo comandante en actividad, se mostró como un hombre contestatario, proclamándose un desafiante enemigo del régimen fujimontesinista, contra el que planeó conjuntamente con su hermano Antauro, una supuesta sublevación en el sur del país, conociéndose además, que ya por aquellas épocas mantenía amistad con personajes íntimos del entorno montesinista”. Ahora se sabe que el día de la fuga de Vladimiro Montesinos, este realizó llamadas desde el velero Karisma al fuerte Locumba desde donde supuestamente se “levantó” Ollanta Humala, y al celular de su gran amigo Oscar López. 

Esta lamentable y penosa situación que atraviesa el gobierno es una peligrosa señal para el fortalecimiento de nuestra todavía no muy consolidada institucionalidad democrática, por ello es importantísimo se forme una comisión investigadora en el Congreso con plazo perentorio y que esté presidida por algún representante de la verdadera oposición al régimen, para que desentrañe este hecho al cual cada día se van agregando nuevos elementos que tienen que ser necesariamente esclarecidos a plenitud. 

Otro tema opacado circunstancialmente por el affaire López Meneses, ha sido la nueva puesta en escena de la tesis del gobierno familiar, que para la oposición y muchos analistas políticos independientes es una clara insinuación de poner nuevamente en carrera la “reelección conyugal”. Sólo en las monarquías, en que existe el concepto de Familia Real, sería procedente hablar de gobierno en familia o de las tareas, normalmente protocolares, de la consorte. Por lo demás, la importancia de la Familia Real es porque en la monarquía se configura una sucesión por consanguinidad. Sin embargo, este Congreso no se ha tomado la molestia de recordarle al Presidente que el Perú es una República.

Apología del delito. Por Agustín Haya de la Torre

Desde que fue extraditado por la Corte Suprema de Chile a pedido de la justicia peruana y luego condenado a 25 años de prisión por 234 cargos, el expresidente Alberto Fujimori y sus partidarios persisten en una incesante campaña publicitaria contra la sentencia judicial.

La arremetida de la última semana resulta una de las más descaradas. En un acto fríamente calculado y muy bien coordinado, se despachó durante media hora en la radio de mayor difusión y sintonía del país. Contó por supuesto con la complicidad abierta del medio, en particular del complaciente periodista, en el enésimo intento de burlarse de la sentencia que lo condena.

El miedo de sus custodios llegó al extremo patético, como vimos luego, de no poder cortar una ilegal llamada telefónica. Ninguna autoridad superior reaccionó como debía, atemorizada quizás por la presencia de dos parlamentarios fujimoristas que en acto de absoluta prepotencia oficiaban en el atropello como guardaespaldas.

Durante toda la prisión del exdictador, el país viene soportando los más absurdos argumentos a favor de sus acciones ilícitas, sustentadas solamente en la arbitrariedad que hace añicos códigos y leyes. Como nadie lo frena, el astuto presidiario convierte las normas penales en papel mojado. Goza de todas las prerrogativas ilegales que le da la gana, para vergüenza de los ministerios de Justicia y del Interior, a los cuales además encara sin rubor cada vez que viola la ley.

El problema se agrava porque en el país se olvida por completo que la apología del delito está claramente tipificada en el Código Penal. El artículo 316 dice con precisión que el que hace la apología de un delito “o de la persona que haya sido condenada como su autor” será reprimido con pena privativa de la libertad entre uno y cuatro años.

Todas las sociedades civilizadas cuentan con dispositivos semejantes por una razón elemental: no se puede permitir que se lesionen bienes jurídicos superiores, como el derecho a la vida, a la libertad o a la propiedad o que se publicite directa o indirectamente a sus violadores. Cuando sus irresponsables publicistas le permiten al reo proclamar su inocencia en público, obviamente promueven una campaña a favor de los crímenes condenados.

¿Por qué esos mismos medios por ejemplo, jamás reproducen la ejemplar sentencia de la Corte Suprema? ¿Por qué no mencionan los crímenes de lesa humanidad de Barrios Altos, La Cantuta o del Santa? ¿Por qué no leen la sentencia judicial de los latrocinios cometidos?

El país se está acostumbrando a soportar impávido la campaña de un gigantesco poder mediático a cuyos propietarios vimos recibiendo enormes cantidades de dinero de la dictadura, que además avalaron el desguace de las empresas públicas, que enriquecieron a muchos de acuerdo a informes aprobados por unanimidad en el Congreso de la República.

Es hora de que el ministro de Justicia y el Ministerio Público defiendan a la sociedad contra la apología del delito, si queremos construir en serio una sociedad democrática.

Martha Chávez, el APRA y el 2016. Por Luis Zaldívar

Martha Chávez continuará como coordinadora de la subcomisión de Derechos Humanos de la Comisión de Justicia gracias a una votación en la que participaron tres congresistas fujimoristas y el aprista Mauricio Mulder, quien se abstuvo de votar pero aseguró el qorum para que la votación sea válida. La actitud del aprismo respecto a la designación de Martha Chávez ha sido en general de no querer comprarse un pleito que no les corresponde, en especial considerando la ultra minoría que conservan los cuatro congresistas apristas en el congreso. Sin embargo, algunos sectores no han tardado en volver a la carga contra el APRA argumentando que actúan en contubernio con el fujimorismo. A la vista de los hechos, queda claro que aún sin entusiasmo, la designación hubiese sido imposible sin el apoyo del la bancada aprista.

Ser acusados de una alianza a favor de Martha Chávez no es menor. La congresista fujimorista pertenece al sector más conservador y cavernario del fujimorismo, el sector que según varias fuentes periodísticas está en campaña por desembarcar a Keiko y lograr la libertad del condenado Alberto Fujimori. También es verdad, por otro lado, que el cargo por la que es designada es bastante menor, no ha tenido nunca mayor relevancia política, y que la única razón por la cual la subcomisión de D.D.H.H del congreso es noticia es porque Martha Chávez es precisamente la persona menos interesada en ese tema que exista en el hemiciclo, a pesar de estar en todo su derecho y el mecanismo democrático es legítimo. En este sentido, la actitud de la bancada aprista es constitucional, pero daña la imagen de un partido que debería estar buscando reencontrarse con su base social y dar muestras claras de deslinde con la corrupción luego de una intensa campaña de descrédito de sus opositores. 

En el local central del partido aprista existe la sensación que si se juegan bien las fichas, la deseada segunda vuelta contra el fujimorismo es posible, pero a falta de casi 3 años se tienen que hacer algunos esfuerzos para que la posición sea creíble en la próxima campaña. En ese sentido, el APRA tiene como capital político el hecho de que a pesar de todos los ataques del antiaprismo, el ex presidente Fujimori fue juzgado por una corte penal en un juicio transparente que es usado como ejemplo internacional. Así mismo, es previsible que la campaña naranja utilice como principal activo de campaña la comparación de los 90´s con el primer gobierno aprista, resultando inevitablemente en el distanciamiento de las dos fuerzas. Por otro lado, el segundo gobierno de Alan García ha demostrado que se puede hacer obras en democracia, convirtiéndose así en el único rival de la familia Fujimori en cuanto a records de gobierno.

 

Las elecciones del 2014 se acercan y el fujimorismo tiene la sartén por el mango. ¿Hará algo la dirigencia aprista para disputarle a Fuerza Popular la presencia nacional y no limitarse a ser furgón de cola el 2016? Es tarea de todos en el viejo partido de Alfonso Ugarte. 

Ollanta Humala: el presidente de la inseguridad ciudadana

Por: Jaicec Espinosa 

        @jaicec

Histéricos nos llamó a todos los peruanos el expresidente del Consejo de Ministros del Gobierno Conyugal, Juan Jiménez Mayor, quien afirmó que la desbordante inseguridad ciudadana que campea a lo largo y ancho del país es solo una percepción de la población, olvidándose que la principal promesa de campaña de Humala era la de ofrecer una verdadera seguridad ciudadana. Promesa que fue vital para su triunfo electoral, pues su pasado militar hacía suponer que el otrora Capitán Carlos tendría la fortaleza y la decisión suficientes para acabar con la delincuencia.

Con estos “pergaminos”, apenas Humala asumió la presidencia se puso al frente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, máximo organismo encargado de la formulación, conducción y evaluación de la política de seguridad ciudadana del país, dando así con su imagen de hombre fuerte, la esperanza de poder acabar con este flagelo. Lamentablemente dicha imagen era solo el fiel reflejo de la fuerza de la veredera jefa de su gobierno, su esposa Nadie Heredia, quien de seguridad sabe tanto como su esposo de economía.

Y para colmo de males, la acción más resaltante en materia de seguridad ciudadana de este gobierno conyugal, ha sido la denominada “Ley Antauro”, que otorga beneficios penitenciarios a 21 mil peligrosos delincuentes, entre los que se encuentran 2411 violadores, 304 secuestradores y el asesino de policías y hermano del presidente, Antauro Humala. Cuyo abogado, Ricardo Franco de la Cuba, no ha dudado en aceptar que la ley beneficia a su patrocinado, y que en caso el Poder Judicial no acepte el pedido de anular el cargo de secuestro que pesa sobre él por la toma de la comisaría de Andahuaylas, se acogerán a tan controvertida ley.

Sin embargo, abrigamos todavía la esperanza que el nuevo Presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, de un nuevo impulso y refocalice la lucha contra la inseguridad ciudadana, para lo cual debería buscar consensos entre personalidades expertas y partidos políticos, para elaborar una especie de acuerdo nacional sobre este lacerante tema, que está íntimamente vinculado con el flagelo del narcotráfico. Pues se necesitan no solo patrulleros inteligentes, sino sobre todo autoridades inteligentes y con decisión, bajo un comando unificado, que estén dispuestas encabezar de la mano con la policía una lucha frontal contra la delincuencia, de manera estratégica y firme, tal como se hizo para derrotar al flagelo del terrorismo, lo que se logró gracias a la creación del GEIN (Grupo Especial de Inteligencia) durante el primer gobierno aprista.

Por ello si de verdad se quiere ganar tiempo, se debe de proponer de inmediato la salida del Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, quien recibió más de 42 mil soles por colaborar en la famosa “reforma” judicial dirigida por Montesinos durante el gobierno de Fujimori, y para quien también es solo una percepción que el 60% de peruanos creamos que la falta de seguridad ciudadana es el principal problema que debería ser resuelto por el gobierno.