El juicio de La Haya por el diferendo marítimo entre Perú y Chile resulta una interesante contienda dialéctica, que tiene
que ver con la evolución del derecho internacional y el curso
político.
La tesis peruana sostiene que no existe un tratado de frontera marítima con Chile de acuerdo al derecho internacional en los términos de la Convención del Mar de 1982 y propone que se establezca una línea equidistante a partir del punto Concordia. La postura Chilena afirma que el límite fue establecido en los convenios de 1952 y 1954, donde se hace referencia al paralelo geográfico para fijar la zona marítima. Estas declaraciones fueron suscritas también por Ecuador, en el afán de proteger las costas del Pacífico Sur de la depredación de las flotas balleneras.
Chile basa su argumentación en el principio de efectividad, esto es en el hecho de que durante varias décadas el Perú no denunció la evidente desventaja del paralelo, que debido al accidente geográfico del codo continental le hace perder 37,900 km2 de mar frente a sus costas.
Vale la pena preguntarse por qué se dejó pasar tanto tiempo para corregir el error. Durante la dictadura de Manuel Odría, Relaciones Exteriores tuvo catorce cancilleres interinos. Personajes como Manuel Gallagher Canaval, Víctor Freundt Rossell, Ricardo Rivera Schreiber o Edgardo Miranda Sousa, se turnaban la titularidad en una especie de carrusel, en periodos de pocas semanas y a veces hasta de un día.
Es obvio que en esa danza había poco espacio para hacer las cosas con rigor. En 1973 otra dictadura deposita los convenios en las Naciones Unidas, dándoles más fuerza. En esa época los cancilleres eran los generales Edgardo Mercado Jarrín y Miguel Ángel de la Flor Valle. Los militares desataron una intensa campaña en pro del “mar territorial”, término que nunca formó parte de la doctrina de Bustamante y Rivero ni de las constituciones del Perú, que hablan de dominio marítimo y mar adyacente hasta las 200 millas sobre las cuales ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de La Libertad de comunicación.
La consigna territorial generó un efecto contraproducente al evitar hasta ahora que se firme la Convención del Mar, un instrumento progresista y de avanzada. La influencia velasquista alineó al Perú paradójicamente con las grandes potencias que se niegan a firmarla porque evita la explotación privada de los mares y sus fondos marinos. Hoy resulta que la argumentación peruana se sustenta en los nuevos principios del derecho del mar establecidos en ese valioso documento.
La destreza de los gobiernos de Alan García y sus cancilleres, para replantear el diferendo, consigue un logro clave: el tratado marítimo con Ecuador, firmado a finales de su segundo mandato.
La democracia peruana está desfaciendo entuertos de las dictaduras, que pensaban en clave geopolítica y no como Estado de derecho. La sentencia no será simple, pero las dos democracias con seguridad que seguirán un camino de paz e integración.
La tesis peruana sostiene que no existe un tratado de frontera marítima con Chile de acuerdo al derecho internacional en los términos de la Convención del Mar de 1982 y propone que se establezca una línea equidistante a partir del punto Concordia. La postura Chilena afirma que el límite fue establecido en los convenios de 1952 y 1954, donde se hace referencia al paralelo geográfico para fijar la zona marítima. Estas declaraciones fueron suscritas también por Ecuador, en el afán de proteger las costas del Pacífico Sur de la depredación de las flotas balleneras.
Chile basa su argumentación en el principio de efectividad, esto es en el hecho de que durante varias décadas el Perú no denunció la evidente desventaja del paralelo, que debido al accidente geográfico del codo continental le hace perder 37,900 km2 de mar frente a sus costas.
Vale la pena preguntarse por qué se dejó pasar tanto tiempo para corregir el error. Durante la dictadura de Manuel Odría, Relaciones Exteriores tuvo catorce cancilleres interinos. Personajes como Manuel Gallagher Canaval, Víctor Freundt Rossell, Ricardo Rivera Schreiber o Edgardo Miranda Sousa, se turnaban la titularidad en una especie de carrusel, en periodos de pocas semanas y a veces hasta de un día.
Es obvio que en esa danza había poco espacio para hacer las cosas con rigor. En 1973 otra dictadura deposita los convenios en las Naciones Unidas, dándoles más fuerza. En esa época los cancilleres eran los generales Edgardo Mercado Jarrín y Miguel Ángel de la Flor Valle. Los militares desataron una intensa campaña en pro del “mar territorial”, término que nunca formó parte de la doctrina de Bustamante y Rivero ni de las constituciones del Perú, que hablan de dominio marítimo y mar adyacente hasta las 200 millas sobre las cuales ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de La Libertad de comunicación.
La consigna territorial generó un efecto contraproducente al evitar hasta ahora que se firme la Convención del Mar, un instrumento progresista y de avanzada. La influencia velasquista alineó al Perú paradójicamente con las grandes potencias que se niegan a firmarla porque evita la explotación privada de los mares y sus fondos marinos. Hoy resulta que la argumentación peruana se sustenta en los nuevos principios del derecho del mar establecidos en ese valioso documento.
La destreza de los gobiernos de Alan García y sus cancilleres, para replantear el diferendo, consigue un logro clave: el tratado marítimo con Ecuador, firmado a finales de su segundo mandato.
La democracia peruana está desfaciendo entuertos de las dictaduras, que pensaban en clave geopolítica y no como Estado de derecho. La sentencia no será simple, pero las dos democracias con seguridad que seguirán un camino de paz e integración.
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