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martes, 28 de enero de 2014

Tren Eléctrico, servicios públicos y defensa de los usuarios

Por: Víctor Raúl Trujillo de Zela

El Tren Eléctrico o Metro de Lima, una de las obras más importantes de infraestructura del país, se empezó a construir durante el primer gobierno de Alan García, pero la mezquindad política de Alberto Fujimori y Alejandro Toledo impidió que este gran proyecto entre en funcionamiento al comienzo de los 90s, perjudicando así a centenares de miles de usuarios del Cono Norte y del Cono Sur de Lima, sentenciándolos a viajar en condiciones inhumanas y perdiendo valioso tiempo para mejorar el hasta ahora caótico sistema de transporte público de la capital. Así, se tuvo que esperar más de 20 años para que durante el segundo gobierno de Alan García se inaugurara el primer tramo de la Línea 1 y se otorgara la buena pro para la ejecución del segundo tramo de dicha línea que termina en San Juan de Lurigancho.

Desde su inauguración a la fecha, este moderno medio de transporte que no contamina y que es muy seguro viene beneficiando a 2 millones de usuarios mensualmente. Lamentablemente, la semana pasada se decidió que el sistema de cobro y el acceso a dicho servicio a través de tarjetas multiusos, se cambiara por lo que la empresa denominó “tarjetas personalizadas”, es decir, que las tarjetas deberán estar asociadas a una sola persona identificada con su respectivo documento de identidad, lo cual obliga a las familias a comprar una tarjeta para cada uno de sus miembros, incluyendo a los menores de 18 años y mayores de 6 años, lo que afecta significativamente el presupuesto familiar.

Y tuvo que ser un gremio de consumidores, el CONACUP, quien empezó a canalizar las denuncias, luego vinieron pronunciamientos de otras asociaciones y más adelante de los congresistas quienes mostraron una tardía preocupación. Además, los pronunciamientos tanto de los congresistas como de algunos funcionarios del Estado fueron en el sentido de buscar soluciones provisionales y no de iniciar ningún tipo de investigación formal, lo cual demuestra el poco interés real que se tiene en la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores por parte del Estado.

Por ello, han tenido que ser los propios usuarios organizados, los que recabaron centenares de firmas de los usuarios afectados y que ahora han presentado una denuncia en OSITRAN contra la empresa concesionaria a fin de que se mantenga el sistema de cobro de tarjetas multiusos que ha venido funcionando muy bien y que se devuelvan los cobros irregulares, además de pedir una sanción a la empresa concesionaria por el abuso cometido contra cientos de miles de usuarios.

Estos hechos ponen en evidencia la importancia que tienen las asociaciones de consumidores y usuarios en el país, y como a partir de la dación del Código del Consumidor vienen empoderándose y haciendo valer sus derechos a pesar de la desidia de los organismos reguladores y del gobierno de cumplir con su labor de promover y fortalecer a dichas instituciones.