Peligrosas marchas y contra marchas de un comandante golpista

Por:  Víctor Raúl Trujillo de Zela
        Jaicec Espinosa Sandoval

El mes de julio, mes de la patria que debería significar el mes de la unión entre todos los peruanos, se ha convertido en el mes de la protesta social y el desorden y caos gubernamental, como consecuencia de los errores del gobierno y de su evidente debilidad para manejar situaciones de crisis, pues cuenta con un primer ministro prácticamente inexistente y un ministro de defensa que recibe órdenes de la señora Heredia, que no es funcionaria pública. Todo esto mostrado por la prensa, la que ya le comienza a resultar incómoda al comandante y la señora, sobre todo luego de haber tenido que renunciar a la reelección conyugal.

Vale recordar además, que la familia Humala es una familia genéticamente golpista y también lobbista, pues ahora en el siglo XXI hay muchas maneras de quebrar la democracia, tal como lo hizo el difunto Hugo Chávez en Venezuela, en el cual el mismo comandante Humala ha declarado ver un modelo a seguir. Aunque esté transitoriamente peleado con sus exaliados de la izquierda radical, entre ellos su amigo y uno de sus financistas principales, Salomón Lerner.

Por ello nos resistimos a creer que haya tanta torpeza y debilidad, marchas y contra marchas en las decisiones que se toman en palacio, como el ejemplo vergonzoso de la repartija por cuotas del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, prescindiendo de la solvencia intelectual y moral de los llamados a ocupar esas plazas. Todo esto encabezado por el presidente Humala y secundado por Alejandro Toledo e inexplicablemente también por Lourdes Flores y Keiko Fujimori. Esto, junto a una avalancha de críticas justificadas de parte de la prensa, hicieron salir a los jóvenes a marchar por las calles de Lima, lo que obligó que en menos de 24 horas la pareja presidencial de “luz verde” para anular semejante entuerto.

Todo este desgobierno hace pensar que la conducción del país se le está yendo de las manos a la pareja presidencial, lo que es sumamente peligroso para la estabilidad democrática y el crecimiento económico. Recordemos pues que el Perú es un país que ha sido gobernado más años por dictadores que por presidentes constitucionales, lo que ha costado muchas vidas, tragedias familiares, retrocesos lamentables en el desarrollo del país y sobre todo corrupción y cero fiscalización. Lo que hizo famosa una frase de Haya de la Torre en la época del dictador Velasco (también admirado por el presidente Humala): “¿Y quién moraliza a los moralizadores?”

Los verdaderos demócratas, sobre todo aquellos que sabemos lo que es sufrir persecución por causa de la justicia, aquellos que queremos un país que marche hacia el primer mundo como hasta el momento lo venía haciendo, dentro de una sociedad tolerante, pluralista, libre y justa, debemos estar muy atentos a los siguientes pasos, cada vez con más tufillo autoritario, del comandante Humala, quien ya está advertido por el pueblo de la conmoción social que se produciría por un pueblo digno que ya no se dejará pisotear.

Constitución de 1979. Por Agustín Haya de la Torre

Treinta y cuatro años atrás se firmó la mejor Constitución de nuestra historia republicana. La mano agónica de Víctor Raúl Haya de la Torre dejaba su huella definitiva y rescataba, en ese acto final, el sentido que para los griegos tenía la agonía: lucha, combate.

La Asamblea Constituyente significó un proceso de refundación de la República, donde se propuso que el Estado surgiera de los derechos fundamentales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuya formación Haya de la Torre participó como representante del Perú, fue la piedra basal de la carta política. Los asambleístas, elegidos libremente, decidieron que el Perú se incorpore al proceso de universalización de la libertad y la democracia, inaugurado por la fundación de las Naciones Unidas tras el fin de la II Guerra Mundial.

Al convertir a la persona en el fin supremo de la sociedad y del Estado y repudiar la explotación del hombre por el hombre y del hombre por el Estado, la política adquiere un nuevo sentido. Entonces el arte de la convivencia busca como metas permanentes la libertad y la igualdad, partiendo del reconocimiento de que todas las personas son dignas e iguales en libertad y derechos. El texto recoge los más avanzados preceptos en el reconocimiento de la dignidad de las personas, en cuanto a las libertades civiles y políticas, en el reconocimiento de los derechos sociales y la protección de las personas y en la defensa de la economía social y el desarrollo sostenible.

Los avatares de la política trajeron como consecuencia que la década inicial de su andadura se cruzara con la guerra terrorista de Sendero Luminoso y la crisis de la deuda externa. Cuando el Perú salía de su más larga dictadura militar, un grupo de enemigos de la democracia emprendió una guerra feroz y sin tregua.

No fue el espíritu de la Carta la que impidió su defensa, sino que la crisis, por errores de las fuerzas constitucionales, permitió que un oportunista ganara en las elecciones de 1990. El curso democrático fue torcido por un golpe de Estado que nos hizo retroceder a otra dictadura.

El régimen cívico militar alimentado por el neoliberalismo, puso en el blanco la Constitución democrática. Redujo derechos ciudadanos y sociales, eliminó la bicameralidad, disolvió los gobiernos regionales y el tribunal constitucional. En el extremo, tergiversó el concepto del Estado subsidiario, propio del derecho administrativo, para convertirlo en un aspecto clave del neoliberalismo, al prohibir la actividad económica del Estado.

Los derechos humanos traducidos en la política internacional, permiten desde los años cincuenta del siglo

pasado, la formulación de una serie de pactos y convenios que generan las condiciones para su realización. La propuesta del desarrollo humano integral, posibilita que el consenso de las naciones trate de eliminar la pobreza mientras se crea un mejor clima para las capacidades del ser humano.

La Constitución de 1979 resulta entonces una propuesta para el futuro.                                 

Ecuador, ¿la patria grande?. Por Alan Salinas

Hace dos semanas atrás estuve por Ecuador por asuntos personales, pero mi visita no esquivó mi

curiosidad de querer saber qué ocurre social y políticamente en nuestro vecino del norte. Es así que fui en búsqueda de algunos elementos que me dieran pistas sobre el movimiento político Alianza País, su posicionamiento en el poder y su relación con la sociedad, la oposición y la democracia.

Actualmente en Ecuador frente a la llegada al poder de Alianza País (ligado a Rafael Correa), tanto académicos como activistas políticos están en un fuerte debate sobre la naturaleza que tienen los movimientos políticos frente a los partidos tradicionales. Por un lado se señala que los primeros surgen con el objetivo de hacer escuchar/procesar sus demandas corporativas frente al Estado. Y aunque pueden tener alcance nacional, sus propuestas programáticas siguen estando restringidas a un sector de la sociedad, como es el caso de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE). La relación líderes-bases es horizontal, vale decir, las plataformas reinvindicativas se deciden mediante el mecanismo de la asamblea. Llegar al poder no es la prioridad, sino ejercer presión social y político frente al Estado. Por otro lado,  se sostiene que si bien los partidos políticos surgen para hacer procesar sus demandas sociales, éstos tienen estructuras verticales de relación líderes-bases, que mediante su Comité Ejecutivo Nacional y su Comisión Política deciden las medidas a llevar adelante. Las agendas en este caso agrupan diversas propuestas de la sociedad. Su fin político es llegar al poder para hacer cumplir su propuesta programática.

La diferenciación nos permite apreciar los límites y alcances de cada concepto, pero ¿qué pasa cuando un movimiento político llega al poder? Ese es el caso de Alianza País, frente político ligado al movimiento de Rafael Correa y al CONAIE. Dicha alianza en un principio se reforzó muy bien para llegar al gobierno, pese a las tensiones permanentes dentro del frente. Las banderas que abrazaban eran de reinvindicación del movimiento indígena y el cambio del modelo neoliberal que los partidos tradicionales defendían (1). En ese marco llegaron al poder. Estando ya en el gobierno, Rafael Correa en el 2007 da curso a un proceso constituyente donde se redacta una nueva Constitución en el año 2008. En ella se definía al Estado como Plurinacional e intercultural, reconociendo reinvindicaciones indígenas que se hicieron públicas desde el levantamiento de 1990. Ampliando el marco de reconocimiento cultural. Hasta ahí todo bien con el frente. El problema se acentúa con las acciones de gobierno posteriores de Rafael Correa, vale decir, con discursos a favor de la explotación minera, con la descorporativización de la política estatal y con actitudes contrarias a la movilización social. En ese momento la CONAIE rompe con el frente y pasa al lado opositor (2).

Si bien el gobierno rompe políticamente con la CONAIE, su aliado inicial, una gran cantidad de dirigentes y militantes del movimiento indígena Pachacutik (ligados a la CONAIE) continúan trabajando para el Estado y para Alianza País. Dividiendo al movimiento, para de esa manera no perder la cuota étnica en su discurso (Ospina y Lalander: 2012). Asimismo, desde el Estado, Correa va construyendo nuevas alianzas. Eso lo podemos apreciar en el discurso y en la relación directa hacia las “bases”. Como nos dice la asambleísta Soledad Buendía en la entrevista, “cada 15 días Correa tiene gabinetes itinerantes hacia la sociedad civil, la ciudadanía y gobiernos autónomos descentralizados”. De esta manera recoge las demandas directamente y va construyendo una nueva hegemonía política y social. Para dar sustento a su discurso desde el gobierno ha aplicado políticas públicas gratuitas en educación y salud, el cual le genera un fuerte respaldo en sectores populares y medios.

En su relación con la oposición, Alianza País prácticamente no tiene contrapesos. En la parte política, de 130 miembros en la Asamblea, este movimiento político tiene 100 asambleístas. Esto nos revela que cualquier proyecto de ley a favor de lo “público” pues se aprueba sin ningún problema. Ahí tenemos por ejemplo la controversial “Ley de Comunicaciones”. En la parte social, podemos apreciar que la oposición se encuentra prácticamente dispersa y sin respaldo popular. De un lado los grupos políticos  en Guayaquil ligados a la derecha que reinvindican las autonomías no son el contrapeso suficiente para el gobierno. Del otro lado, el movimiento indígena que hasta el momento es la oposición más fuerte que tiene Correa, y que abraza el tema de las autonomías. Pero es complicado pensar en una alianza política entre la derecha política y el movimiento indígena sobre el tema de las autonomías. El tiempo dirá si puede surgir una alianza a partir de este punto en común entre estas dos plataformas políticas. 

En lo que respecta a la democracia, Alianza País ha ido construyendo un discurso en torno a la revolución ciudadana para hacer frente a los discursos corporativos de su fuerte opositor: el movimiento indígena. Sobre ese marco, Rafael Correa ha generado la idea de que la ciudadanía se refuerza participando en “gabinetes itinerantes” con el ejecutivo. Palabras como “participación” y “poder ciudadano” en la Constitución legitiman las acciones de gobierno en torno a la democracia directa. Las “autonomías” que defienden y abrazan el movimiento indígena y grupos de la derecha política en Guayaquil no forman parte del vocabulario gubernamental por atentar contra la unidad de la nación. Gran contradicción sobre el lema del gobierno, y contra el otro componente de la democracia: la representativa. Por otro lado, mediante la “Ley de Comunicaciones” aprobada hace poco, lo que pone en contradicción el gobierno es un principio elemental de la democracia como es la libertad de expresión y de propiedad frente al activismo estatal como instrumento de control y regulación social y política de la esfera pública. Mejor no seguir con otros tipos de libertades que hasta el momento no se debaten en la Asamblea como la unión civil entre las personas del mismo sexo.

Para terminar, si bien Alianza País ha promovido y fortalecido un discurso y una práctica en torno al

movimiento político desde el Estado, generando una forma distinta de acercamiento hacia la ciudadanía organizada e individual, así como políticas de reconocimiento indígena en la Constitución y políticas públicas gratuitos en educación y salud hacia los sectores antes desprotegidos como los sectores populares y las clases medias, no deja de ser criticable la tensión permanente que genera contra las libertades, principio elemental de la democracia. Sobre eso, a la larga puede desencadenar en una convulsión social como está sucediendo en Venezuela y Brasil.

Notas:

(1)    Entrevista realizada el 26 de junio del 2013 a la asambleísta Soledad Buendía, militante de Alianza País.

(2)     Ospina Peralta, Pablo y Lalander, Rickard 2012. “Razones de un distanciamiento político: el movimiento indígenas ecuatoriano y la revolución ciudadana” en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año XIII, N° 32, noviembre.

Solucionética - Ollanta en trompo. Por Luis Zaldívar

Ollanta Humala decidió al finalizar su primer año de gobierno que ya no quería saber nada de los aliados que lo llevaron al poder y que realistamente era imposible cumplir todo lo que había prometido en diez años de demagogia y mezquindad. Al finalizar su segundo año decidió que tener al frente a la izquierda comunista no era suficiente, así que decidió pelearse con todo el resto de fuerzas organizadas, quedándose en una eclética alianza con un movimiento caudillista en declive como Perú Posible.  Si a esto se le suma la nula capacidad de su gabinete para gestionar políticas públicas y la cantidad de errores que comete la pareja presidencial para comunicar, Humala y sus seguidores deben estar  muy alegres de tener una oposición relativamente constructiva.

Pero el desarrollo democrático está en riesgo. La falta de debate público y sostenido sobre la ley de servicio civil ha logrado que el dictamen aprobado por el ejecutivo sea una fuente de conflicto permanente con los sindicatos. El respaldo oficialista a la ley del General Mora que pone a las universidades a merced del gobierno desvirtúa la importancia de una reforma y ha provocado que los estudiantes y funcionarios se movilicen pidiendo mejorar la ley. La poca reacción para contrarrestar la caída de inversiones ha logrado desacelerar efectivamente la economía, poniendo en riesgo a largo plazo el desarrollo sostenible en el país. Todas estas noticias ocurren mientras que la crisis internacional va pasando y casi todos los países van reactivando sus economías. A todas luces, Humala aparece como el único culpable.

Lamentablemente Humala está pecando de lo que más le criticó a Alan García: soberbia. Eso es lo que demuestra al decir a los cuatro vientos que está haciendo una reforma educativa cuando no se ha capacitado un solo profesor, o cuando dice que está haciendo inclusión cuando está repartiendo comida envenenada en un programa mal llevado como Qali Warma, o cuando manda un Decreto Supremo que legaliza la destrucción del Patrimonio Arqueológico. A todas estas cosas Humala ha respondido diciendo que no está pensando en cambiar ministros, parece que un ego casi colosal es lo que lleva al presidente a caer en las encuestas

Los gremios ya salieron a convocar a la protesta nacional estas fiestas patrias. Muchas organizaciones ya se han plegado ¿Será que Humala reconsiderará su postura? Por el bien del país, esperemos que sí

La encrucijada egipcia. Por Agustín Haya de la Torre

El triunfo de los Hermanos Musulmanes en las primeras elecciones realmente democráticas de la historia de Egipto, a mediados del 2012, generó una contradicción insalvable. Si bien la cofradía islamista optó tiempo atrás por la moderación y una cierta aceptación del pluripartidismo, desde su fundación en 1928 busca conquistar el poder para imponer la sharia, la ley islámica.

Su meta es la teocracia, así tengan que recurrir a estrategias electorales para llegar al poder. El nuevo presidente Mohamed Morsi, representaba precisamente a los moderados, pero en el año de gobierno, su propósito de ir a un régimen religioso afloraba con fuerza. Pese a su capacidad de organización partidaria y a su influencia de décadas en otros países de la región, no demostraron certeza para administrar la enorme y compleja sociedad egipcia.

El país entró en un periodo de modernización desde la revolución militar de Gamal Abdel Nasser en 1952, que derrocó al rey Faruk y puso término a la dependencia del Reino Unido. El nacionalismo de los militares impulsó movimientos semejantes en varios países árabes, cuyo dominio se extendió por largo tiempo en Irak, Siria y Libia, principalmente. La nacionalización del petróleo y la cercanía al bloque soviético, los convirtió en actores de la política internacional.

El nacionalismo militar rigió hasta el derrocamiento de Hosni Mubarak el 2011. Ello no modificó de manera sustancial el papel del ejército como árbitro de la política. Profundamente insertado en el manejo de la economía y con un fuerte peso social, constituye el pilar de un republicanismo autoritario que quiere tutelar la transición democrática.

La contradicción abierta por el triunfo de una fuerza religiosa no podía durar mucho tiempo. Si bien usaron el sufragio universal y ganaron limpiamente, sus objetivos no son democráticos. Tarde o temprano el callejón sin salida se estrecharía. Las amenazas contra las libertades civiles y la ineptitud, sacaron de nuevo a las calles a los ciudadanos que volvieron a repletar la emblemática plaza Tahrir, la plaza de la liberación.

El ejército decidió dar el golpe e instaurar un gobierno provisional, con la promesa de convocar elecciones en breve plazo. En la crisis lograron recomponer la correlación de fuerzas al romper la coalición islamista y atraer a su lado a los salafistas, antiguos aliados de Morsi.

La violencia ha cobrado varias decenas de muertos y el futuro resulta incierto. El país se ha polarizado y nada asegura que la antigua Hermandad no vuelva a ganar elecciones como hasta ahora.

El dilema exige superar políticas tradicionales, so capa de repetir otra etapa de dictadura militar, solo que Los políticos dialogantes de todas las fuerzas afrontan un reto de enorme envergadura. O vuelven al pasado bajo la amenaza permanente de una guerra civil o logran colocar las bases de una democracia plural, con los militares en sus cuarteles.                                 

ahora con la Hermandad indignada por su expulsión del poder.

Cuidado con los talibanes. Por Agustín Haya de la Torre

Desde que el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamó que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos, la civilización contemporánea da grandes pasos para generar condiciones que eviten la discriminación de las libertades por razón de raza, color, sexo, religión, opinión política o clase social.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, un grupo de congresistas intenta desconocer tal avance.

Caracterizados por su fundamentalismo religioso, pretenden modificar leyes y códigos a fin de impedir que los homosexuales ejerzan sus derechos ciudadanos, al extremo de no querer castigar la violencia surgida del odio sexista. Eliminar el aborto terapéutico y prohibir la educación sexual en los colegios, forma parte de su activa agenda antisocial.

El Congreso de los Estados Unidos acaba de anular la legislación que no permitía el matrimonio entre personas del mismo género. Cuando la tendencia avanza en América Latina, resultaría contraproducente que uno de los primeros países en legalizar la homosexualidad, como sucedió en el Perú desde 1921, revierta a niveles propios de regímenes teocráticos y totalitarios.

Desde que el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamó que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos, la civilización contemporánea da grandes pasos para generar condiciones que eviten la discriminación de las libertades por razón de raza, color, sexo, religión, opinión política o clase social.

En el caso del aborto, el Código Penal ampara al de carácter terapéutico, pero castiga a la mujer violada que no quiera terminar el embarazo. La aberración llega al extremo de condenar de todas maneras a prisión a la persona que así lo hiciere. La presión del extremismo religioso impide hasta ahora la reglamentación del artículo 119 del mencionado código.

No hay duda de que el aborto es un trauma, una situación límite que nadie desea. Si ocurren casos graves, ya sea por embarazos que atentan contra la vida de la madre o del feto, o no consentidos por el uso de la fuerza, el consenso internacional señala que la sociedad y el Estado deben brindar las condiciones para que la mujer afectada decida por voluntad propia. En El Salvador las leyes impuestas por los fanáticos demostraron su crueldad inhumana al obligar a Beatriz, una muchacha de 22 años enferma de lupus, a engendrar un feto sin cerebro poniendo en riesgo su vida.

En nuestro país pasamos por un caso parecido a principios de siglo, cuando se impidió abortar a Karen Llontop, madre también de un feto descerebrado. Estos casos de maldad, devienen del dogma religioso del “concebido”, que no entiende algo tan elemental como que la naturaleza genera muchas veces embarazos que atentan contra la vida y abortos naturales que ni siquiera son advertidos.

El fanatismo encarnado en sectores ultraconservadores, católicos y evangélicos, nos puede causar un severo daño social. El extremo de prohibir la educación sexual en los colegios, nos retrocede a una sociedad primitiva e inculta, con graves daños para la salud y la convivencia social.

La ofensiva de los fundamentalistas enfrenta los pactos y convenios internacionales que desarrollan la Declaración Universal y que el Perú suscribe.