Por: Víctor Raúl Trujillo de Zela
Fernando Maceda Sandoval
Hace poco más de año y medio el Presidente Humala, acompañado del ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal, anunciaba una serie de acciones contra la minería ilegal e informal; sin embargo se dieron una serie de decretos legislativos por los cuales estos mineros podían seguir operando durante dos años más, y lo que es peor, el gobierno acaba de ampliar el plazo hasta el 2016, deforestando así miles de hectáreas de bosques, causando remoción y movimientos masivos de tierra, destrucción de restos arqueológicos, contaminando ríos con mercurio, ocasionando daños irreversibles a miles de personas, siendo los más perjudicados las madres gestantes y los niños.
Por la debilidad de este gobierno la minería ilegal e informal sigue operando con total impunidad en todo el territorio nacional, siendo más intensiva en Madre de Dios donde se han deforestado más de 40 mil hectáreas de bosques primarios, y en donde también la prostitución infantil ha aumentado de manera exponencial. Además, el fisco se ve perjudicado al perder más de 300 millones de dólares en impuestos, a lo que se suma el ambiente de inseguridad debido a los actos delincuenciales de bandas organizadas que se forman alrededor de este tipo de minería, las cuales cuentan con armas de guerra muchas veces más poderosas que las de la misma policía. Así, los mineros ilegales e informales convierten las zonas donde operan e inclusive las aledañas, en tierra de nadie, en donde la ley la imponen estos mineros pues la presencia del Estado es insignificante por no decir nula.
Se estima que en el 2012 se destruyó más de mil 900 hectáreas nuevas de la zona de amortiguamiento de la reserva de Tambopata, 48% más que en el 2011, producto de la incapacidad y falta de voluntad política con la que se maneja el ministro del ambiente. Pues por un lado da luz verde para que los mineros ilegales e informales sigan operando a sus anchas y por otro, la empresa Activos Mineros perteneciente al Estado, compra oro de procedencia ilegal e informal; es decir, el gobierno ayuda a que está actividad siga aumentando de manera incontrolable.
La erradicación de la minería ilegal e informal del país necesita de una política multisectorial bien articulada entre todas las instituciones del Estado involucradas en el proceso, y del diálogo concertado con el resto de fuerzas políticas, expertos en la materia y sobre todo, con quienes fueron gestión en los gobiernos anteriores, para así, sumar toda la experiencia y voluntad posible para erradicar este flagelo que nos afecta diariamente y que hipoteca el futuro del país.
Señor Humala no tenga miedo ni se deje intimidar por esta gente que solamente depreda el país, la politica del avestruz no es inclusión social ni contribuye al desarrollo sostenible que el Perú debe mantener e impulsar.
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