El intercambio de sutilezas entre el gobierno y la
oposición sobre el diálogo político parece contar con la asesoría del doctor
Alzheimer. La impresión que dejan en medio del sainete, es que aparentemente no
sabrían como empezar la conversación.
Sería bueno que el presidente tome nota de la
existencia del Acuerdo Nacional, que no sólo está vigente sino que cuenta con funcionarios
públicos pagados por la Presidencia del Consejo de Ministros. El Acuerdo aprobó
hace más de diez años una treintena de políticas de Estado que han servido de
marco para los dos gobiernos anteriores.
El AN como tal es todo un avance en el proceso
democrático, pues sienta o sentaba a la mesa, de manera regulara, a los líderes
de los partidos políticos y de las organizaciones más importantes de la
sociedad civil. Todo el espectro político y social está allí representado.
Siendo el parlamento nacional el primer poder del Estado que institucionaliza
el diálogo entre los representantes de la ciudadanía, la crisis de
representatividad y la inconsistencia de los partidos, puso en agenda la
necesidad de un refuerzo que garantice la pluralidad y la fluidez del diálogo.
Desde entonces tenemos en el país una institución con
características especiales, cuyo papel resulta muy importante para el buen
gobierno. Con Toledo y García funcionó con regularidad y sirvió para superar
debilidades y generar oportunos consensos. El propio Ollanta Humala lo firmó
entre la primera y la segunda vueltas, cuando dejó de lado su tránsito por la
raza cobriza y el chavismo. Hasta lo convoca a la muerte de un obispo, aunque
casi en el anonimato.
El Acuerdo Nacional no se plantó en las políticas
generales, sino que como parte de ellas consiguió que se creen el Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico y el Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico, fundados en el segundo semestre del 2008. Tras casi tres años de
intenso trabajo junto con el CEPLAN, convocando decenas de talleres y más de
cien mil consultas, aprobó por unanimidad el primer plan estratégico de
desarrollo nacional, denominado Plan Bicentenario: el Perú hacia al 2021.
El documento traduce en ejes estratégicos, objetivos,
lineamientos de política, prioridades, metas y programas, las 32 políticas de
Estado. Sustentado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el
principio del desarrollo como libertad, el Plan logró incluir más de una
veintena de programas estratégicos en el presupuesto nacional.
El
terreno cultivado para que el nuevo gobierno
avance en su articulación orientadora y elabore el plan de mediano
plazo,
empezó a secarse. Los nuevos responsables no sabían si la hoja de ruta o
lagran transformación decidían su labor. En la duda, se abstuvieron
hasta el día
de hoy. Agobiados por el complejo de Adán, optaron por un estado de
suspensión
latente, frenando todo lo avanzado.
Sería penoso que en el diálogo planteado primen los
consejos nada recomendables del consultor alemán.
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