Solucionética - Que los malos periodistas no se salgan con la suya. Por Luis Zaldívar

Solucionética – Que los malos periodistas no se salgan con la suya. Por Luis Zaldívar

El día de hoy buena parte de la prensa ha cantado victoria por la observación presidencial a la ley que prohíbe la difusión de audios u otras formas de registro de imagen y sonido de tipo privado que no contengan pruebas flagrantes de un delito, ley que los repetidores de la farándula periodística han llamado “ley mordaza” porque según ellos atenta contra la libertad de prensa. A pesar que la ley fue consensuada por todas las fuerzas políticas ha quedado claro en más de una vez que la ley sí permite la difusión de audios que tengan contenido criminal. Sin embargo, el presidente Humala ha preferido tirar la pelota y dejar que los empresarios televisivos continúen lucrando irresponsablemente de las conversaciones y encuentros privados de las personas.

Entre los argumentos principales que he escuchado en contra de esta ley está que de haber sido vigente años atrás, no nos hubiésemos enterado de actos delictivos del pasado*. Falso. La ley sólo restringe la difusión de conversaciones que no tienen contenido ilegal; para tal caso, lo que tienen que argumentar los detractores de la ley es por qué se convierte en asunto de dominio público lo que dos personas hablan en privado si es que no están hablando de romper la ley. Por ejemplo, el célebre audio de Lourdes Flores difundido por Jaime Bayly donde le da una rabieta y pide que “se metan la alcaldía al poto” ¿en qué forma era de dominio público? ¿En verdad creemos que los políticos son gente que no dice esas cosas? De la misma manera, los famosos “petroaudios” que lo único que lograron fueron venganzas políticas, ¿en qué medida informó a los peruanos de algo trascendente? En el fondo, los únicos beneficiarios de ese tráfico de audios fueron los medios de comunicación que vendieron muchos periódicos y obtuvieron muchas ganancias de rating. Puro titular, nada concreto. La mayoría de los casos en los que los audios tuvieron material ilegal –principalmente los del fujimorismo– hubiesen podido ser sacados sin ningún problema bajo esta ley.

 Lo que pasa es que algunos periodistas que perdieron su trabajo por irresponsables como Augusto ÁlvarezRodrich o algunos otros involucrados directamente con el tráfico de audios como RosaMaría Palacios quieren usar su poder mediático para hacerle creer a los peruanos que ellos son la moral del país, como si nadie se acordara de su entusiasta silencio durantela corrupta década fujimorista.

En su cuenta de twitter Rosa María Palacios ha llegado a decir que “los audios igual se colgarían en youtube y todo el mundo se enteraría”. Hábil retórica, pero hace falta recordarle a la Madre Teresa de ATV que son ellos mismos, los grandes medios de comunicación, los que financian el negocio del chuponeo pagándole a los extorsionadores por los audios. Si los medios masivos de comunicación no pudiesen difundir audios con contenido que no es de interés público, los extorsionadores simplemente se quedarían sin dinero. Al final, la mafia del chuponeo vive del negocio de sacarlos a la luz en los medios de comunicación, no harían suficiente dinero simplemente siendo pagados por otros políticos para sus vendettas.

Las observaciones enviadas al Congreso por el Ejecutivoorientan la ley a la publicación de todos los audios que se consideren de“interés público”[8] sin importar su contenido; es decir, cualquier cosa que los medios reboten lo suficiente para que se convierta en tema de interés público. Obviamente Humala no quiere ganarse un problema con los hombres más poderosos del país que saben que financian indirectamente el tráfico de audios y consideran que el tener estos audios les da un poder especial sobre las fuerzas políticas; como siempre, los peruanos con más poder político son los que hacen dinero de hablar mal y extorsionar a los políticos de carrera.

No todo está perdido, el Congreso aún puede insistir devolviendo la ley al presidente y reclutando personajes mediáticos que se unan a esta causa. Una vez más, esto no se trata ni lejanamente de impunidad a actos delictivos de políticos, se trata de separar claramente cuál es el dominio público y cuál es el dominio privado.