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lunes, 17 de febrero de 2014

Doble contra sencillo. Por Agustín Haya de la Torre

Como quien aprovecha el impacto del fallo de La Haya, el gobierno de Ollanta Humala decidió duplicar el sueldo a los ministros y altos funcionarios de confianza. Volvemos de pronto al jolgorio de los altos montos que ganaba una pequeñísima élite de amigos en los gobiernos de Alberto Fujimori y Alejandro Toledo. Como en un remake, escuchamos los viejos argumentos acerca de la inevitable necesidad de equiparar los ingresos de los altos cargos públicos con los del sector privado.
El argumento suena y resuena al punto que los gerentes del sector privado creen que a fin de mes les pagarán los 90 mil soles mensuales que en promedio, según acuciosos investigadores, dicen que ganan. Cuando los altos funcionarios de las transnacionales, todos con postgrados en administración y una colección de diplomas, cobren sus cheques, constatarán apenados que no pasan de quince o veinte mil soles, en el mejor de los casos.

No nos referimos a los gerentes de la abrumadora mayoría de empresas nativas, a los cuales los sueldos de algunas sucursales extranjeras les produce vértigo. Resultaría muy interesante que la Confiep o la Sociedad de Industrias nos alcancen algún estudio “sincerado” sobre el porcentaje de gerentes peruanos que ganan dicha suma, tomada como referencia para que el gobierno diga que los 30 mil soles que va a pagar todavía están muy lejos del promedio privado.

El mito que el sector privado construye de sí mismo linda con la comicidad. Sesudos comentaristas de casi todos los medios repiten como disco rayado el dato de las decenas de miles de dólares que ganan los gerentes en dicho sector, cuando les bastaría preguntar en las empresas donde concurren quiénes ganan más que un ministro.




Ciertamente que unos cuantos funcionarios, sobre todo extranjeros, alcanzan tan excepcional suma, pero resulta una tomadura de pelo que nos engañen al asegurar que existe una masa de mandos privados que multiplican el sueldo público más elevado,

Prueba irrefutable es la larguísima cola de peticionarios de un puesto estatal, incluso por cierto durante el malvado límite de 15 mil soles que puso el populista García. Vaya escándalo que armaba cualquier toledista de confianza cuando se le insinuaba que su gobierno ya había terminado y que no tenía que sacrificarse por la mitad del sueldo con los malévolos compañeros. Vueltos a la dura realidad, la demagógica reducción aprista les sonaba a música celestial. 

Todos queremos que el Estado pague mejor. O sea que los maestros, los médicos, los policías, los empleados estatales, ganen lo adecuado. Que se necesitan jefes calificados y que exista una jerarquía salarial, no puede ponerse en duda. La injusticia aparece intolerable cuando no hay proporción y la distancia entre los que más ganan y el promedio se ahonda, o cuando la diferencia con el salario mínimo es ahora de 40 veces y encima el puesto mejor pagado depende del favor político.



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