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lunes, 27 de mayo de 2013

La otra cara de la minería. Por: Fernando Maceda Sandoval

La otra cara de la minería
Por: Fernando Maceda Sandoval

El sostenido crecimiento de la China en niveles de 7% a 8% junto a los desequilibrios financieros de Europa hace que la gran demanda por el oro en el mundo siga manteniendo su elevado precio. Lo que hace que en países como el Perú, la actividad minera aurífera informal se haya propagado de manera indiscriminada, causando deforestación y la disminución de la biodiversidad, originando la pérdida de hábitats y la fragmentación de ecosistemas, pues esta actividad se encuentra expandida en 21 de los 25 departamentos del Perú, siendo el más perjudicado el departamento de Madre de Dios.

Así, en esta lejana pero potencialmente rica zona del Perú, dueña de una extraordinaria diversidad biológica donde habitan especies únicas en el mundo, esta actividad ilegal viene deforestando 32 mil hectáreas de bosques, cambios en el paisaje, remoción y movimientos masivos de tierra y la contaminación de ríos con mercurio y otros agentes peligrosos que vienen ocasionando graves problemas en la salud de las personas.

De acuerdo a cálculos oficiales, realizados a fines de 2010 por una Comisión Técnica Multisectorial del Estado, aproximadamente más de 100 mil familias dependen de esta actividad. Además la rentabilidad de un día de trabajo de entre 16 a 20 horas, da una compensación mínima de 15 gramos de oro, que genera una retribución económica de 2025 soles por día para cada trabajador. Sin embargo, la poca preocupación del Estado por generar el desarrollo social de sus pueblos ha hecho que los beneficiarios malgasten su dinero, debido al bajo nivel educativo que reciben y a la falta de infraestructura que los ayude a desarrollarse.

Por otro lado, es importante resaltar que el Estado al mantenerse indiferente, se ve perjudicado al no cobrar los impuestos de ley que oscilan entre los 250 a 500 millones de dólares al año. Y que peor aún, la explotación informal genera graves daños en la salud de los pobladores, especialmente en la de los niños y las madres gestantes. A lo que se suman la gran cantidad de actos delincuenciales, la prostitución infantil y el alcoholismo.

Todo ello debe solucionarse con la participación lógica y natural del Estado en sus tres niveles y la participación de empresas mineras formales que aseguren la compra de oro solamente de las actividades mineras formales. Es decir, se deben fortalecer las instituciones del Estado para articular competencias entre ellas, y poder abordar este problema socioambiental, para lo que tienen que ser dotadas de los adecuados recursos económicos y humanos, para de esta manera, trabajar demostrando que el Estado puede ser eficiente. Además de realizar un diagnóstico y una estrategia para ejecutar un plan de conversión de las familias que laboran en esta actividad y no podrían acceder a una formalización.

Finalmente no está clara una política de mediano o largo alcance. Solamente se realiza la represión legal, y este problema requiere de una legitimización institucional en el ámbito nacional y regional a través de autoridades con disposición para servir, con disponibilidad presupuestaria y alto nivel de gestión.