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| Ojo: Para los reformistas de Córdoba como Palacios,autonomía no significaba contubernio con la corrupción (La Universidad Nueva 1925) |
¿Hacia una nueva Ley
Universitaria? Por Hernán Hurtado
A los 95 años del heroico grito
de Córdoba
¡La
educación es un derecho… No un privilegio!
Es
cierto, la universidad (sobretodo nacionales) acontece una grave crisis que
parece no tener fin, pero el remedio no puede ni debe ser peor que la
enfermedad y la discusión debe ser el principal motor de una auténtica reforma
universitaria. La típica pretensión de controlar las universidades con leyes de
emergencia, intervenciones, comisiones reorganizadores, etc. sólo sucedió en
gobiernos dictatoriales, como por ejemplo con Augusto B. Leguía (1919-1930),
Manuel Odría (1948-1956), Juan Velasco (1968-1975), Alberto Fujimori
(1992-2000) ¿Acaso estamos observando las previas de la ‘reelección conyugal’?
La propuesta de la nueva Ley
Universitaria (de 138 artículos) ha generado polémica por la encubierta intención de
ultimar con la autonomía universitaria. De pronto, la agenda parlamentaria
estriba en ‘reformar la Universidad’ en función a los intereses de las
universidades-empresa que poco o ningún honor le hacen a la ‘educación’.
Los parlamentarios y unos cuantos rectores que defienden esta propuesta son la
cristalina evidencia de quienes son en realidad los interesados por normar la
nueva universidad desde interés subalternos. Mientras el verdadero debate
efervece fuera del parlamento, en la comunidad universitaria ¡Sobre todo en las
universidades públicas!
La tercera vía: Autonomía con Fiscalización
La Asamblea Nacional de
Rectores (ANR) –rancio refugio de quienes tanto daño le han hecho a la
universidad- se siente vulnerable y al borde de perder poder frente al proyecto
intervencionista del oficialismo. Es decir, la ANR reacciona frente al intento
del Oficialismo por poseer parte de poder en los espacios universitarios. La
ANR está caduca, pero tampoco es pretexto para la intervención de las
universidades con una nueva ANR que denominan Autoridad Nacional de Educación Superior, esta a su vez dependiente del Ministerio de Educación, es decir, las riendas de la universidad bajo la tutela del gobierno de turno (Ver predictamen de nueva Ley Universitaria) ¡Inconcebible! Una salida razonable sería la creación de la Superintendencia Nacional de Universidades
con facultades de fiscalización y vigilancia de los servicios educativos. Esto
no debe significar la violación del artículo 18° de la Constitución[1] -que establece que las
universidades tienen autonomía normativa, económica, de gestión, además
autonomía en su autogobierno,- sino mayor transparencia y exigencia para elevar
la calidad en infraestructura, investigación, creación de conocimiento[2] y se respete [sin chantajes ni manipulación] el cogobierno como instrumento que refuerce la fiscalización de las gestiones, mediante un adecuado conocimiento de cómo se administra la universidad. Se debe reformar la
vigente Ley Universitaria para efectos de equilibrar las reglas de juego que
permitan competencia alturada entre universidades públicas y privadas. Incluso
me atrevería a proponer la fórmula de empresa público-privada para ciertas
universidades y quizás la municipalización de universidades para aprovechar el
ancho Presupuesto de Inversión Pública. Experiencias existen en todo el mundo y
es momento de reformar estructuralmente la universidad (Ley General) sin
amenazar la autonomía, reduciendo el absurdo burocratismo y desconcentrando el
poder de la ANR.
Por lo pronto, la propuesta del
legislativo es maniquea e insuficiente por doquier, sumado al repulsivo olor a
intervención. Entonces las protestas se intensificarán en la medida que el
Legislativo opte por convocar una reforma de justo medio, sin sesgos monolíticos
ni intervencionistas y con miras a largo plazo. La Universidad se lo merece y la
historia será el mayor fiscal.
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