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sábado, 15 de junio de 2013

¿Hacia una nueva Ley Universitaria? Por Hernán Hurtado

Ojo: Para los reformistas de Córdoba como Palacios,autonomía no significaba contubernio con la corrupción (La Universidad Nueva 1925)
¿Hacia una nueva Ley Universitaria?  Por Hernán Hurtado
A los 95 años del heroico grito de Córdoba
¡La educación es un derecho… No un privilegio!


Es cierto, la universidad (sobretodo nacionales) acontece una grave crisis que parece no tener fin, pero el remedio no puede ni debe ser peor que la enfermedad y la discusión debe ser el principal motor de una auténtica reforma universitaria. La típica pretensión de controlar las universidades con leyes de emergencia, intervenciones, comisiones reorganizadores, etc. sólo sucedió en gobiernos dictatoriales, como por ejemplo con Augusto B. Leguía (1919-1930), Manuel Odría (1948-1956), Juan Velasco (1968-1975), Alberto Fujimori (1992-2000) ¿Acaso estamos observando las previas de la ‘reelección conyugal’?

La propuesta de la nueva Ley Universitaria (de 138 artículos) ha generado polémica por la encubierta intención de ultimar con la autonomía universitaria. De pronto, la agenda parlamentaria estriba en ‘reformar la Universidad’ en función a los intereses de las universidades-empresa que poco o ningún honor le hacen a la ‘educación’.  Los parlamentarios y unos cuantos rectores que defienden esta propuesta son la cristalina evidencia de quienes son en realidad los interesados por normar la nueva universidad desde interés subalternos. Mientras el verdadero debate efervece fuera del parlamento, en la comunidad universitaria ¡Sobre todo en las universidades públicas!



La tercera vía: Autonomía con Fiscalización

La Asamblea Nacional de Rectores (ANR) –rancio refugio de quienes tanto daño le han hecho a la universidad- se siente vulnerable y al borde de perder poder frente al proyecto intervencionista del oficialismo. Es decir, la ANR reacciona frente al intento del Oficialismo por poseer parte de poder en los espacios universitarios. La ANR está caduca, pero tampoco es pretexto para la intervención de las universidades con una nueva ANR que denominan Autoridad Nacional de Educación Superior, esta a su vez dependiente del Ministerio de Educación, es decir, las riendas de la universidad bajo la tutela del gobierno de turno (Ver predictamen de nueva Ley Universitaria) ¡Inconcebible! Una salida razonable sería la creación de la Superintendencia Nacional de Universidades con facultades de fiscalización y vigilancia de los servicios educativos. Esto no debe significar la violación del artículo 18° de la Constitución[1] -que establece que las universidades tienen autonomía normativa, económica, de gestión, además autonomía en su autogobierno,- sino mayor transparencia y exigencia para elevar la calidad en infraestructura, investigación, creación de conocimiento[2] y se respete [sin chantajes ni manipulación] el cogobierno como instrumento que refuerce la fiscalización de las gestiones, mediante un adecuado conocimiento de cómo se administra la universidad. Se debe reformar la vigente Ley Universitaria para efectos de equilibrar las reglas de juego que permitan competencia alturada entre universidades públicas y privadas. Incluso me atrevería a proponer la fórmula de empresa público-privada para ciertas universidades y quizás la municipalización de universidades para aprovechar el ancho Presupuesto de Inversión Pública. Experiencias existen en todo el mundo y es momento de reformar estructuralmente la universidad (Ley General) sin amenazar la autonomía, reduciendo el absurdo burocratismo y desconcentrando el poder de la ANR.



Por lo pronto, la propuesta del legislativo es maniquea e insuficiente por doquier, sumado al repulsivo olor a intervención. Entonces las protestas se intensificarán en la medida que el Legislativo opte por convocar una reforma de justo medio, sin sesgos monolíticos ni intervencionistas y con miras a largo plazo. La Universidad se lo merece y la historia será el mayor fiscal.